Niñez en Emergencia

Convenio de los derechos del niño:20 años

Se cumplieron dos décadas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, convirtiéndose hasta el día de hoy en el instrumento más importante de la historia sobre los derechos humanos de los niños. A pesar de ser el tratado con mayor número de ratificaciones por la comunidad internacional en el más corto tiempo, el esfuerzo de muchas naciones sólo llegó hasta su ratificación sin avanzar y propender por su efectiva aplicación.

Colombia lo incorporó a través de la ley 12 de 1991, hace 18 años, momento desde el cual, sin más, el país tenía la obligación de diseñar una política pública concreta, duradera y sostenible que garantizara la “protección integral” de nuestros niños, entendida esta como el reconocimiento, prevención y reestablecimiento de sus derechos, pero de dicho objetivo solamente se toma una verdadera conciencia desde finales del año 2006 con la expedición del Código de la Infancia y la adolescencia, es decir, 15 años de atraso que nos llevan a estar lejos de alcanzar los ideales que allí se plasman y a los cuales el país se comprometió.

No obstante lo anterior, la garantía de los derechos fundamentales de los niños no son de la exclusiva responsabilidad del Estado; los niños son responsabilidad de los padres y a estos les compete proveerles las mejores condiciones para su desarrollo; son responsabilidad de la escuela, que debe cuidarlos, estructurar su pensamiento y, de manera inexcusable, denunciar cuando observe una situación de vulneración o amenaza; son responsabilidad de la comunidad, quien debe proveerles condiciones de seguridad y solidaridad, además de ser vigilante de su bienestar y denunciar cualquier acto que vulnere sus derechos. Los niños también son, entre otros, responsabilidad de la autoridad ante quien se denuncia responder de manera obligatoria, inmediata y efectiva la garantía en el reestablecimiento del derecho.

En algunos temas podemos decir que se han registrado progresos, de manera lenta, para las apremiantes necesidades de los niños, pero mientras no se llegue al convencimiento de la prioridad de disponer no solo de recursos financieros sino de una verdadera voluntad de ofrecer a las nuevas generaciones una vida en condiciones de dignidad y amor, continuarán pasando décadas y la brecha entre esta realidad y la que nos ofrece ese hermoso catálogo de derechos, como lo es la Convención de los Derechos del Niño, nunca se acortará.

Se educan con gran esfuerzo

Hacinamiento, deserción y ausencia de maestros oscurecen el panorama educativo en las zonas más olvidadas del país. Hay, sin embargo, situaciones de éxito en cobertura y calidad, pero siempre en las principales ciudades.

Gonzalo dormía en el último camarote de la habitación. Para llegar hasta allá debía gatear sobre las camas ajenas, donde casi por arte de magia pasan la noche 46 estudiantes. Es un dormitorio estrecho, sin ventilación.

La temperatura supera los 35 grados y solo unas rejillas en los muros permiten la circulación del aire húmedo de la selva y la respiración cálida de los adolescentes.

“Era bien incómodo”, recuerda el joven ticuna. “Y es injusto el hacinamiento”, completa Amalia Ramírez, directora del internado al que asisten unos 300 estudiantes de seis comunidades del trapecio amazónico. “Pero –dice– es más injusto dejar a los muchachos sin estudio”.

Gonzalo tiene 21 años y un enorme deseo de estudiar, que le sirvió para sobrellevar esas dificultades logísticas en el internado de Nazareth, a dos horas de Leticia en lancha. Es más o menos el mismo tiempo que tarda el camino entre su pueblo y el colegio, un recorrido que lo hizo alejarse durante años de las aulas. Su familia, como muchas otras, no pudo costear el transporte.

Por problemas económicos, “los niños en mi comunidad se quedan en segundo o tercero de primaria”, lamenta.

Solo en su colegio, el 10 por ciento de los jóvenes se retiraron de clase antes de terminar este año y, según el Ministerio de Educación, fueron 1.623 amazonenses los que descartaron la escuela en el 2007, el último año del que se tiene registro.

Para escapar de ese destino que ya le había tocado a él años atrás, Gonzalo se presentó en el internado al mismo tiempo como estudiante y trabajador. Y solo así, encargado de la huerta, el cuidado de los animales y el aseo, y sin posibilidad de ir a su casa en fines de semana ni vacaciones, logró, hace un mes, graduarse de bachiller.

“Siempre quise seguir estudiando y esa era la única forma de continuar”, dice con una sonrisa que marca dos hoyitos en sus mejillas cobrizas, una expresión que mantiene al revelar su próximo sueño: estudiar más y más.

Si el niño no va a la escuela...

Aunque Alan nunca había pisado un salón de clase, ahora está más entusiasmado que nunca, sobre todo con las matemáticas. Esto, gracias al proyecto ‘La escuela busca al niño’, una iniciativa que trata de persuadir a los pequeños para que ingresen o se reintegren a una institución educativa en Santa Marta.

