180 procesos fueron encontrados con presuntas
adulteraciones y que iban a ser utilizados como acciones de conciliación contra
el Departamento.
La Gobernación del Valle del Cauca reveló que los 180 procesos
que fueron encontrados con presuntas adulteraciones y que iban a ser utilizados
como acciones de conciliación contra el Departamento, tenían a doce abogados
como sus apoderados.
El secretario Jurírido del Valle, Germán Marín
Zafra, explicó que los documentos fueron usados entre el 2005 y 2006 para
instaurar acciones de tutela y en esta oportunidad se les cambió el nombre de
la persona a la que iba dirigida, que en este caso era a la Procuraduría, y el
nombre de la acción, que pasó de ser de tutela a conciliación.
Igualmente, se se reveló que el Comité de
Conciliación estudió 79 de los procesos y sus apoderados eran los abogados Osman Hipólito Roa identificado con Cédula de Ciudadanía
19.384.581 de Bogotá y con Tarjeta Profesional 31571 del Consejo Seccional
Superior de la Judicatura y la señora Yeimi Soranyi Serrano Garzón identificada con el número
40.332.063, y tarjeta profesional 207273 del Consejo Seccional Superior de la
Judicatura.
El Secretario Jurídico advirtió que de haber resultado favorables estas
acciones para los demandantes, el Valle habría perdido $1.899 millones.
Las acciones, según se pudo establecer, iban dirigidas contra las
secretarías de Educación y Desarrollo Institucional por temas de contratación.
El gobernador Ubéimar Delgado sostuvo que “muchos
de esos doce abogados implicados en las adulteraciones de documentos eran exfuncionarios de la Secretaría de Educación y otros tienen
familiares allí trabajando. Ellos se están aprovechando de una información
privilegiada a la que tienen acceso”.
De otro lado, también denunciaron que hay una nueva demanda por cuenta de
tres contratos de concesión que fueron firmados para lograr la aprobación de
vigencias futuras durante la administración del destituido Juan Carlos Abadía.
Y aunque no se ejecutaron, el Departamento ya ha pagado casi $15.000 millones
entre los tres contratos.
“Aquí hay situaciones preocupantes”, dijo Marín Zafra, al
tiempo que explicó que el Departamento le perdonó multas a Reurvalle
(contratista) y “el aservo probatorio en este
proceso lo tenemos que pagar en un 50%. No es lógico que hayan traído a un exministro de Hacienda para que declare en contra nuestra y
haya que pagarle la mitad de sus honorarios. Esto quedó establecido a través de
común acuerdo”, precisó Marín Zafra.
El funcionario indicó que inicialmente los contratos de concesión fueron
suscritos durante la Administración de Abadía y terminados de común acuerdo y
de forma anticipada por Francisco Lourido.
El abogado Osman Hipólito Garzón, apoderado de
cerca de 79 procesos contra la Gobernación del Valle, le dijo a El País que
está reclamando los derechos de los trabajadores y serán los órganos de control
los que decidirán si es culpable o no.
“Tengo que interponer más demandas jurídicas contra el Departamento
por primas de servicios y no por eso podrán decir que estoy haciendo cosas
indebidas”, explicó.
Calificó de “poco irresponsable” al Secretario Jurídico “porque afirma que
hubo desfalco de casi $2.000 millones por pago de demandas, cuando yo no he
recibido un solo peso por esos procesos, salvo hace casi diez años por ser
apoderado de un profesor de Toro, Valle por unos salarios dejados de cancelar”.
Alegó que la Gobernacion está haciendo graves
sindicaciones. “Me están dañando la honra profesional de 30 años en los que
nunca he sido sancionado ni condenado a nada en este país”