Editorial: Un problema de salud
pública
El
Gobierno está en mora de proteger la salud sexual de cientos de miles de
colombianas.
A pesar de constituir un eje de debate político, ideológico y hasta moral en el
país, el aborto es un tema poco explorado en profundidad. De ahí la importancia
de difundir y discutir con objetividad el contenido de la reciente
investigación sobre este fenómeno del Instituto Guttmacher
y la fundación Oriéntame.
Los resultados del informe ratifican que las interrupciones voluntarias del
embarazo continúan siendo un grave problema de salud pública. Se calcula que
cada año en Colombia se producen 400.412 abortos inducidos, esto es, una de
cada 26 mujeres en edad reproductiva. Lo más preocupante es que una minúscula
proporción -8 de cada 10.000- corresponde a los tres casos que contempla la
ley.
En otras palabras, el fallo de la Corte Constitucional que legalizó
parcialmente este procedimiento no está siendo implementado a cabalidad y miles
de colombianas siguen apostándole a la clandestinidad, a pesar de tener el
derecho de exigirlo sin temor. La pasividad del Estado en identificar y remover
los obstáculos que les impiden ejercer este derecho es indignante. Ya es hora
de sancionar a las instituciones de salud que se dan el lujo de estar por
encima de las sentencias del máximo tribunal.
Otros datos del reporte apuntan al alto número de embarazos no deseados. En el
67 por ciento de las ocasiones, la gravidez de una compatriota no es producto
de una sexualidad planeada. Esta es una tasa superior en un 25 por ciento a la registrado en el resto de países de América Latina.
Tales cifras deben invitar a las autoridades nacionales de salud a desplegar
medidas para reducir esta proporción. Es necesario ampliar y facilitar el
acceso femenino a métodos científicos de control de natalidad y a opciones de
anticoncepción de emergencia. La investigación asimismo confirma que las
mujeres pobres y campesinas son más vulnerables tanto al embarazo no planeado
como a su interrupción, con alto riesgo para su integridad física.
No deja de sorprender que altos funcionarios públicos y congresistas estén
obsesionados por tumbar el fallo de la Corte mientras que el panorama del
aborto en Colombia es más complejo, peligroso e inhumano de lo que se pensaba.
El Gobierno está en mora de proteger la salud sexual de cientos de miles de
colombianas.
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