Los resultados de la Misión para revisar las cifras sobre la pobreza en el
país ya han suscitado varios debates en los que cada quien saca conclusiones
según su posición política. El Gobierno se muestra complacido por poder mostrar
que desde el 2002 se han reducido un poco los índices de pobreza e indigencia
en el país, mientras que la mayoría de los analistas resaltan que esta
reducción fue pequeña en medio de la bonanza económica, que la indigencia ha
aumentado en los dos últimos años, que la desigualdad también es más grande y,
sobre todo, que es una vergüenza que más de 20 millones de colombianos sigan
viviendo en la pobreza y 8 millones en la miseria. Sin embargo, para hacer más
objetivos estos debates políticos, es necesario resolver varias preguntas
técnicas, e inclusive aritméticas, que quedan pendientes del informe de la
Misión, pues hay cifras que todavía no cuadran o están en contradicción con
otras estadísticas oficiales.
Por ejemplo, sería bueno conocer la explicación económica de la fuerte
reducción de los índices en el año 2003 (la pobreza baja 2,5 por ciento y la
indigencia rural baja 5,5 por ciento en un solo año) sin que se recuerde ningún
cambio estructural en la economía en ese período, ni mucho menos en la agricultura.
Más aún en las mediciones de pobreza que realizó el DNP hace 3 años, en el 2003
la pobreza total tan solo se reducía 0,5 por ciento y aumentaba un porcentaje
similar en las zonas urbanas.
Otra pregunta que se debe estar haciendo el Gobierno es por qué la
indigencia sigue siendo tan alta (17,8 por ciento), a pesar de la gran cantidad
de recursos destinados a los programas asistencialistas
(Familias en Acción y otros), que se supone debían mejorar las condiciones de
vida de los más pobres. La respuesta la puede encontrar el DNP en las cifras de
la oficina de Acción Social de la Presidencia, que es la que lleva las
estadísticas oficiales de los desplazados. De acuerdo con esta fuente, que no
es una ONG opositora del Gobierno, de los 3,1 millones de desplazados que tiene
registrados, 2,3 millones lo han sido desde el año 2002. Es decir que el 70 por
ciento de los desplazados actuales han sido expulsados de sus tierras durante
los gobiernos de Uribe a pesar de la seguridad democrática, y la gran mayoría
de ellos viven en condiciones de miseria.
En donde las cifras oficiales sí se contradicen de manera grave es en los
resultados del Sisbén, que es una metodología
alternativa de medición de la pobreza, que, como su nombre lo indica (Sistema
de Identificación de Beneficiarios de programas sociales), se utiliza para
determinar quiénes pueden acceder a los subsidios monetarios y en especie que
otorga el Estado.
En el 2003, el DNP hizo una profunda revisión de la metodología del Sisbén cuyo resultado fue que el número de pobres
identificado con este método era prácticamente igual al estimado en la línea de
pobreza.
La situación actual es muy diferente. Mientras que según la Misión existen
20 millones de pobres (el 46 por ciento de la población), en los niveles I y II
del Sisbén están registrados 30 millones de pobres
(el 69 por ciento de la población). La diferencia es del 50 por ciento, pero no
se trata tan solo de una cuestión estadística, sino que tiene graves
implicaciones sobre el gasto público, pues los 10 millones que según el Dane y el DNP no son pobres sí están recibiendo subsidios
del Estado.
Sólo hay dos soluciones posibles para esta evidente contradicción: o faltan
varios millones de pobres en la medición que se acaba de divulgar o, como lo
denunció la senadora Cecilia López, hay varios millones de colados en el Sisbén. Lo primero significaría el fracaso total de las
políticas oficiales de reducción de la pobreza; lo segundo, el éxito total de
la estrategia de aumentar los beneficiarios de los subsidios públicos a cambio
de votos para la reelección