Corte no escuchará a funcionarios del Gobierno antes de emitir fallo sobre la Emergencia Social

Vía tutela, miles de colombianos acceden a servicios y medicamentos no contemplados en el POS.

Así lo manifestó el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Mauricio González Cuervo, luego de que el presidente Uribe, a través de una carta, pidiera "un diálogo" sobre el tema.

En la misiva, el presidente Uribe afirma que "en caso de que la Corte declare inexequible la Emergencia Social, sería de mayor utilidad permitir un plazo razonable de vigencia de sus normas mientras el Congreso adopta la emergencia ordinaria, en una coyuntura en la cual faltan pocas semanas para que terminen los periodos del Congreso y el Presidente".

Y al solicitarle una audiencia para tratar el tema, señala que  "la independencia de la Corte para decidir no excluye el diálogo".

Ante esta petición, el presidente de la Corte Constitucional señaló que ese alto tribunal no recibirá a miembros del Gobierno antes de emitir el fallo de exequibilidad, que se producirá la próxima semana.

González Cuervo dejó claro que no consideran necesario escuchar la posición del Ejecutivo, pues ya se definió una metodología y le corresponde a los magistrados del alto tribunal tomar una decisión.

Gobierno tiene listo 'Plan B' por si se hunde

La iniciativa está en consultas en ministerios de la Protección y Hacienda. Esta nueva iniciativa mantiene aumento de impuestos, pero elimina disposiciones polémicas.

Con un proyecto de ley que por ahora tiene 36 artículos, el Gobierno comenzó a diseñar el 'Plan B' para enfrentar la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe la emergencia social y sus decretos.

Los nueve magistrados tienen plazo hasta el martes próximo (de este martes en ocho días) para tomar una decisión sobre la declaratoria de la controvertida emergencia social del 23 de diciembre, que estableció varias reformas al Plan Obligatorio de Salud (POS) y cuya justificación apuntaba a superar la crisis financiera que enfrenta el sistema.

No se descarta que este miércoles pueda haber decisión en la Sala Plena, que parte de la ponencia de inexequibilidad redactada por el magistrado Jorge Iván Palacio. Si esta es aceptada, automáticamente dejaría sin vigencia las medidas expedidas al amparo del decreto 4975 de vísperas de Navidad.

Aunque el Gobierno insiste en que sus razones fueron válidas y se ha mostrado dispuesto a modificar o suprimir los apartes más polémicos de los decretos, es consciente de que el chance de que la emergencia supere el examen en la Corte es bajo. De hecho, el concepto de la Procuraduría también pide hundir el estado de excepción.

Por eso, el equipo jurídico encabezado por el secretario Edmundo del Castillo hizo una propuesta que el pasado 26 de marzo se les envió a los ministerios de la Protección y de Hacienda y a otras autoridades del sector salud.

El proyecto, que se presentaría al nuevo Congreso después del 20 de julio, establece claramente que toda la población afiliada al sistema de salud tendrá acceso a los servicios de baja, mediana y alta especialización. Precisamente, una de las mayores críticas que recibieron los decretos de la emergencia era que priorizaba la atención en salud a los eventos de baja complejidad.

Impuestos se mantienen

En el nuevo proyecto también se eliminan disposiciones polémicas como el uso de cesantías y pensiones en los estratos de mayor capacidad adquisitiva para copagos de los servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y las sanciones económicas a los médicos que receten por fuera de los lineamientos establecidos.

En la exposición de motivos se mantiene el planteamiento de que es necesario que los afiliados a las EPS que tengan capacidad de pago asuman parte de los costos de los tratamientos no POS.

Entre los argumentos que cita el Gobierno está que el acelerado crecimiento de ese rubro en el régimen contributivo llegó a recobros al Fosyga por alrededor de 1,8 billones de pesos en el 2009 y desequilibró las finanzas departamentales, que responden por lo no POS del régimen subsidiado, en más de 700.000 millones de pesos.

En ese mismo sentido, la iniciativa deja intactos los ajustes tributarios a los licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar adoptados con el decreto 127 del 21 de enero pasado. Con el aumento de esos impuestos se espera un recaudo adicional superior a un billón de pesos, que se destinarán a financiar las llamadas ahora prestaciones excepcionales del régimen contributivo de salud y los faltantes en el subsidiado.

El proyecto fija los lineamientos para la actualización del POS y los criterios que debe tener en cuenta la Comisión de Regulación en Salud (Cres) para excluir actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos o insumos de ese paquete de beneficios.

Así mismo, mantiene las medidas para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian la salud subsidiada (giros directos a EPS, hospitales y clínicas, por ejemplo), que ha sido de los grandes problemas que aquejan a este régimen.