Él llegó al colegio después de que líderes comunitarios llegaron a su casa y hablaron con Angélica, su madre, sobre la iniciativa. Ella, esperanzada, aceptó y, tras un proceso de adaptación, el niño empezó su preescolar. Como Alan, se espera que en febrero próximo mil niños y adolescentes estén recibiendo educación.

No obstante, en esta ciudad aún hay 18.000 niños fuera del sistema educativo, según datos de la Alcaldía.

Creció y estudió entre la basura

Dubán vivió 10 de sus 11 años en una casita improvisada de madera y cartón en ‘El Morro’ del barrio Moravia, antiguo botadero de basura de Medellín.

El camino que había entre su casa y la escuela era un tapete que dispusieron los vecinos como un ‘lujo’ para evitar el contacto con los desechos.

Pero entre el reciclaje y los domicilios, a Dubán se le pasó el tiempo para estudiar. Igual que a sus 9 hermanos y al 78 por ciento de los habitantes del barrio que se quedaron en la primaria.

Él va en tercero y no disfruta la escuela. Pero “mi mamá me manda de todas maneras”, dice. Porque ella, aún analfabeta, sabe que ese es el camino que los sacará de la basura y la pobreza.

Reciben clases en medio del agua

En Lorica (Córdoba) los pupitres flotan en las aulas dos o tres meses cada año y al final de las lluvias no todos vuelven a clases.

Por eso, las escuelas y Unicef crearon un modelo colaborativo para que los niños participen en la recuperación de la infraestructura y no se queden en sus casas.

Ahora toman las vacaciones entre agosto y septiembre –temporada invernal– y estudian los días festivos para recuperar tiempo.

Pero, además de los desastres naturales, esta comunidad enfrenta dificultades de acceso por la calidad de sus vías. Muchos llegan después de caminar 10 kilómetros o se transportan en bicicleta, burros, motos y hasta en lanchas, cuando los caminos se convierten en ríos.

Algunos de los pequeños solo cuentan con el refrigerio que reciben en la escuela, como única comida del día.

Salud

La geografía y el conflicto, barreras para vacunar

Hace unos meses, una vacunadora del Chocó fue asesinada cuando cumplía su labor. A otros vacunadores, les roban los insumos, los equipos y la gasolina cuando van a cumplir su misión de inmunizar a los niños.

“A veces llegamos a vacunar y la población se ha desplazado por diferentes motivos y esto dificulta el trabajo, pero aún así seguimos vacunando”, afirma Martha Patricia Velandia, coordinadora del PAI del Ministerio de la Protección Social.

Dificultades geográficas, presencia de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado, trámites administrativos y falta de interés de ciertos alcaldes son algunas barreras que impiden completar el esquema de vacunación de los infantes menores de 5 años.

A octubre de este año, se han vacunado en el país 651.398 niños menores de un año de los 679.358 que deberían estarlo a esta fecha, según cifras del Minprotección, es decir, quedan pendientes 27.960 infantes.

La cobertura promedio de vacunación pasó del 81 por ciento en 2002 al 92 por ciento en el 2009 –la meta es del 95–, pero en Chocó es del 60 por ciento.

“Hay lugares donde llegamos en tres días, por trochas y ríos y, aun así, hacemos todo lo posible por vacunar a los niños”, dice Corina Klinger, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Chocó.

Otras regiones con rezago en cobertura de vacunación son Vichada, Guanía, Vaupés, Amazonas y Guaviare, por factores como la dispersión geográfica y la falta de acceso a los servicios de salud, entre otros.

Departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander y Casanare tienen buenas coberturas, al igual que Bogotá, la primera ciudad en garantizar el acceso universal a las vacunas contra el rotavirus, hepatitis A y el neumococo.

Trabajo Infantil

Propinas y oro, en lugar de estudio y diversión

Caminar dentro del Mercado de Bazurto, en Cartagena, es como deambular dentro de un laberinto. La única diferencia es que, en vez de encontrar paredes de concreto, se ven muros de gente y, en medio de ellos, niños que cargan frutas, verduras y pescados.

Afuera, los pequeños caminan descalzos sobre la tierra caliente, empujando carretillas de un lado para otro con las compras de los clientes de la plaza. Lewi es uno de ellos. Tiene 11 años y, desde que estaba en el vientre de su madre, al igual que sus hermanos, ha tenido que vivir en medio del olor nauseabundo del pescado y, en ocasiones, dormir en medio del carbón que vende su mamá.

De acuerdo con Jorge Redondo, director del ICBF en Bolívar, en este lugar se concentra el mayor número de niños trabajadores de la ciudad.

“El 60 por ciento se dedica a las ventas, el 40 restante son bicitaxistas y ayudantes del servicio público y doméstico”, dice.

