No hay plata suficiente para cubrir la salud de más de 73.000 presos, asegura EPS Caprecom

A pesar de que el contrato estaba vencido -por plata y tiempo- Caprecom ayudó a atender a los heridos del motín en La Modelo.

Si en 20 días no se aumenta el presupuesto, esa EPS, la única que, por Ley, puede prestar el servicio- se retira.

Médicos y enfermeras de la EPS estatal Caprecom ayudaron a atender a varios de los heridos del sangriento motín que, el 25 de mayo pasado, dejó tres muertos y más de 60 heridos en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Pero sus servicios fueron prestados de manera voluntaria, pues el contrato que la EPS firmó con el Inpec, para atender a la población carcelaria de todo el país, llevaba ya once días vencido.

Y, desde el 26 de abril, la EPS le notificó al Inpec que, tal como está, no puede renovar el contrato, porque es inviable financieramente y está dando pérdidas.

Aunque el tema se está manejando con prudencia a nivel de ministerios (el de Hacienda, Protección Social e Interior), EL TIEMPO tuvo acceso a varias comunicaciones del Inpec que dejan en evidencia la gravedad del asunto.

Entre otros puntos, Caprecom reclama que la UPC (unidad de pago por cada preso) que se le está girando está muy por debajo de los costos de los servicios que se presta.

El Inpec paga 311 mil pesos por cada preso, y Caprecom cree que para un servicio digno se requiere un promedio de 480 mil pesos por reo.

Además, la EPS dice que fue contratada para atender a 55.000 presos y hoy les presta servicios a 73.056, lo que genera sobrecostos administrativos de un 180 por ciento.

Arreglo parcial

A pesar de los reclamos y tras semanas de silencio, el Inpec envió una carta -con copia al Ministerio del Interior y a la Procuraduría- en la que le recuerda a Caprecom que -según el Decreto 1141 del 2009-, esa es la única EPS que puede prestarles el servicio a los reos y que el supuesto desequilibrio financiero no está sustentado.

Por eso, la conminó a firmar la prórroga inmediata del contrato, so pena de tomar medidas legales.

Pero la advertencia tampoco surtió efecto. Lo único que se ha podido lograr es una corta prórroga del servicio, que vence el 30 de junio. Y para que Caprecom la firmara, el Inpec le tuvo que reconocer servicios represados y el pago por la totalidad de la población atendida: 73.000 presos.

El instituto cedió porque -según fuentes de la cartera de Hacienda- es imposible contratar a otra EPS sin que se modifique primero el Decreto 1141 del 2009.

Modificación, contra reloj

Y aunque esto se logre, en plenas elecciones no se puede contratar a otra EPS, por las restricciones que impone la Ley de Garantías. Además, nadie aceptaría un contrato en las condiciones actuales.

Lo concreto es que Inpec, Caprecom y las carteras de Hacienda, Protección e Interior tienen 20 días para definir un marco jurídico y financiero que le dé sustento a un nuevo contrato.

Al respecto, el Inpec informó ayer que esperará a que se cumpla la prórroga para anunciar decisiones.

Por ahora, la cartera de Hacienda se inclina a que Caprecom siga, en mejores condiciones. Y, entretanto, la Defensoría del Pueblo ya llamó la atención del Gobierno sobre el peligro de que esta población quede desprotegida un solo día.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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