“De no pasar la
Emergencia Social, la salud estaría en graves aprietos”
Por Zulma Lucía Cuervo Plazas
El ministro de la Protección Social,
Diego Palacio, dice que la medida sirve porque le da sostenibilidad al sistema.
Esta semana es decisiva para la Emergencia Social de la salud, declarada por el
Gobierno el año pasado, y cuyos decretos entraron en vigencia en febrero. El
martes, la Corte Constitucional dará su fallo sobre la exequibilidad
de la medida vista a la luz de la Carta Magna del país. A unos días de la
decisión, El País habló con el ministro de la Protección Social, Diego Palacio,
sobre los alcances de la norma y el plan B que tiene el Gobierno Nacional en
caso de que se ‘caigan’ los decretos.
¿Cree que la Emergencia Social sí pasará el examen de la Corte
Constitucional?
El Gobierno está muy pendiente del fallo que emita la Corte Constitucional, de
lo que si estamos seguros es que hay unos hechos importantes a los que se debe
le poner todo el cuidado y evaluar muy bien porque las medidas tomadas
sirvieron para atender la situación y para darle cumplimiento a las órdenes que
fueron emitidas por la Corte Constitucional como es el tema de la
universalización y la unificación del sistema de salud.
Entonces, ¿la Emergencia Social sí sirvió para solucionar el problema del
financiamiento de la salud?
Desde el momento en que se decretó la Emergencia, el Gobierno ha girado en
total $70.000 millones para el pago de servicios no POS en la red hospitalaria
del país. Ha logrado destrabar por concepto de liquidación de contratos cerca
de $15.000 millones y se lograron recuperar cerca de $62.000 millones que están
en un patrimonio autónomo y que serán destinados a pagos de cuentas de
servicios no POS. Adicional a eso se giraron $230.000 millones directamente a
las EPS y a los hospitales acelerando significativamente el flujo de los
recursos del sistema.
¿Se tiene un plan B en caso de que no pase la Emergencia Social en la Corte?
Hay que mirar distintas alternativas pero el Gobierno es consciente, y el país
tiene que serlo, de que en caso de que tenga dificultades la Emergencia habrá
que tomar otro tipo de medidas que permitan asegurar la continuidad en la
prestación de los servicios de salud. La situación no sería fácil.
¿Quiere decir que si la Emergencia Social no pasa el examen de
constitucionalidad, estaría en riesgo la prestación de los servicios de salud
para los colombianos?
Nos pondría en graves aprietos porque en sólo el pago de servicios no POS del
régimen contributivo tenemos disponibilidad de recursos hasta junio o julio.
Estimamos que tenemos entre $800.000 millones y $1 billón, los cuales se
agotarían en esos meses.
De declararse inexequible la Emergencia, ¿los recursos recaudados se le devolverían a los contribuyentes?
Habría que esperar cuál será la decisión de la Corte sobre ese aspecto.
De todas formas se dice que sin importar el fallo de la Corte, el Gobierno
va a presentarle al Congreso un proyecto de ley para volver permanentes los
impuestos que están financiando la salud en el marco de la Emergencia Social?
Supongamos que pasara la Emergencia Social, la permanencia de los impuestos que
están contemplados en los decretos estará vigente hasta el 31 de diciembre del
año próximo y lo que se quiere es que sean permanentes, razón por la cual
tienen que ser autorizados por el Congreso.
¿Cómo quedará el proyecto de ley que se presentará al Congreso?
Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda el tema tributario para tratar
de que el Congreso encuentre mecanismos que dejen permanente esas nuevas
fuentes de ingreso del sector de la salud.
¿Es decir que se va a conservar el espíritu de los decretos de la Emergencia
Social en el proyecto de ley?
Eso es lo que busca el Gobierno Nacional.
¿Y cuándo se presentaría el proyecto de ley?
Hay un mensaje de urgencia del Presidente (Álvaro Uribe) para que presentemos
el proyecto de ley al Congreso. Apenas esté listo lo haremos llegar a esa
instancia.
¿Pero este Gobierno si alcanzará a presentarlo?
Así lo vamos a hacer.
Cuando se decretó la Emergencia Social se habló que algunos procedimientos
médicos serían costeados por los pacientes, incluso con sus ahorros de las
cesantías o las pensiones. ¿Ya se estableció que pagarán los usuarios de su
bolsillo?
Lo que nosotros hemos planteado en forma clara es solicitarle al Congreso
derogar el artículo que tiene que ver con la utilización de las cesantías y de
las pensiones voluntarias. En esa parte el Presidente ha sido explícito de la
derogatoria de ese artículo.
¿Lo que quiere decir es que los usuarios no tendrán que pagar por algunos de
los procedimientos? ¿Quedará el Estado o las EPS como las responsables de toda
la prestación de los servicios de salud?
