Ambos
proyectos entrarían al Congreso en marzo próximo. Analistas les prevén
dificultades por ser 2013 un año preelectoral y de incertidumbre económica.
Dos
reformas, nada fáciles porque tocan el bolsillo y la sensibilidad de los
colombianos, alista el Gobierno para marzo próximo. Se trata de un ‘revolcón’
en los sistemas de salud y pensiones,
ya que ambos están desfinanciados, aunque paradójicamente administran
millonarios recursos.
Algunos analistas prevén que esta vez
las dos iniciativas tendrán un duro camino, ya que el 2013 es un año
preelectoral y serán pocos los parlamentarios que le apostarían a esos cambios.
Y “es factible que esas reformas se politicen y los
cambios propuestos no salgan como ha ocurrido en anteriores ocasiones”,
advierte
Eduardo Sarmiento, decano de economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Hoy, el sistema de salud cuenta con
un presupuesto anual de $25 billones, pero el mismo se queda corto
porque la red hospitalaria arrastra cuentas por cobrar por $4,5 billones.
Únicamente las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del régimen contributivo
(privadas) les adeudan $3,5 billones.
Lo peor de todo es que el Fondo de
Solidaridad y Garantías, Fosyga, —que es alimentado
con dineros estatales— ya no da más. Todo por los recobros millonarios que debe
asumir por medicamentos y procedimientos médicos no cubiertos por el Plan
Obligatorio de Salud, POS.
Sólo en el 2011 debió girar $4
billones a EPS y otras entidades por esos conceptos, lo cual se ha convertido en
un desangre constante para el sistema.
Según Sarmiento, “la crisis obedece a que los costos del
sistema universal superan los recaudos por cotizaciones y aportes que reciben
las EPS, por lo que la acumulación de deudas es la constante”.
Finanzas en rojo
El ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, ha dicho que la reforma girará en torno a una ley estatutaria que
buscará frenar los recobros y los abusos contra las finanzas del sistema.
A tal punto ha llegado dicha carga,
que el gobierno llevó $2 billones a recobros glosados (cuentas en duda) en el
último año, por lo que pagará sólo $500.000 millones a las EPS en próximos
meses. “Ni un peso más”, sostiene Gaviria.
Muchos de esos recobros han dado
origen a escándalos por actos de corrupción, que hoy son materia de
investigación judicial y fiscal.
Aunque a septiembre del 2012, los
ingresos de las EPS privadas sumaron $11,5 billones y los de las subsidiadas
alcanzaron $6,3 billones, dichos dineros son insuficientes para atender a la
actual masa de afiliados y beneficiarios.
Muchas de las EPS argumentan que si
el Gobierno no atiende los recobros no podrán seguir operando, debido a los
altos costos y la gran demanda de servicios.
Frente a ello, Jaime Arias,
presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, señala que “la solución a la crisis de la salud no
es acabando las EPS, sino definiendo unos esquemas mejor financiados al
sistema.
“El POS se actualizó, con nuevos
procedimientos clínicos y medicamentos, pero sigue desfinanciado”, sostiene.
Precisamente como parte de la reforma
se ha ventilado la posibilidad de reducir el número de EPS (hoy suman 70),
fusionar unas y liquidar otras. El ministro Gaviria es partidario de una
depuración, pero no ha revelado la fórmula de cómo se haría.
Sergio Isaza Villa, presidente de la
Federación Médica Colombiana, es partidario de eliminar las EPS como
intermediarias del sistema de salud y trasladar su papel a los entes
territoriales.
“Es un modelo que puede funcionar con
financiación adecuada de la red hospitalaria por parte del Estado”, dice.
Actualmente las EPS del régimen
contributivo cuentan con 19,5 millones de afiliados y las del subsidiado
agrupan a 22,5 millones. Estas últimas arrastraban a septiembre último un
pasivo de $3,5 billones, de ellos $2,1 billones en cuentas a proveedores (ver
gráfico).
También se ha planteado la
posibilidad de cambiar el esquema de funcionamiento de las EPS, para dejarlas
sólo como administradoras y no como entidades aseguradoras en salud.
Pero ese modelo de EPS como entes
administradores tiene sus peros.
Según Ramiro Guerrero, director del
Centro de Estudios de Protección y Economía de la Salud, Proesa,
“no es conveniente ese cambio, ya que convertiría a las EPS en compradoras de
servicios con chequera ajena. Y eso generaría una espiral de gastos inviable”.
Sin embargo, señala que es partidario
de una depuración de esas instituciones “para que queden las más viables”, y de
paso eliminar la figura de los recobros. Y en la ley estatutaria que “se fijen
límites al acceso a tecnologías médicas de alto costo”. Eso significa que los
usuarios deberán pagar por ellas.
Como están las cosas, todo apunta a
que la reforma a la salud será uno de los mayores desafíos para la
administración Santos en los próximos 20 meses.
“Llegó la hora de las decisiones y no
de más diagnósticos”, puntualiza Rodrigo Córdoba, ex presidente de la
Asociación de Sociedades Científicas.
El sistema pensional colombiano es
considerado como uno de los de más inequitativos de América Latina.
Hoy, sólo cotizan seis millones de
las 21 millones de personas ocupadas y se benefician con una pensión sólo 1,6
millones, de ellos 1,3 millones en el régimen de prima media, que administra Colpensiones.
La cobertura, con base en los anteriores parámetros, es
apenas del 28 %, inferior al 90 % que tiene el régimen contributivo en salud.
Lo más crítico es que el 86 % de los subsidios pensionales
son asignados a las mesadas más altas.
Por eso, aunque la Nación destina $25 billones anualmente
a financiar el pago de pensiones, la suma es considerada como insuficiente.
De allí que el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, haya ratificado el jueves
pasado la necesidad de una reforma pensional, cuyo proyecto entraría al
Congreso en marzo al Congreso.
En su concepto, la reforma debe
enfocarse precisamente en buscar una mayor cobertura para garantizar a más
colombianos pobres el acceso a una pensión mínima.
Aunque Pardo ha descartado que se
vayan a subir las edades de jubilación (hoy de 55 años para las mujeres y de 60
para los hombres), hay voces que señalan que ese aspecto es clave.
Por ejemplo, Sergio Clavijo,
presidente de la Asociación de Instituciones Financiera, Anif,
insiste que subir las edades es fundamental, ya que “los cálculos actuariales
indican que la mayor longevidad deteriora las finanzas del Estado”.
Anota, asimismo, que el régimen de
prima media debe marchitarse, incrementando de paso el número de semanas
cotizadas.
El ministro Pardo no ha querido
anticipar sus tesis frente a estos dos últimos aspectos, a pesar de que el
gasto pensional del Gobierno representaría en el año 2015 el 3,4 % del Producto
Interno Bruto, PIB.
El dilema está en si el sistema
seguirá siendo viable con la próxima reforma pensional. De hecho, ya hay una
reforma en marcha que estableció para el 2014 un aumento de las edades de
jubilación de 57 años para las mujeres y a 62 para los hombres al finalizar la
transición de la Ley 100.
El economista Eduardo Sarmiento
predice que “la próxima reforma pensional se quedará corta, pues lo que busca
es garantizar una pensión mínima sólo para algunos sectores de la población,
nada más”.
El presidente de Asofondos,
Santiago Montenegro, va más allá. En su concepto, sin la reforma, 14 millones
de colombianos jamás tendrán acceso a una pensión por estar desempleados o en
la informalidad”.