Con un proyecto de Ley con mensaje de urgencia para que se conceda a la
recién creada Unidad Administrativa del Inpec
funciones de IPS (Entidad Prestadora de Salud), el Gobierno busca solucionar la
crisis en las cárceles.
Este es uno de los tres frentes de la iniciativa, que propone crear
un Régimen Especial para los presos. Los otros puntos plantean que
mientras la Unidad contrata médicos para la atención dentro de las cárceles,
EPS privadas puedan contratar la atención de tratamientos de reclusos con
enfermedades graves y de atención extramural.
De acuerdo con voceros del Gobierno, el proyecto también buscará incrementar
el valor de la UPC (lo que se paga por la atención de casa interno).
Actualmente, este valor no supera los 500 mil pesos por año y entidades
de salud han llegado a recomendar hasta el doble para prestar la debida
atención.
Aunque el proyecto aún está en borrador, ya cuenta con la bendición del
Ministerio de Salud y de varias instituciones que han venido trabajando con el
Ministerio de Justicia en su construcción.
Y pese a que de entrada la iniciativa parece el retorno al antiguo modelo
que aplicaba el Inpec, antes de que entrara Caprecom a prestar el servicio, voceros del Gobierno
sostienen que la diferencia es que los servicios especializados -lo que llevó
al fracaso del anterior modelo- se harían a través de una EPS.
Agregan que las facultades para contratar se otorgarían a la Unidad
Administrativa, que depende del Minjusticia y su
director lo nombra el mismo Presidente. De hecho, Jorge Arias, actual
director, presentó su renuncia y está pendiente de la decisión
La creación de un Sistema Penitenciario y Carcelario implicaría que el
Gobierno se encargue de la contratación de más de 500 médicos para atender las
142 cárceles del país. Se buscará que este mismo año, la Unidad se encargue de
atender los 40 penales más críticos en todo el país.
También -dicen fuentes del Ministerio de Justicia- están en el
proceso de firmar un protocolo de salud y prevención, para hacer
jornadas de vacunación masivas de presos e implementación de métodos de
prevención para epidemias.
La Contraloría ve con buenos ojos la iniciativa. A través de una
comunicación, conocida por este diario, aplauden que se esté pensando en
"una reforma integral para la atención de esta población" y que se
aumente la UPC lo que permitirá el concurso de entidades especializadas en la
contratación y en el mejoramiento de los tratamientos diferenciados.
"Con las características de esta población, el servicio resulta
necesariamente más costoso", dice el ente de control.
REDACCIÓN JUSTICIA