Durante más de dos años, el país ha presenciado innumerables debates sobre
el estado de la salud en Colombia. Ya es tiempo entonces de saber qué va a
hacer el Estado para resolver la crisis de un sector y de un
servicio público esenciales para los ciudadanos y para una sociedad que
se precia de ser democrática.
Quizás no haya un sector que demuestre un progreso rotundo como el de la
atención en salud. Desde la perspectiva de su cubrimiento, basta reconocer que
hoy son más de 40 millones los colombianos que tienen acceso a la atención
médica, aunque se presenten problemas innegables y muchos hayan tenido que
apelar a la tutela para lograr que les atiendan sus males. Además, y pese a
dificultades innegables e inocultables, el servicio de salud de nuestro país
sobresale en el contexto internacional.
Ese es el lado bueno. El malo es que las finanzas públicas acusan la fatiga
del esfuerzo realizado en la última década para lograr esa cobertura. Hoy
existe un grave problema de recursos que tiene en estado grave las redes
hospitalarias, y falencias estructurales como no tener actualizado el Plan
Obligatorio de Salud, POS. Como consecuencia, la tutela sigue siendo el
mecanismo de miles de colombianos para lograr que los atiendan, en tanto las
enfermedades no incluidas en el POS se han convertido en un enorme desangre que
parece no tener fin.
También existe una crisis notoria en el modelo de la Ley 100 de 1993. Aunque
la participación del sector privado en la expansión del servicio de salud ha
producido resultados positivos, es innegable que el afán de lucro ha terminado
por desviar muchos recursos públicos de sus verdaderos propósitos. Con lo cual,
la especulación, la corrupción y los intereses de los inversionistas han
contribuido a la crisis del sistema. Más, cuando varias de las Empresas
Prestadoras de Salud, EPS, acusan serios problemas debidos en gran parte a las
limitaciones del Estado para cubrir sus obligaciones. Y en el medio están la
multitud de intermediarios que encarecen el servicio, así como la pérfida
influencia de factores políticos o especulativos en las EPS.
Por eso, el sistema de salud está en problemas y poco han servido las
medidas que se le aplicaron con la emergencia económica decretada para
enfrentarlos. Y se insiste en reclamar una reforma a fondo que aclare el
panorama. Frente a ese reclamo, el Gobierno empezó a dar puntadas sobre lo que
será su propuesta. Que empieza por la garantía de un nuevo POS y el
mantenimiento de la cobertura para 44 millones de colombianos. Y sigue por los
anuncios del Ministro sobre el fortalecimiento de la red hospitalaria y de los
controles a las EPS, ahora a cargo de la Superintendencia Financiera.
Ante esos hechos no puede decirse que el Gobierno no se ha movido para
resolver la crisis del sistema de salud. Pero es evidente que aún no hay una
ruta clara a seguir por el sistema en su conjunto. Además de los resultados en
el combate a la corrupción, el país aún espera las decisiones que acaben con la
intermediación y armonicen el ánimo de lucro de los inversionistas privados con
la obligación de prestar un servicio público.