La minería es otra de las áreas que atrae a los niños, en el sur de Bolívar. La carencia de oportunidades y de vías de transporte hace que ellos, al igual que sus padres, vean en este campo la salida más fácil para sobrevivir.

“Es una situación muy cotidiana, pues hay minas hasta en el patio de la casa; cualquiera hace un hueco buscando minerales preciosos y los niños están en una situación difícil”, asegura Dilia Ruiz, representante del Ministerio de la Protección Social en el Comité departamental de la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Niños que trabajan, más que pobreza

“Es preocupante cómo para una problemática tan grande en Cartagena sólo se tengan contratados 50 cupos, por parte del ICBF, para la atención”, dice Dilia Ruiz, representante del Ministerio de la Protección Social. Pero, añade que el sector privado y ONG trabajan para atender a los niños.

Cifras oficiales del 2008 estiman que en el país más de dos millones de menores trabajan; de ellos, 961.507 realizan oficios domésticos por más de 15 horas a la semana. La agricultura y el comercio son los sectores que más trabajadores registran, según estadísticas del Dane del 2007.

Liliana Obregón, coordinadora del Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil, de la Oficina Internacional del trabajo (OIT), sostiene que la condición de pobreza no es necesariamente la principal causa del trabajo infantil, sino que hay un factor cultural asociado, pues las familias consideran que es favorable que los niños aprendan a trabajar desde una edad temprana.

Explotación Sexual

Niños que se venden tras la muralla

Era casi la medianoche en Cartagena. La Ciudad Amurallada, después de un puente festivo, todavía albergaba una modesta cantidad de turistas que recorrían las estrechas calles, disfrutaban el fresco de la noche, contemplaban los atractivos históricos y la arquitectura colonial, mientras los vendedores se abalanzaban sobre ellos para ofrecerles un sinnúmero de recuerdos de la ciudad que iban desde alhajas y camisetas hasta estatuas de la India Catalina y todas las variedades imaginables de dulces de coco. También promocionaban visitas guiadas por los lugares más representativos con los tiquetes listos para partir temprano al día siguiente hacia Barú y Playa Blanca. Y, así como algunos sacaban provecho a la cultura que esta ciudad tiene para mostrar, otros servían de intermediarios para explotar sexualmente a niños y adolescentes.

Un vendedor de las réplicas de las esculturas más famosas de Botero parecía ser el más indicado para dar información acerca de este tema. Después de escuchar la pregunta no se sorprendió, pero tampoco quiso dar una respuesta y se apartó del lugar. Sólo fue un intento y otro más: un hombre que reposaba sobre un solo pie en una esquina de una calle casi solitaria. Parecía no saberlo, pero se acercó a la ventana de un taxi y, en medio de murmullos, le hizo la petición al conductor.

El taxista aseguró que podía localizar a un par de ‘pelados’ e incluso, se ofreció para unirse al ‘plan’. Bastó con hacerle una llamada a su celular y en menos de una hora llegó con un joven que no superaba los 16 años y que impregnaba el ambiente con su colonia juvenil. Hablaba con cierta timidez. Decía que su madre no sabía lo que estaba haciendo en ese momento y que estaba allí por curiosidad, placer y plata, porque si el ‘negocio’ se hubiera cerrado, él habría cobrado unos 250.000 pesos. Claro, negociables. ¿Y la novia? Asegura que le da algún remordimiento, pero que aún sigue con ella y que no se va a enterar.

Esta es una de las modalidades más frecuentes de la explotación sexual infantil asociada al turismo. Aunque aún hay niños que se ofrecen en las calles, la clandestinidad es el común denominador, después de las denuncias que visibilizaron la problemática y de los programas implementados por las autoridades cartageneras.

Otros recursos que se emplean en este ‘negocio’ son las ‘prepago’, las páginas de Internet y los catálogos con fotos de niños y adolescentes.

“Si te paras en una plaza tradicional, puedes encontrar niñas que se ofrecen con discreción”, dice Jaime, un cochero que trabaja en la Ciudad Amurallada.

“Esta ciudad está cochina en todos los estratos”, dice un ex proxeneta que conoce la problemática, y que asegura que, a pesar de todas las campañas de prevención y erradicación, los explotadores pagan mucho dinero para no ser detectados.

A esto se le suma la indiferencia y el miedo de los ciudadanos de denunciar. Precisamente, Jorge Redondo, director del ICBF de Bolívar, dice que solo se reportaron en el instituto 15 casos de denuncias, entre enero y agosto de este año, en Cartagena.

Esto contribuye a que no exista un número exacto sobre casos de explotación sexual infantil, aunque se calcula que en Colombia hay más de 30.000 menores en esa situación, una cifra que se ha incrementado dramáticamente los últimos años, según ‘Escenarios de la infamia’, una investigación publicada por la Fundación Renacer, la Fundación Antonio Restrepo Barco y Plan por la Niñez.

