Más plata sin gestión
Hoy,
mientras pacientes, médicos, trabajadores de la salud, candidatos y Gobierno
siguen enfrascados en discusiones desgastantes en
torno a los decretos de la Emergencia Social, nadie da razón de por qué se
permitió que el sistema cayera en este estado lamentable. A casi un mes de
expedidas las normas, la actitud del Gobierno ha sido la de hacer una defensa a
ultranza de la figura constitucional, en cada uno de sus aspectos y en todo
escenario posible.
El
presidente Álvaro Uribe y sus funcionarios se han negado a aceptar que se
cometieron equivocaciones graves, pero se contradicen con los reversazos dados
frente a las multas y sanciones para los médicos, el uso de las cesantías y las
pensiones para el pago de prestaciones excepcionales en salud y los topes de
contratación de las EPS con los hospitales públicos.
El
mandatario ha llegado, incluso, a apoyar que el Congreso derogue algunas de las
disposiciones que tienen fuerza de ley. Mientras el Gobierno se defiende de las
críticas que le llueven por generar una Emergencia que apretó a todo el mundo
(e, incluso, reguló el derecho a la salud), expertos insisten en que la plata
nunca alcanzará si no se corrigen los problemas estructurales que han sido la
causa de su desangre. Nada se saca con decretar estados excepcionales si la
afiliación al régimen contributivo, que ayuda a sostener al sistema con sus
aportes, sigue estancada en el 39 por ciento.
Tampoco
ayuda el hecho de que aún no se sepa con certeza de qué se enferman y se mueren
los colombianos, por falta de estudios serios. Al no saber qué necesitaba la
gente, nunca se elaboró un plan de beneficios (POS) que se ajustara a su perfil
y mucho menos se tuvo una mediana idea de cuánto podía costar la atención. Por
esa razón, el POS de hoy parece una colcha de retazos: mientras unas
enfermedades cuentan con tratamientos y medicamentos aceptables, otras tienen
un atraso lamentable. Eso ha llevado a miles de pacientes a pedir por tutela lo
que no está contenido en el plan, y a temer que, por cuenta de la reforma,
ahora deban pagar de su bolsillo. De nada sirve salir a buscar más recursos si
se sigue permitiendo su pérdida. ¿Cuándo se sabrá por qué, mientras el país
paga la afiliación de 24,7 millones de personas en el régimen subsidiado, solo
aparecen carnetizadas 20,6 millones?
Un
billón de pesos -las dos terceras partes de la Emergencia- son, literalmente,
robados por esta vía. Ni qué decir del millón de afiliados a este régimen que
aparecen duplicados y triplicados, gracias a los sinuosos manejos que hacen
algunas aseguradoras; estas filigranas les dejan 250.000 millones de pesos
extra anuales. ¿Quién explica por qué 6,6 millones de personas que reciben
salud subsidiada no están registradas en el Sisbén? Eso quiere decir que de los
6 billones de pesos que maneja el subsidiado cada año, 2 billones (algo más de
una Emergencia) están traspapelados.
Como
si fuera poco, 5,9 millones de afiliados carecen de identificación válida, y
aun así se paga por ellos; para rematar, otros 700.000 millones de pesos se
pierden por duplicaciones dolosas entre el contributivo y el subsidiado.
Todo esto es posible gracias al desgreño de las bases de datos y a la falta de
un sistema de información, largamente prometido por el Ministerio de la Protección.
Capítulo aparte merecen la intermediación y los abusos en los recobros de
algunos actores.
El
resultado no solo es palpable en lo económico: también en los indicadores de
salud, que dejan mucho que desear. Razón tienen quienes dicen que al sistema de
salud no le falta plata, sino organización, control y rectoría. Habrá que ver
qué concluyeron los multimillonarios contratos de estudios y asesorías que
durante años ha pagado este Ministerio para diagnosticar el sector y enderezar
su rumbo. Esta es otra explicación que también se le debe al país.