Nueva polémica por
asesoría para la emergencia social
Redacción de El País y
Colprensa
Gobierno dice que contrato es de hace
doce años y se relacionaba con la Ley 100.
La Asociación
de Pacientes protestó ayer contra la Emergencia Social, frente al edificio de
la Corte Constitucional.
La celebración indebida de un millonario contrato de asesoría para la
elaboración de los decretos de la Emergencia Social fue denunciada ayer, siendo
éste el tercer contrato con presuntas irregularidades.
Se trataría de un contrato por US$63 millones ($125.000
millones) que tuvo como coordinadora directa a Teresa Margarita Tono, quien
figuró la semana anterior como la asesora que contrató el Ministerio de la
Protección Social para la redacción de los decretos de la Emergencia Social que
declaró el Gobierno Nacional a finales del año pasado.
La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades por Germán Vargas Lleras, candidato a la Presidencia, quien presentó un
documento del Ministerio de la Protección Social denominado ‘Programa de apoyo
a la reforma de la salud, Pars’, en la que se
evidencian la contratación y los logros de este proyecto que se hizo con
recursos del Banco Mundial y del Gobierno Nacional.
En uno de los apartes del documento se señala que las contrataciones tuvieron
lugar hasta el año 2006 y que unas actividades relacionadas con la difusión de
los proyectos y el fortalecimiento institucional irían hasta febrero del 2008.
El dirigente político insistió en decir que la presencia de la señora Tono es
muy cuestionable en el contrato, porque inicialmente aparece como la
coordinadora del programa, pero también fue subcontratada por la Asociación
Centro de Gestión Hospitalaria por más de $557 millones. Según Vargas, dicha
entidad tiene la principal participación en el contrato.
Para el candidato presidencial “esto es un despilfarro” del dinero que se debe
invertir en la salud y que se está entregando para asesorías millonarias y no
se cumple ninguno de los propósitos expresados en el contrato.
La semana pasada, Vargas Lleras denunció la
existencia de dos contratos que se firmaron para asesorar la expedición de la
Emergencia Social, en los cuales sobresalían beneficios financieros para el
Centro de Gestión Hospitalaria y la señora Margarita Tono.
Ante las graves denuncias, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio,
dijo que se trata de reformas muy distintas, pues el contrato de $125.000
millones fue para apoyar la reforma de la Ley 100 “y la Emergencia Social y la
sentencia de la Corte Constitucional son totalmente diferentes”. Además, señaló
que tales acusaciones son “desespero electoral”.
El funcionario añadió que envió una comunicación al Contralor General de la
República y al Procurador General, en la que expresa toda su disposición y la
de los funcionarios del Ministerio para que los contratos de los decretos de la
Emergencia Social puedan ser revisados.
El Ministerio publicó en su página web los contratos
para que puedan ser revisados por la opinión pública.
Inconformidad en Cali
Las comunidades médicas, la Personería de
Cali y académicos solicitaron ayer que sean derogados los decretos de
Emergencia Social para que pueda solucionarse la crisis que provocó la
declaratoria.
Ayer,
el presidente Uribe dijo que estaría de acuerdo si el Congreso deroga las
multas contempladas para los médicos, siempre y cuando sean ellos quienes
diseñen las guías y estándares de salud. Vea en www. elpais.com.co lo que opinan en Cali sobre los decretos de
emergen- cia social.
Durante un foro sobre el tema, que tuvo lugar ayer en el Centro Cultural de
Cali, el personero Manuel Torres aseguró que “el decreto violenta grosera y
abusivamente los derechos de los ciudadanos”.
En ese mismo sentido se pronunció Élmer Gaviria,
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien sostuvo
que la “única salida es la derogatoria y la convocatoria colectiva para crear
el sistema de salud del país”.
Jimeno Rojas, miembro de la Asociación de Cirujanos Plásticos del país, se
refirió a la autonomía médica y reclamó que la comunidad no haya sido tenida en
cuenta para crear los decretos.
“En cinco meses no se pueden hacer guías para tratar enfermedades catastróficas
y tampoco la actualización del POS. Decir eso es hacer una gran improvisación”,
dijo el médico.
Indicó que el Gobierno Nacional no tendría el dinero necesario para crear un
comité científico que pueda resolver los problemas de todos los pacientes que
lo requieran.
En pocas palabras
"El contrato fue firmado doce años antes de que estuviera el Gobierno del
presidente Uribe. La contratación para el aná- lisis
de la Emergencia se hizo con total transparencia”. Diego Palacio, Minprotección
Social.
Hechos del día
· En el marco del
foro La Salud en Emergencia, ex Presidente de la Corte Constitucional, Alfredo
Beltrán, acusó al presidente Uribe de obviar al Congrego y legislar para
expedir todo el paquete de decretos de emergencia.
· Allí, los
candidatos a la Presidencia por el Partido Liberal, Rafael Pardo, y a la Cámara
de Representantes, Simón Gaviria, acusaron a Juan Manuel Santos de ser el
culpable de la emergencia social. Según ellos, cuando Santos fue Ministro de
Hacienda lideró la reforma constitucio- nal de recorte a las transferencias, afec-
tando al sector de la salud en $5 billones.
· El presidente Uribe atendió a 16 personas en la línea de la Supersalud, que llamaron para exponer casos particulares donde se han presentado dificultades en la prestación del servicio de salud.