Estas instituciones, junto a Unicef, ICBF y la Alcaldía de Cartagena, trabajan para erradicar la explotación. Precisamente, desde julio se implementó el programa La muralla ¡Soy yo!, cuyo lema se basa en la idea de convertir a los cartageneros en murallas para proteger a niños y jóvenes.

La problemática en cifras

Actualmente, las denuncias por explotación sexual se discriminan en tres motivos o categorías: la primera, por prostitución infantil, de la cual se han recibido 408 denuncias este año, en el país; por pornografía infantil, que cuenta con 49 denuncias y por turismo sexual infantil, 21 denuncias. Cifras que acumulan un total de 478 denuncias, según ICBF.

En jornadas de búsqueda activa durante el año 2009 se han encontrado víctimas con edades desde los 9 años en adelante; si comparamos con años anteriores, las edades del año 2006 al año 2009, oscilaban entre los 12 y 14 años de edad.

Durante el 2008, de acuerdo con el Dane del 2007, los cinco departamentos que más registraron denuncias de este tipo de delitos fueron Bogotá, con 58 casos, Antioquia, 37; Cundinamarca, 36; Atlántico, 34 y Quindío, 27.

Conflicto Armado

Les prometen celulares y motos para ‘irse a la guerra’

Por un celular con cámara, una indígena Nasa de 16 años estuvo a punto de abandonar su resguardo para engrosar las filas de la guerrilla. Tan pronto los miembros de su comunidad se percataron del hecho, hicieron ‘minga’ para reclamarla.

Otras son enamoradas por los actores armados para convertirlas en informantes y así mantenerlos al tanto de lo que hace ‘el enemigo’.

“Hemos tenido niñas muertas por este hecho... En otros casos, los grupos ilegales reclutan a nuestros jóvenes prometiéndoles motos y remuneración económica, así como poder por medio de las armas y de los uniformes”, dice un líder indígena del Cauca.

A Karen, una niña indígena nasa de 13 años, le pintaron una vida guerrillera maravillosa cuando tenía 11: a cambio de contarles los movimientos de policía y ejército, ella conocería muchos lugares, entrenaría en el monte y recibiría plata. “Debía decirles cuáles eran las novias de los policías”. Ella llegó a las Farc para huir de la mala relación que tenía con su padrastro. Quería vengarse de él.

Al comienzo, combinaba el estudio con ‘labores de inteligencia’, eso sí, a escondidas de su mamá. “Me gastaban pero no me pagaban… Tenía que decirles cuáles eran las novias de los policías”, cuenta.

Su caso es el de muchos jóvenes que no tienen un hogar amoroso, orientador y unido que impida que huyan a la vida armada para buscar refugio.

“Problemas familiares y de pareja, así como ausencia de proyecto de vida, los llevan a vincularse a estos grupos”, relata un joven indígena del Norte del Cauca.

“Por medio de pasacalles, pancartas y otros medios tratan de envolverlo y darle una visión que no es”, cuenta otra joven nasa.

El 80 por ciento de los niños y adolescentes que se han vinculado a los grupos al margen de la ley lo han hecho forzados por una circunstancia de su contexto personal o familiar, indica Beatriz Linares, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento.

“Donde hay altos índices de violencia intrafamiliar y violencia sexual hay un factor de vulnerabilidad que expulsa al niño a vender su cuerpo o a ser explotado por grupos al margen de la ley”, agrega. En los últimos 10 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf ha atendido a 4136 niños y jóvenes desvinculados de los grupos al margen de la ley en hogares gestores, tutores, transitorios e instituciones de protección.

La edad promedio de vinculación a estos grupos ilegales es de 13 años. La mayoría apenas ha cursado la primaria. Dos años es el promedio de permanencia en la agrupación ilegal, indica Ingrid Rusinque, subdirectora de intervención directa del Icbf.

“Al programa están ingresando, en promedio, entre los 15 y 17 años. por los testimonios de los niños y jóvenes desvinculados en estos 10 años, se sabe que el 56 por ciento pertenecieron a las FARC, el 25 a las autodefensas, el 14 al ELN y el porcentaje restante a otras agrupaciones delictivas”, indica Rusinque.

Más del 80 por ciento de los menores de edad huyeron de la vida armada por las condiciones difíciles que debieron afrontar, puntualiza la funcionaria.

Entorno protector

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -Acin- está trabajando para proteger a sus jóvenes por medio de proyectos productivos, escenarios lúdicos y programas de educación a las familias. En alianza con UNICEF y otras instituciones están construyendo un enfoque de paz y convivencia en el que les brindan herramientas para crear proyectos de vida, descubrir sus talentos y reforzar su cultura.

