Corte no escuchará a funcionarios
del Gobierno antes de emitir fallo sobre la Emergencia Social
Vía
tutela, miles de colombianos acceden a servicios y medicamentos no contemplados
en el POS.
Así
lo manifestó el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Mauricio
González Cuervo, luego de que el presidente Uribe, a través de una carta,
pidiera "un diálogo" sobre el tema.
En
la misiva, el presidente Uribe afirma que "en caso de que la Corte declare
inexequible la Emergencia Social, sería de mayor utilidad permitir un plazo
razonable de vigencia de sus normas mientras el Congreso adopta la emergencia
ordinaria, en una coyuntura en la cual faltan pocas semanas para que terminen
los periodos del Congreso y el Presidente".
Y al solicitarle una audiencia para tratar el tema, señala que "la
independencia de la Corte para decidir no excluye el diálogo".
Ante
esta petición, el presidente de la Corte Constitucional señaló que ese alto
tribunal no recibirá a miembros del Gobierno antes de emitir el fallo de exequibilidad, que se producirá la próxima semana.
González Cuervo dejó claro que no consideran necesario escuchar la posición del
Ejecutivo, pues ya se definió una metodología y le corresponde a los
magistrados del alto tribunal tomar una decisión.
Gobierno tiene listo 'Plan B' por si se hunde
La
iniciativa está en consultas en ministerios de la Protección y Hacienda. Esta
nueva iniciativa mantiene aumento de impuestos, pero elimina disposiciones
polémicas.
Con
un proyecto de ley que por ahora tiene 36 artículos, el Gobierno comenzó a
diseñar el 'Plan B' para enfrentar la posibilidad de que la Corte
Constitucional tumbe la emergencia social y sus decretos.
Los nueve magistrados tienen plazo hasta el martes próximo (de este martes en
ocho días) para tomar una decisión sobre la declaratoria de la controvertida
emergencia social del 23 de diciembre, que estableció varias reformas al Plan
Obligatorio de Salud (POS) y cuya justificación apuntaba a superar la crisis
financiera que enfrenta el sistema.
No se descarta que este miércoles pueda haber decisión en la Sala Plena, que
parte de la ponencia de inexequibilidad redactada por
el magistrado Jorge Iván Palacio. Si esta es aceptada, automáticamente dejaría
sin vigencia las medidas expedidas al amparo del decreto 4975 de vísperas de
Navidad.
Aunque el Gobierno insiste en que sus razones fueron válidas y se ha mostrado
dispuesto a modificar o suprimir los apartes más polémicos de los decretos, es
consciente de que el chance de que la emergencia supere el examen en la Corte
es bajo. De hecho, el concepto de la Procuraduría también pide hundir el estado
de excepción.
Por eso, el equipo jurídico encabezado por el secretario Edmundo del Castillo
hizo una propuesta que el pasado 26 de marzo se les envió a los ministerios de
la Protección y de Hacienda y a otras autoridades del sector salud.
El proyecto, que se presentaría al nuevo Congreso después del 20 de julio,
establece claramente que toda la población afiliada al sistema de salud tendrá
acceso a los servicios de baja, mediana y alta especialización. Precisamente,
una de las mayores críticas que recibieron los decretos de la emergencia era
que priorizaba la atención en salud a los eventos de baja complejidad.
Impuestos se mantienen
En el nuevo proyecto también se eliminan disposiciones polémicas como el uso de
cesantías y pensiones en los estratos de mayor capacidad adquisitiva para copagos de los servicios y medicamentos no incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud (POS), y las sanciones económicas a los médicos que
receten por fuera de los lineamientos establecidos.
En la exposición de motivos se mantiene el planteamiento de que es necesario
que los afiliados a las EPS que tengan capacidad de pago asuman parte de los
costos de los tratamientos no POS.
Entre los argumentos que cita el Gobierno está que el acelerado crecimiento de
ese rubro en el régimen contributivo llegó a recobros al Fosyga por alrededor
de 1,8 billones de pesos en el 2009 y desequilibró las finanzas
departamentales, que responden por lo no POS del régimen subsidiado, en más de
700.000 millones de pesos.
En ese mismo sentido, la iniciativa deja intactos los ajustes tributarios a los
licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar adoptados con el decreto 127 del
21 de enero pasado. Con el aumento de esos impuestos se espera un recaudo adicional
superior a un billón de pesos, que se destinarán a financiar las llamadas ahora
prestaciones excepcionales del régimen contributivo de salud y los faltantes en
el subsidiado.
El proyecto fija los lineamientos para la actualización del POS y los criterios
que debe tener en cuenta la Comisión de Regulación en Salud (Cres) para excluir actividades, intervenciones,
procedimientos, medicamentos o insumos de ese paquete de beneficios.
Así mismo, mantiene las medidas para administrar y optimizar el flujo de
recursos que financian la salud subsidiada (giros directos a EPS, hospitales y
clínicas, por ejemplo), que ha sido de los grandes problemas que aquejan a este
régimen.