En cumplimiento de los decretos de emergencia, el pasado jueves 18 EPS del régimen subsidiado y 1.225 IPS (clínicas y hospitales, entre otras) de todo el país recibieron del Gobierno nacional 230.000 millones de pesos en forma directa (101.000 millones las primeras y 129.000 millones, las segundas).

El proyecto también conserva las medidas para combatir la evasión y elusión de aportes a la seguridad social y las sanciones para quienes incurran en esas irregularidades.

De la misma manera, dedica varios artículos al control de precios de medicamentos, un frente que, vía recobros al Fosyga y a los departamentos, ha sido escenario de sobreprecios injustificados.

Los temas que siguen pendientes

Con emergencia social o sin ella, son varias las 'cirugías' urgentes que requiere el sistema público de salud en Colombia, según los conocedores del sector.

La Corte Constitucional, a través de varias decisiones de tutela, amplió sustancialmente los procedimientos y medicamentos contemplados inicialmente en el POS. La actualización del catálogo básico de la salud está aun pendiente. Otro frente abierto es el que tiene que ver con la corrupción que aqueja al sistema.

Desde cobros excesivos por procedimientos y medicamentos hasta elusión y evasión en los aportes obligatorios, pasando por afiliados que supuestamente están recibiendo servicios pero que en realidad no existen, son venas rotas del sistema. Cada año les cuestan miles de millones a los colombianos.

REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El estado de las finanzas del sistema público de salud será clave en la decisión

La situación económica del sistema público de salud es el eje de la discusión que hay en la Corte Constitucional sobre la declaración de la emergencia social y sus decretos reglamentarios.

De entrada, la emergencia cuenta con concepto negativo. El magistrado Iván Palacio presentó un informe según el cual los 40 argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar el estado de excepción no evidencian ninguna situación de gravedad, de riesgo o deterioro inminente, requisitos establecidos por la Carta Política para declarar los estados de emergencia o conmoción.

La tesis de que el Ejecutivo podía enfrentar la situación con legislación normal tiene, según fuentes de la Corte, el claro apoyo de tres magistrados, incluido el ponente.

Es la misma posición de la Procuraduría, que pidió a la Corte que tumbe la emergencia porque no hay un hecho sobreviniente que justifique su declaración.

Hay un bloque de cuatro magistrados cuya decisión aun no está clara, pero que según las fuentes terminarían inclinándose por la inexequibilidad.

A la decisión de tumbar la emergencia se han opuesto dos magistrados. Ellos plantean la necesidad de validar la declaración de emergencia y algunos de los instrumentos que el Gobierno planteó para inyectar más recursos al sistema de salud.

Aunque reconocen que la crisis del sistema no obedece a hechos extraordinarios que ameriten la declaratoria de una emergencia social, sí consideran que la situación, de todas maneras es muy grave, y que el riesgo de colapso económico del sistema a corto plazo es alto. Ellos dicen que la emergencia podría conducir al cumplimiento de una de las exigencias que la misma Corte Constitucional le hizo al Gobierno en la sentencia T-760 del 2008: que tome medidas para superar el "estado inconstitucional de cosas" en el sistema de salud. Un primer punto para ello sería asegurar el flujo de más plata hacia la salud de todos los colombianos.

Los magistrados que apoyan la emergencia ya sufrieron un revés: ellos plantearon la importancia de convocar a audiencias públicas para discutir el tema, pero la mayoría consideró que ya hay suficiente ilustración con los cerca de 1.200 escritos que han llegado a la Corte a favor y en contra de la declaratoria.

El bloque que se opone a esta tesis considera que avalar la declaratoria de emergencia sería otorgarle al Gobierno facultades para crear impuestos o reformarlos, una función que, según la Carta Política, es exclusiva del Legislativo.

Posiciones de ACEMI y la Defensoría

Acemi (la Asociación de Empresas de Medicina) planteó a la Corte que la emergencia es necesaria para racionalizar los recursos del sistema de salud. La agremiación advirtió además que las medidas no alcanzarán a cubrir el déficit por el incumplimiento en el pago de la deuda que debía girar el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) a las EPS y a los hospitales.

La Defensoría del Pueblo le dijo a la Corte que los decretos que buscan garantizar los recursos para el sistema de salud son comprensibles, pero que preocupa que esas medidas afecten principios constitucionales y convenios internacionales. El organismo citó casos como el de la posibilidad de que los usuarios del sistema tengan que acudir a las cesantías, afectando su capacidad de ahorro, o que se limite la libertad de los médicos para decidir tratamientos, supeditando sus decisiones a relaciones de costo-efectividad.