Con charlas, capacitaciones y trabajo en producción agrícola, especies menores y artesanías, entre otros, se forja en el joven la idea de que puede surgir, a pesar de las dificultades económicas.

La transformación cultural del entorno familiar es un aspecto importante para proteger a los niños y adolescentes, agrega Beatriz Linares. En este sentido, se busca detectar a tiempo la violencia intrafamiliar para atacarla y prevenir que el joven acuda a los grupos ilegales para huir de las dificultades que vive en casa.

Retorno a casa

Cuando un joven indígena regresa a casa después de haber estado en un grupo ilegal, los Nasa lo reciben con propuestas de tipo productivo que les permita sostenerse en el tiempo. “Consideramos que debe haber un proceso de remediación y armonización… si bien podemos recoger a las personas que vienen de estos grupos, es necesario que haya armonía en la comunidad y en la familia para incorporarlas “, cuenta Rodolfo Pircué, coordinador del proyecto ‘recomponiendo el camino de vuelta a casa’.

“Esta es una propuesta creada desde los nasa y no implica solo volver a casa, sino que los miembros del hogar que lo reciben lo acojan, lo acompañen en su proceso y fortalezcan los lazos afectivos”, dice Kelly G. Valencia Calambás, sicóloga del proyecto.

Además de lo anterior, se involucra al joven en actividades y trabajos comunitarios, mingas y espacios de participación juvenil donde se sienta importante y valioso.

Madres Adolescentes y Natalidad

Embarazo temprano por cultura y falta de proyección social

Un ventilador pequeño escupe el viento que se mueve casi inadvertido por la casa. Nicolás Miguel corre descalzo, apenas cubierto por una pantaloneta, mientras su abuela barre la sala y ve el noticiero.

El pequeño tiene 3 años y su mamá, Marilyn Barros, 18.

Hoy el pequeño es la alegría de sus abuelos, aunque el rechazo fue la primera reacción ante el anuncio de su llegada.

Salir a la calle significaba para esta joven enfrentar las miradas inquisidoras y tener que responder ‘no’ ante las propuestas de que se “lo sacara”.

“Así como decidí tener mi vida sexual, debía responsabilizarme de mi hijo”, dice Marilyn.

Hoy, ella hace parte de un club juvenil impulsado por el ICBF que tiene el fin de formar para la sexualidad, hacer prevención en drogadicción y fomentar actividades lúdicas para aprovechar el tiempo libre.

En La Guajira, el tema del embarazo adolescente está mediado por la cultura indígena. Si la primera dificultad es el desierto que irrumpe la geografía, la segunda son sus arraigadas costumbres, que apenas abren paso a la anticoncepción.

También es una cultura en la que, según la trabajadora social Clara Brito, la masculinidad se mide por el mayor número de hijos que tenga un hombre. Además, como dicen en las rancherías, se han ‘occidentalizado’ para darle paso a comidas hechas a base de harina y salchichón, que no les permite tener un embarazo en buenas condiciones.

La falta de autoestima

Pero el cultural no es el único factor que provoca la maternidad temprana en la Guajira y tampoco en el resto del país.

Son aún más preocupantes los embarazos que se convierten en un forma de cambiar de vida o que son resultado de abuso sexual, esto en el caso de niñas entre los 10 y los 14 años. “La falta de proyecto de vida y de autoestima contribuyen a que los jóvenes busquen tener un bebé de forma temprana”, dice el secretario de Salud de Bogotá, Hector Zambrano.

En Bogotá, en el primer semestre de 2009, se registraron 278 nacimientos de bebés de niñas entre 10 y 14 años, mientras que en las adolescentes de 14 a 19 fueron 10.255.

Un adolescente con oportunidades educativas y que en su casa tiene amor, protección, supervisión, cuidado y buen ejemplo, no busca en el embarazo una opción de vida, ratifica Redpapaz.

Las mayores incidencias de embarazo adolescente en Bogotá, al año, son en Ciudad Bolívar (3.000), Kennedy (2.700), Bosa (2.400) y Suba (2.200).

NATALIDAD

En Bogotá, Antioquia y Valle nacen más niños

Ser madre a edad temprana no era parte de su proyecto de vida, pero Lina debió asumir este rol a los 15 años. Su prioridad dejó de ser solo el estudio.

“Fue algo muy duro. Nunca pensé en abortar ni en dar a mi bebé en adopción, aunque algunos me dijeran que no iba a ser capaz de responder económicamente por él. Mi mamá me apoyó en la decisión de seguir adelante con mi embarazo”, cuenta la joven.

Su pareja de entonces la ayudó por un tiempo y luego la dejó sola. Después del nacimiento de Laura, Lina comenzó a trabajar para ayudar con los gastos de la niña.

