Si el sistema de salud tuviera reglas de juego claras, hoy el país contaría
con un esquema organizado de transporte aéreo digno y efectivo para trasladar a
los enfermos de las zonas alejadas a centros donde se les brinde el tratamiento
adecuado. Lo curioso es que si este no existe no es por ausencia de normas ni
por falta de recursos, sino por una serie de interpretaciones y dilaciones que
responden a intereses distintos a los de la gente que desde hace décadas clama
por este servicio.
Para empezar, desde 1994 a las EPS se les reconoció una prima adicional, que
debieron destinar, justamente, a mejorar el acceso y la movilidad de sus
enfermos en los 14 departamentos más deprimidos del país. Se estima que por
este concepto recibieron más de un billón de pesos, que no invirtieron con ese
fin y cuya asignación final se desconoce.
A causa del incumplimiento mencionado, la Federación Colombiana de
Municipios estructuró un plan que buscaba cubrir a todo el país, y logró que
esa pretensión quedara reflejada, por vía legislativa, en un artículo del Plan
Nacional de Desarrollo. Este le delegó a la entidad la puesta en funcionamiento
de un discutible y controvertido sistema de ambulancias aéreas, dentro de los
seis meses siguientes a la aprobación de la ley. De igual modo, dejó sentado
que el esfuerzo se financiaría con el equivalente del 2 por ciento de la unidad
de capitación, proveniente del sector de la salud.
Eso ocurrió hace ya dos años. Poco después de la aprobación, el artículo fue
demandado en dos ocasiones ante la Corte Constitucional (en una de ellas por el
Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional). Tras analizar el caso, la Corte
lo declaró exequible en ambas oportunidades. En enero de este año, la
Procuraduría también se pronunció a favor de la Federación.
Paradójicamente, mientras cursaban tales demandas, el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud acabó aprobándole al Ministerio de la Protección
Social 43.500 millones de pesos para contratar con la Fuerza Aérea Colombiana
(FAC) el transporte de los pacientes. Aunque la intención es buena, es
innegable que la prioridad de la FAC es otra y que con tales recursos solo
lograría abarcar una parte del país. Con un agravante: siendo dineros que salen
del mismo talego, se trata de un gasto más, pues la Federación administraría,
con su proyecto, recursos cercanos a los 280.000 millones de pesos al año.
Si bien la Fedemunicipios no ha recibido ni un
peso, ha planteado un modelo que incluiría cinco subprogramas y algunas
concesiones y licitaciones que, aunque están en proyecto, curiosamente ya
fueron demandadas por un particular. Mediante una acción popular, un profesor
universitario busca suspenderlas porque las considera ilegales.
Pero, más allá de los cuestionamientos, al final los pacientes de regiones
apartadas siguen sin transporte aéreo cuando lo necesitan y con la sensación de
que se quedaron sin el pan y sin el queso: les quitaron esa responsabilidad a
las EPS con la promesa de que recibirían algo mejor, que nadie sabe cuándo
llegará. La Federación asegura que ya deberían estar operando 28 aeronaves,
desde 13 bases de todo el país y con 670 profesionales y especialistas al
frente.
El Ministerio, por su lado, anunció que la FAC ya tiene un avión adecuado
para empezar a volar. Nada explica tanto enfrentamiento a costillas de los
recursos de la salud y contra el bienestar de colombianos que siguen siendo
víctimas del mismo problema que la ley ordenó resolver hace 15 años. ¿Qué tiene
que decir el Ministro de la Protección Social? ¿Por qué no se pronuncia la
recién posesionada Comisión de Regulación en Salud, Cres?
Los pacientes de las regiones alejadas merecen una explicación