La Emergencia Social abrió el debate sobre el sistema de salud colombiano,
cuyos problemas graves habían sido permanentemente ignorados por el Gobierno y
desoídas las advertencias que desde distintos ámbitos se venían haciendo.
Sin embargo, desde las motivaciones de los decretos de Emergencia hasta las
respuestas del señor Presidente y sus ministros en los innumerables foros sobre
el tema, solo se le han dicho al país verdades a medias e informaciones
incompletas. El debate sobre la salud que realizó el Senado de la República el
pasado 6 de abril aportó temas críticos que han sorprendido a más de uno,
empezando por los ministros.
Este Gobierno quebró el sistema de salud colombiano, que hoy tiene un hueco financiero, no de 1 billón de pesos, como grita Minhacienda cada vez que puede, sino de entre 10 y 12 billones de pesos, o sea, 2 o 2,5 puntos del PIB. Y, lo más grave, es que, a menos que se produzca una gran revolución en el mercado laboral, de manera que la inmensa mayoría de los asalariados colombianos tengan un trabajo decente para que ellos y sus patronos contribuyan al sistema de seguridad social, pasarán más de treinta años antes de que desaparezca este inmenso déficit. Más aún, si continúa el modelo Uribe de crecimiento sin empleo y de confianza inversionista, este hueco puede llegar a 5 puntos del PIB en los próximos 20 años. Lo dice un estudio publicado por el FMI, ¡que el Gobierno desconocía!
¿Qué pasó? Que el señor Presidente tomó decisiones que no respaldó con recursos. Desde que llegó al poder, disparó la afiliación de colombianos al régimen subsidiado de salud, loable decisión, pero que exigía o generar empleo formal, o cambiar el esquema de financiamiento de la salud sustentado en el crecimiento de los afiliados al régimen contributivo.
Además, durante estos 8 años, el Gobierno no le pagó al sistema 6 billones de pesos por el llamado pari passu, un peso por cada peso que aportan los del régimen contributivo, y recortó 10 billones de pesos a los entes territoriales entre el 2006 y el 2009, que son los que pagan la salud de los pobres. Es decir, aumentó dramáticamente los beneficiarios de la salud gratuita, pero estranguló financieramente al sistema.
Como si esto fuera poco, decidió en el 2004, y sobre todo en el 2006, liberar los precios de los medicamentos, lo que disparó los llamados recobros. Ni Minprotección, ni Minhacienda ni Planeación Nacional sumaron. A propósito, no es verdad que las tutelas quebraron a las EPS, a los hospitales y al sistema; solo representan el 5 por ciento de los recursos del contributivo y el 0,4 del subsidiado.
Hoy, el sistema no es ni universal ni equitativo. Tener carné no es garantía de igual acceso a servicios y menos a igual calidad. Los pobres son el 54 por ciento del sistema, pero reciben el 58 por ciento de los servicios de los que pagan, y algunos solo logran el 25 por ciento. ¿Es equitativo darles menos servicios y menos gasto a los que más lo necesitan, los pobres? Pero el gran vacío de la discusión había sido hasta ahora lo que le pasa a la gente. Con más de 32 billones de pesos que recibe este sector por año, han aumentado la malaria, el dengue, la desnutrición infantil y se viven hoy vergüenzas como el incremento de la sífilis congénita y la tuberculosis, que devuelven a Colombia al siglo XIX. La mortalidad materna es cuatro veces la de Chile y tres veces la de Cuba, cuando el 91 por ciento de los partos se atienden institucionalmente. Crecen el cáncer de mama y de pulmón y las enfermedades del corazón, entre muchas otras.
No pierdan más tiempo. Los decretos de Emergencia son un parche y algunos
agravan la crisis. Paguen ya lo que le deben al sistema, con decisiones
administrativas pongan en cintura a las EPS y los medicamentos y preparen la
misión que estudie seriamente la salida estructural a la grave situación de la
salud.
cecilia@cecilialopez.com