En Bogotá nacen al año cerca de 122.000 bebés. Las localidades donde hay más nacimientos son Suba (14.000), Kennedy (13.000), Engativá (12.000) y Ciudad Bolívar (10.800). En esta última, el hospital de Meissen registra la mayor cantidad de nacimientos al mes en la ciudad: 500.

De centro de salud que prestaba los servicios de consulta externa, vacunación, odontología, urgencias, maternidad y laboratorio clínico, pasó a ser Empresa Social del Estado (ESE) en el año 90 y en el 2007, debido a la alta demanda que presentaba, amplió su oferta. Se compraron 18 inmuebles para responder a las necesidades de más de dos millones de habitantes de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Bosa.

Hoy cuenta con una unidad de cuidado intensivo neonatal, dos salas de parto, una sala de cirugía para ginecoobstetricia, cuatro cubículos para partos de alto riesgo y 246 camas para hospitalización.

Saneamiento Básico

Pueblos sin agua, niños enfermos

Municipios del norte del Cauca, a media hora de Cali, no tienen agua potable, alcantarillado o recolección de basuras. Los niños tienen hongos, diarreas y afecciones respiratorias.

Las gallinas picotean con parsimonia entre una tierra blanda, hecha masa por lagos de agua blanca empozada; basta acercarse unos metros para percibir el olor a porqueriza. Sin embargo, quienes habitan el lugar son familias que emplean los patios de sus casas para depositar las aguas negras de sus baños, cocinas y lavaderos. En medio de las zanjas putrefactas, los niños corren descalzos hacia la calle o se asoman tímidamente para escudriñar a los visitantes. Es la vereda La Cabaña, en zona rural de Guachené, en el norte del Cauca, región que históricamente ha carecido de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico.

A pesar de que cuentan con un acueducto, el agua escasea la mayor parte del año y cuando llega, las llaves sueltan un líquido oscuro, que apenas sirve para descargar los sanitarios, cuando tienen, pues el 20 por ciento de la población hace sus necesidades a campo abierto.

Modificar sus vidas

En el Colegio Ecológico Veredas Unidas Barragán, en zona rural de Guachené, la profesora María Jacinta Balanta dice con un aire de inconformismo que “viven de berracos”, pues hasta el refrigerio se pierde porque no hay cómo prepararlo. Por esa razón, las jornadas se reducen casi tres horas diarias. “Sin embargo, los recibos de agua sí vienen puntualmente”, dice.

Y la historia se repite en Villa Rica, Puerto Tejada y zonas rurales de Santander de Quilichao y Corinto. Jonny Campo, promotor social, dice que lleva “año y medio” sin recibir agua en su casa.

Ana Clemencia Mena, coordinadora del hospital de Guachené, asegura que atiende con frecuencia niños con enfermedad diarreica aguda, patologías respiratorias y problemas en la piel, como el de Edwin Ulabarri, de 8 años, que tiene un hongo en la cabeza.

Una esperanza

Los alcaldes de Villa Rica, Guachené, Santander de Quilichao, empresas privadas y Unicef trabajan por sacar adelante un proyecto que traerá agua potable para el 2011.

Incluirá contadores, para que cada familia pague exactamente su consumo. Además, impulsan la conciencia de ahorro e higiene en la vida cotidiana de los pobladores y persisten en la cultura de pago, pues como ejemplifica Are Aragón, alcalde de Villa Rica: “Todos mis votantes creerán que no deben pagar por el servicio”.

Pero ante un anuncio de mejoría, dice el alcalde de Corinto, Gilberto Muñoz, “la población pregunta: ¿cuánto me van a cobrar? Yo les aseguro que un buen servicio cuesta, pero debido a las dificultades económicas ellos argumentan que prefieren seguir recogiendo el agua de las mangueras”.

Abuso Sexual

Los abusadores son padres, padrastros y conocidos

Cada año se presentan alrededor de 17.000 denuncias de abuso sexual infantil, que corresponden al 85 por ciento de los casos.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2008 hubo 16.120 dictámenes sexológicos y las niñas de 10 a 14 años fueron las más afectadas (31.5 por ciento) y en los niños, los de 5 a 9 años (36,8 por ciento).

“Aunque la gente está denunciando más, la mayoría de los casos se queda en la impunidad y es un desgaste enorme para la justicia y para la familia de los niños, específicamente para las madres que denuncian”, afirma Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

La falta de tiempo para producir y buscar pruebas está afectando el curso de las investigaciones, según Cuadros. Es la palabra de la víctima contra la del abusador sexual.

La vivienda es el escenario donde se presenta con más frecuencia este abuso y en el 80 por ciento de los casos, los abusadores son familiares o conocidos del niño.

“Es preocupante que la sola versión del niño no sea suficiente, porque cuando hablan de abuso hay que creerles y a veces su testimonio no basta. Además, algunos abusadores están argumentado que las madres se inventan el abuso sexual para alejarlos de sus hijos, y así evadir su responsabilidad” explica la abogada María Eugenia Gómez, especialista en derecho de infancia y de familia.

