El año pasado
se aprobó la Ley 1324, que reformó el Icfes,
especializándolo en la evaluación de la educación colombiana.
Creado en 1968, tuvo como finalidad "servir de órgano auxiliar del
Ministerio de Educación Nacional en lo relativo a la inspección y vigilancia de
la educación superior, otorgar asistencia técnica, económica y administrativa a
las universidades dentro del respeto a su autonomía legal, y prestar aquellos
servicios que sean necesarios". Es curioso que entre las funciones originales
no estuvo la evaluación, que ha sido su actividad de
mayor reconocimiento. En agosto de 1968, se aplicó la primera prueba de Estado
a un poco más de trescientos mil bachilleres, y desde entonces lo ha hecho de
manera continuada.
El desarrollo del sistema educativo dio origen a desarrollos y reformas que
fortalecieron gradualmente el Sistema Nacional de Pruebas, en tanto que se
debilitaron las funciones relacionadas con la Educación Superior. La Ley 30 de
1992 trasladó al Consejo Nacional de Educación Superior y al Sistema Nacional
de Acreditación competencias del Icfes y redefinió el
alcance de los exámenes de Estado. En el 2003 se modificó su estructura y se le
asignó como objeto fundamental la evaluación del sistema educativo colombiano
en todos sus niveles y modalidades, para propender a la calidad de la
educación, al tiempo que se creó el Viceministerio de
Educación Superior, trasladándole todas las funciones que desempeñaba en este
tema.
Hace poco se hizo la rendición de cuentas del primer año del nuevo
instituto, con resultados sorprendentes en lo que representa el patrimonio del
país en materia de diagnóstico de la calidad. Además de la conocida prueba que
presentan los bachilleres, se cuenta hoy con las pruebas Saber (para grados
básicos), los Ecaes (para la educación superior) y la participación en pruebas
internacionales como Timss, Pisa y Serce. Se ha avanzado de manera notable en un sistema de
información que permite a colegios y universidades saber el estado de sus
resultados académicos en comparación con pares locales, nacionales e
internacionales.
Este es un punto de partida fundamental para el diseño de políticas de
calidad. Sin embargo, la información generada por el sistema de evaluación
resulta subutilizada, ya que su aprovechamiento implica un esfuerzo de
investigación académica que permita profundizar no solamente en resultados,
sino sobre los procesos asociados a ellos. Las solas pruebas tienen el valor
del termómetro y otros instrumentos que permiten identificar la temperatura, la
tensión arterial o el conteo de leucocitos en una persona: si bien son
indispensables, por sí solos no dicen qué remedio necesita el paciente. Todos
los datos de los cuales dispone el país sobre su educación requieren una
interpretación que ayude a aproximar a los maestros y a los administradores,
tanto a los factores de éxito como a las causas de fracaso, con el fin de
encontrar los remedios pertinentes a la salud de cada institución. Pues bien,
la reforma le asigna ahora al Icfes la función de
"adelantar investigación sobre los factores que inciden sobre la calidad
educativa".
Esto abre nuevas oportunidades y desafíos a las universidades y centros de
investigación, para avanzar en el estudio de los factores determinantes de la
calidad. Nada puede ser más importante, especialmente cuando se abre la
discusión sobre las propuestas que los candidatos a la presidencia deben hacer
en esta materia. Lamentablemente a veces se tiene la sensación de que van
bastante a tientas. Para todos la educación de calidad es prioritaria, pero en
ninguno es muy claro cómo se irá a lograr. Hay asuntos financieros,
pedagógicos, organizativos, culturales... Pero pocos saben cómo inciden en los
resultados del proceso.
Por esto creo que la función investigativa del Icfes
debe convertirse en el principal eje de las políticas de calidad educativa de
los próximos lustros y ello requerirá de los recursos necesarios.
frcajiao@yahoo.com