En cumplimiento de los decretos de emergencia, el pasado jueves 18 EPS del
régimen subsidiado y 1.225 IPS (clínicas y hospitales, entre otras) de todo el
país recibieron del Gobierno nacional 230.000 millones de pesos en forma
directa (101.000 millones las primeras y 129.000 millones, las segundas).
El proyecto también conserva las medidas para combatir la evasión y elusión de
aportes a la seguridad social y las sanciones para quienes incurran en esas
irregularidades.
De la misma manera, dedica varios artículos al control de precios de
medicamentos, un frente que, vía recobros al Fosyga y a los departamentos, ha
sido escenario de sobreprecios injustificados.
Los
temas que siguen pendientes
Con
emergencia social o sin ella, son varias las 'cirugías' urgentes que requiere
el sistema público de salud en Colombia, según los conocedores del sector.
La Corte Constitucional, a través de varias decisiones de tutela, amplió
sustancialmente los procedimientos y medicamentos contemplados inicialmente en
el POS. La actualización del catálogo básico de la salud está aun pendiente.
Otro frente abierto es el que tiene que ver con la corrupción que aqueja al
sistema.
Desde cobros excesivos por procedimientos y medicamentos hasta elusión y
evasión en los aportes obligatorios, pasando por afiliados que supuestamente
están recibiendo servicios pero que en realidad no existen, son venas rotas del
sistema. Cada año les cuestan miles de millones a los colombianos.
REDACCIÓN
DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
El estado de las finanzas del
sistema público de salud será clave en la decisión
La
situación económica del sistema público de salud es el eje de la discusión que
hay en la Corte Constitucional sobre la declaración de la emergencia social y
sus decretos reglamentarios.
De
entrada, la emergencia cuenta con concepto negativo. El magistrado Iván Palacio
presentó un informe según el cual los 40 argumentos esgrimidos por el Gobierno
para justificar el estado de excepción no evidencian ninguna situación de
gravedad, de riesgo o deterioro inminente, requisitos establecidos por la Carta
Política para declarar los estados de emergencia o conmoción.
La tesis de que el Ejecutivo podía enfrentar la situación con legislación
normal tiene, según fuentes de la Corte, el claro apoyo de tres magistrados,
incluido el ponente.
Es la misma posición de la Procuraduría, que pidió a la Corte que tumbe la
emergencia porque no hay un hecho sobreviniente que
justifique su declaración.
Hay un bloque de cuatro magistrados cuya decisión aun no está clara, pero que
según las fuentes terminarían inclinándose por la inexequibilidad.
A la decisión de tumbar la emergencia se han opuesto dos magistrados. Ellos
plantean la necesidad de validar la declaración de emergencia y algunos de los
instrumentos que el Gobierno planteó para inyectar más recursos al sistema de
salud.
Aunque reconocen que la crisis del sistema no obedece a hechos extraordinarios
que ameriten la declaratoria de una emergencia social, sí consideran que la
situación, de todas maneras es muy grave, y que el riesgo de colapso económico
del sistema a corto plazo es alto. Ellos dicen que la emergencia podría conducir
al cumplimiento de una de las exigencias que la misma Corte Constitucional le
hizo al Gobierno en la sentencia T-760 del 2008: que tome medidas para superar
el "estado inconstitucional de cosas" en el sistema de salud. Un
primer punto para ello sería asegurar el flujo de más plata hacia la salud de
todos los colombianos.
Los magistrados que apoyan la emergencia ya sufrieron un revés: ellos
plantearon la importancia de convocar a audiencias públicas para discutir el
tema, pero la mayoría consideró que ya hay suficiente ilustración con los cerca
de 1.200 escritos que han llegado a la Corte a favor y en contra de la
declaratoria.
El bloque que se opone a esta tesis considera que avalar la declaratoria de
emergencia sería otorgarle al Gobierno facultades para crear impuestos o
reformarlos, una función que, según la Carta Política, es exclusiva del
Legislativo.
Posiciones
de ACEMI y la Defensoría
Acemi
(la Asociación de Empresas de Medicina) planteó a la Corte que la emergencia es
necesaria para racionalizar los recursos del sistema de salud. La agremiación
advirtió además que las medidas no alcanzarán a cubrir el déficit por el
incumplimiento en el pago de la deuda que debía girar el Fondo de Solidaridad y
Garantía (Fosyga) a las EPS y a los hospitales.
La Defensoría del Pueblo le dijo a la Corte que los decretos que buscan
garantizar los recursos para el sistema de salud son comprensibles, pero que
preocupa que esas medidas afecten principios constitucionales y convenios
internacionales. El organismo citó casos como el de la posibilidad de que los
usuarios del sistema tengan que acudir a las cesantías, afectando su capacidad
de ahorro, o que se limite la libertad de los médicos para decidir
tratamientos, supeditando sus decisiones a relaciones de costo-efectividad.