Maltrato Infantil

Golpes y pellizcos desde que son bebés

En agosto pasado, Tomás y Andrea, de 7 y 9 años, dos niños de estrato 4, pasaron a protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pues en casa no podían garantizarles un ambiente sano para crecer.

La niña mostraba signos claros de ansiedad y depresión, mientras que su hermanito había perdido el control de esfínteres y tenía problemas de atención, según los sicólogos que los atendieron.

El dictamen: abuso físico y emocional sobre ellos.

“En el colegio me decían que Andrea vivía con dolor de cabeza y que lloraba por todo y que el niño tenía el autoestima por el piso…Me preguntaron qué les pasaba”, narra Gerardo, el padre de los niños, quien no vivía con ellos.

Él, –dice– cansado del maltrato emocional y físico de la madre hacia sus hijos, que se agudizó tras la ruptura de su relación con ella, decidió buscar ayuda profesional.

“Les pegaba con chancletas, les daba patadas, les decía groserías… En una ocasión, cuando todos estábamos presentes, ella amenazó con cortarse las venas”, cuenta.

Después de la valoración hecha por diferentes expertos, entre ellos especialistas de un hospital de Bogotá, donde los menores recibieron atención médica, Bienestar Familiar intervino y decidió retirarlos de su hogar.

Gerardo pidió la custodia temporal de los pequeños pero se la dieron a su hermano, quien actualmente los cuida, pues los niños no querían estar con su padre. “Esto es porque la mamá los manipula y les vendió una imagen mía que no es”, asegura.

El maltrato infantil está generalizado en todas las edades y estratos. La agresión física, la sicológica y la negligencia son sus formas más frecuentes, según el ICBF. La primera va desde pellizcos, palmadas y patadas, hasta quemaduras y fracturas.

“Estamos viendo pequeños maltratados desde los primeros días de vida. De 180 cupos que tenemos en un centro de recepción de niños, 40 son para bebés y permanecen llenos”, afirma Leyla Benavides Garzón, abogada especialista en derecho de familia y administrativo, de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Desidia, pañalitis, desnutrición y piojos los afectan.

Según Bienestar Familiar, durante el 2008, las regiones que reportaron mayores denuncias de maltrato fueron Bogotá, Valle, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico.

Choco: hambre y dolor

En el Chocó se hace fiesta cuando un niño se muere. Nadie llora. Cuando un niño chocoano se muere, se va para el cielo: es un esclavo menos y un ángel más. Esta es una de las creencias populares con las que Edwin Herrera, un sacerdote antioqueño que lleva seis años trabajando en esa región, tiene que convivir.

Por eso, según él, muchas familias sienten alivio cuando saben que su hijo no estará más en este mundo para aguantar sufrimientos.

“Ahora, los niños están sometidos a una esclavitud ideológica, porque los condenaron a no tener futuro”, relata el religioso, párroco del corregimiento de Tutunendo (Quibdó) al explicar que el abandono estatal y la falta de oportunidades no les permiten ver más allá de su miseria.

“Hace mucho el pueblo negro vive la negación humana: ustedes no pueden, ustedes no tienen, ustedes no saben, ustedes no quieren”, añade.

Él no borra de su mente la imagen de un niño muriéndose de inanición, y la de otros que, al recibir alimentos, los vomitan de inmediato: sus cuerpos, acostumbrados al hambre, no toleran la comida.

Él fue la primera persona de un grupo de autoridades que aseguraron que la infancia está peor que nunca: el hambre es una plaga sin control y los niños se siguen muriendo de diarreas e infecciones respiratorias, consecuencia de la desnutrición.

Elvira Forero, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reconoce que aunque el hambre y la mortalidad infantil son graves, la situación ha mejorado.

Según el Dane, en el 2007 –dato más reciente– allí fallecieron 13 niños de desnutrición, mientras que seis años atrás las víctimas fueron 35.

El defensor del Pueblo del Chocó, Víctor Mosquera, opina que es muy difícil tener una cifra real. “Como no existe una atención en salud, muchos niños son enterrados en los pueblos y no hay un dato oficial porque nunca fueron registrados ante el Estado”.

Al respecto, la Directora del ICBF le dijo a EL TIEMPO que cree que esto es un mito e invitó al Defensor a brindar información precisa sobre su denuncia.

Durante los cinco días de recorrido por el Chocó, el común denominador fue encontrar a niños desnutridos y con hambre. Como los nueve hijos de Consuelo Palacios, quienes viven en un rancho de tres metros cuadrados, de piso de tierra y con un camarote donde todos se amontonan.

Las moscas merodean el único plato de comida que reciben al día: arroz con queso rallado. Ella dice que hace tres semanas no les da carne. Con las monedas que cambia por plátanos, sólo alcanza para eso y de vez en cuando para adobar la comida con hueso.