Ese es un tema que no se ha discutido y que no se ha reglamentado. Actualmente
los usuarios tienen que hacer algunos copagos o pago
de cuotas moderadoras. La verdad es que no se ha hablado de modificar esa
reglamentación.
Una de las fallas que se evidenciaron con la Emergencia Social es el alto
costo de los medicamentos que pagan el Estado, las EPS y las entidades de salud
a la industria farmacéutica. ¿Cómo se le está poniendo freno a esa situación?
Yo tengo la convicción que el sistema como sistema tendrá que buscar mecanismos
que permitan, sin poner en riesgo el acceso a los medicamentos o a los
servicios, que se corrijan las fallas que se presentan en el sistema para que
se mejore el recobro de medicamentos o de los insumos. Por ahora se están
haciendo mejores negociaciones, centralizadas, con más información y con más
instrumentos legales, gracias a la Emergencia. Sin ninguna duda podemos llegar
a tener un ahorro significativo de $400.000 millones ó $500.000 millones.
El Gobierno estima que los pagos por
consumo de cerveza y juegos de suerte y azar sumarán $593.000 millones en el
2011, mientras que los ingresos por cigarrillos y licores ascenderán a los
$220.000 millones. Estos impuestos fueron decretados en la Emergencia Social.
¿A la fecha han logrado esos ahorros en el pago de los medicamentos?
Sí, se han ahorrado cerca de $30.000 millones en la negociación de sólo tres
medicamentos, $30.000 millones anuales por haber negociado tres medicamentos de
forma directa.
¿Sigue latente el riesgo de quiebra de algunas EPS?
El gremio sigue muy angustiado y muy preocupado por la situación que podrían
enfrentar en caso que se cayera la Emergencia Social y así lo han expresado
públicamente.
¿Pero logró mejorarse la situación financiera de las EPS en el marco de la
Emergencia Social?
El Gobierno Nacional, cumpliendo con lo pactado, desde el 1 de abril, giró de
forma directa $230.000 millones a 18 EPS. De los $230.000 millones girados,
$101.000 millones fueron consignados a 18 de las 48 EPS del país, ya que estas
fueron las únicas que presentaron toda la información completa requerida para
estos giros. Los $129.000 millones restantes se giraron a 1.225 hospitales de
todo el país.
¿Se subsanaron las diferencias con el sector médico, que en su momento se
sintió agredido con los decretos de la Emergencia Social?
Yo creo que el sector de la salud ha venido conociendo con más profundidad y de
forma integral los alcances de los decretos. Siguen existiendo algunas
preocupaciones expresadas por parte de ellos como es el tema de las sanciones y
el Gobierno ha dicho que buscaría que el Congreso de la República derogue la
vigencia de los artículos de las sanciones a los médicos. El Presidente lo ha
dicho en público y en privado.
¿Cómo contribuye la Emergencia Social al cumplimiento de los mandatos de la
Corte que obliga al Gobierno a prestar los servicios de salud en iguales condiciones
para los colombianos, ya sea que estén afiliados en el régimen contributivo o
en el subsidiado?
Hoy en día once millones de personas menores de 18 años tienen el POS unificado
ya sea en el régimen subsidiado o en el contributivo.
Como producto de la Emergencia, en las ciudades de Barranquilla y Cartagena,
los usuarios de Sisbén 1 y 2 también tienen un POS unificado. Como resultado
encontramos una enorme satisfacción en Barranquilla por parte de la población
debido a la unificación en la prestación de los servicios de salud.
¿Y el país cuando tendría la unificación total de los dos sistemas?
Estamos estudiando la posibilidad de implementarlo en otras regiones.
Lógicamente estamos muy a la expectativa de lo que pase con la Emergencia
Social pero la idea del Gobierno es tratar de acelerar al máximo el sistema de
unificación en el país.
En pocas palabras
"El Gobierno está convencido de los avances que se han logrado en
cobertura en el país, en reestructuración de hospitales y en facilitar el
acceso la salud”.
"Para garantizar el acceso a la salud a la población ha sido necesario
tomar una serie de medidas, muchas de ellas en la Emergencia Social, para poder
dar sostenibilidad y mejorar la calidad y continuidad
de la atención de los colombianos”. Diego Palacio, ministro de la Protección
Social.
Diego Palacio Betancourt
Estado civil: casado con Monserrat Fernández. Padre
de dos hijos.
Profesión: médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Estudios: Master en Economía de la Pontifica Universidad Javeriana, con
especializaciones en Gerencia de Mercadeo y Gerencia de Recursos Humanos de la
Universidad de los Andes.
Trayectoria: asesor del Ministerio de Salud entre 1993 y 1994 y del Ministerio
de la Protección Social en 2003. Fue gerente de Mercadeo Social de RCN Radio.