Carmen Barona reza todos los días para que su
nieta Natalia cumpla el sueño de ser una abogada, que defienda a las madres. La
oración es parte de una lucha para que le sea autorizado un trasplante de
médula ósea antes de que sea demasiado tarde.
Durante dos años, la niña de 11 años ha pasado más tiempo entre medicamentos
y quimioterapias que en su escuela en Candelaria (Valle), en la que adelanta
cuarto grado y a la que no ha podido volver regularmente por las molestias que
le acarrea una anemia aplásica severa (insuficiencia
de la médula para producir glóbulos rojos y blancos y plaquetas).
Su drama está envuelto entre los trámites ante una EPS y la falta de
decisiones desde cuando el Gobierno decretó la emergencia social.
“Desde hace ocho meses la niña no recibe los medicamentos porque no los
cubre el POS”, afirma doña Carmen. Ambas han librado una batalla incansable
contra la muerte. Según Olga Cecilia Suárez, la abogada que lleva el caso de
Natalia, la situación de la salud en el país es uno de los argumentos de la EPS
Selvasalud para no solucionar la situación de la
niña.
“El próximo 18 de marzo se vencen los términos de una acción de tutela que
falló a favor de la niña y que le daba 30 días a Selvasalud
para ejecutar el trasplante. A estas alturas, Natalia ya debería estar
hospitalizada y recibiendo una preparación para la cirugía pero no conocemos
ninguna orden médica para ello”, dijo María Fernanda Portela,
directora de la Fundación Portela. En esa entidad,
que ha acogido a la niña con tratamiento médico y mucho cariño, hay otros
cuatro pequeños en situaciones similares.
En su último reporte, y luego de la intervención de la Superintendencia
Nacional de Salud, la EPS aseguró que se hará responsable del procedimiento y
que ya adelantó los trámites en un hospital de Bogotá. Sin embargo, la familia
Carabalí Barona no ha sido notificada de cuándo
tendrán que viajar a la operación.
“La vida de la niña se desgasta cada día más. Padece vómitos,
desvanecimientos y debilidad. Necesita urgente ese trasplante”, agregó la
abuela.
Según la abogada Suárez, en documentos anteriores Selvasalud
ha admitido no contar con “un contrato vigente a nivel nacional con IPS para la
realización del trasplante porque la entidad está embargada en la totalidad de
las cuentas por diferentes juzgados”.
“Ellos se escudan en la situación de la salud en el país, en un embargo y en
que no tienen convenios con entidades prestadoras del servicio en Cali. Pero
está en medio la vida de una niña que se nos está apagando. Ya vivimos el caso
de un pequeño que murió esperando un trasplante y no queremos que eso pase con
Natalia”, concluyó