Existen familias desesperadas porque sus hijos comen apenas lo que les brinda el ICBF: un desayuno o un almuerzo. La entidad logró una cobertura en todo el Chocó, pero sólo soluciona una de las tres comidas diarias.

“No es sólo una responsabilidad del Estado, también es de los padres”, advirtió Elvira Forero, teniendo en cuenta que el presupuesto del ICBF para esa región, en el 2009, superó los $50 mil millones.

Luis Carlos Hinojosa, director de la Pastoral Social de Quibdó, cree que el asistencialismo fue malinterpretado por el pueblo que se acostumbró a mendigarles al Estado y a la cooperación internacional. Según él, los chocoanos adolecen de un proyecto de vida que les permita crecer.

“¿Qué va a suceder mañana, si no se le enseña a la gente a producir?”, lamenta él.

Cifras alarmantes no son aceptadas por el Gobierno

Los niños flacos, pero barrigones, juegan descalzos al fútbol y a la guerra. En la comunidad indígena Wounnán, a la que llegamos tras cuatro horas a bordo de una lancha que en su punta ondeaba una bandera blanca en señal de paz, es normal que los pequeños se diviertan jugando a dispararse con pistolas de juguete.

Los ranchos donde viven están adornados con hamacas, racimos de plátanos, bultos de yuca, papa y ahuyama: el fruto de la tierra y el único alimento. Ni los niños barrigones ni sus padres saben que esos vientres abultados son la cosecha de los parásitos y de la desnutrición.

Aunque los Wounnán están arraigados a su herencia ancestral, la precariedad en la que viven pone en riesgo a los niños. Así lo admite Eleuterio Chocho, vocero de la comunidad, quien lamenta la ausencia de un centro de salud, y quien asegura que la Bienestarina y los desayunos del ICBF no son suficientes.

“Uno va a las comunidades y ve que los niños están aguantando hambre y que se mueren de desnutrición”, advierte el padre Luis Carlos Hinojosa, director de la Pastoral Social de Quibdó, quien nos entregó un estudio, hasta ahora desconocido, sobre la grave situación de los niños indígenas chocoanos.

El documento, hecho por la ONU, con participación de tres de sus instituciones: Plan Mundial de Alimentos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Unicef, arrojó resultados aterradores (ver gráfico). La directora del ICBF, Elvira Forero, admitió que lo conoce, pero aclaró que no fue aceptado por Minprotección por su metodología: “Sin descalificarlo, preferimos seguir atendiendo niños que polemizar sobre el tema”. Las organizaciones que realizaron el documento invertirán, en la región, 7 millones de dólares a partir del 2010.

Por miedo, pueblos se quedaron sin niños

No hay gritos, no hay risas ni chapuceos en el río. Aunque hay gente, iglesia, casas y canoas tapizadas con ropa tostada por el sol, no hay niños. Las mujeres restriegan la ropa contra una piedra mientras que otras ‘bailan’ sus bateas en el agua con el anhelo de pescar algunas pepitas de oro para cambiarlas por comida. A diario, todas lloran por sus hijos ausentes.

El pueblo sin niños germina de la selva húmeda y ardiente. La escuela, donde antes estudiaron 60 pequeños, se la devoró la manigua. En sus paredes, bañadas en moho, sólo cuelga un almanaque del 2004, el año en el que el desplazamiento desterró a toda la población. De las 50 familias que tenía, solo 12 retornaron, sin nada entre las manos, mucho menos sus hijos.

Esta situación se presenta en varios pueblos apostados a orillas del río Atrato, a los que la guerra les cambió la vida: los menores corren el riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales que azotan la zona y por eso sus padres prefirieron enviarlos a sitios más seguros como Quibdó e Istmina.

“Tengo 6 hijos y todos están en Quibdó. El hermano mayor los cuida”, dice María en voz baja y temblorosa, como quien revela un secreto.

– ¿Y por qué están allá?

–Hay muchos problemas y, para que les vaya a pasar algo, mejor que estén lejos.

La secretaria de Planeación del Chocó, Alcira Chaverra, reconoce que los niños chocoanos viven en un constante riesgo de que se los lleven a la guerra.

El único dato oficial cuenta que 100 menores han sido reclutados ilegalmente en los últimos tres años, pero podrían ser mucho más.

La Pastoral Social de Quibdó afirma que esta es una problemática de grandes proporciones: los niños se crían solos, trabajan en oficios domésticos y se exponen a ser víctimas de abusos o de explotación sexual.

Los que viven allí creen que sus pueblos están condenados a desaparecer. No solo faltan los niños; tampoco hay escuelas ni centros de salud y denuncian que el Estado no les ayuda en nada. Tal vez tengan razón: donde no hay niños, no hay vida, no hay futuro.