Editorial: Del POS a la pus
El
ministro Santa María, que parece haber tomado el toro por los cuernos, tiene la
palabra.
Las señales de corrupción en el sector de la salud han sido tantas desde su
misma creación, hace 18 años, que resulta increíble que, hasta ahora y de
manera decidida, un gobierno en pleno convierta en una de sus políticas la
difícil tarea de erradicarla.
Las capturas del lunes pasado son tibias consecuencias del enrevesado sistema
en el que se cimienta el modelo que asegura la salud de los colombianos. Un
modelo diseñado para que los recursos fluyan a través de interminables cadenas,
que mezclan intermediarios públicos y privados en múltiples niveles, y a duras
penas dejan entrever el objetivo primario de preservar este derecho de sus
afiliados.
Casi 30 billones de pesos al año, con débil vigilancia y control y sin sistemas
de información, cundido de normas ambiguas y permeado
por intereses de toda índole, son un botín susceptible de saquear desde
cualquier recodo, con una impunidad amparada, en algunos casos, por decisiones
oficiales dictadas a la carrera.
Los recobros, por ejemplo, no hubieran pasado de 300.000 millones de pesos a
2,4 billones en 3 años si el plan de beneficios (POS) se hubiera actualizado,
acorde con las necesidades de la gente y en armonía con los perfiles de
enfermedad y muerte. Pero nada de esto se surtió a tiempo. El resultado fue el
crecimiento de los servicios no POS, que quebraron la salud y se convirtieron
en uno de los grandes focos de corrupción.
Si a lo anterior se agrega que el país no controla el precio de los
medicamentos y que a los afiliados no se les niega nada, por cuenta de los
comités técnico-científicos, que liberan a las EPS de pagar servicios que
terminan asumidos por el Fosyga, el negocio para los
terceros no puede ser mejor. Este fondo, que maneja todos los dineros de la
salud, fue visitado, por el tema de los recobros, solo una vez por año del 2009
al 2010, por
Capítulo aparte merece el destino final de los dineros asignados a la población
pobre, que en algunas regiones terminaron siendo la caja menor de políticos
inescrupulosos y de grupos armados. Se calcula que las defraudaciones del
régimen subsidiado por estas causas son de tal magnitud, que frente a ellas el
vergonzoso caso de los recién descubiertos delitos en los recobros es mínimo.
Seis capturas de funcionarios y particulares de mediano nivel son un buen
comienzo para la manifiesta decisión del presidente Santos de enfrentar la
corrupción en este sector. De igual forma, vale la pena aplaudir la voluntad
del ministro de
Es hora de reconocer que si bien el actual esquema ha permitido logros
asistenciales, también urge asumir que un sistema como este tiene tres pilares
ineludibles: los afiliados, las instituciones y personas que los atienden y un
Estado que regule con equidad y suficiencia la relación entre los dos
anteriores.
El sistema funciona y disminuye riesgos de corrupción si estos elementos
esenciales se relacionan con pocos intermediarios a través de procesos
sencillos, de fácil auditoría y vigilancia, hechas
por una entidad con capacidad técnica y sancionatoria
y autónoma para tomar decisiones.
Aquí cabe preguntar si la reciente reforma proporciona herramientas que hagan
esto posible, o si es necesario pensar de nuevo en una estructura que por fin
mejore la salud de los colombianos.
El ministro Santa María, que parece haber tomado el toro por los cuernos, tiene
la palabra.