Los adictos no deben ser tratados como criminales': Fiscal General

Por: SAIR BUITRAGO MEDINA | | 02 de Febrero del 2013

Montealegre afirma que la prohibición absoluta no sirve y que referendo sería inconstitucional.

En entrevista para EL TIEMPO, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó que está de acuerdo con la dosis mínima para las drogas sintéticas. (Siga este enlace para leer: Drogas sintéticas: ONU y Fiscalía avalan regulación de dosis personal).

¿Qué opinión tiene de la propuesta, que ha generado tanta polémica?

El año pasado, la Corte Constitucional ratificó la despenalización de la dosis mínima, basada en argumentos de igualdad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía. Esos argumentos son aplicables ahora para las drogas sintéticas. El consumo de drogas ilícitas, incluidas las sintéticas, es un problema de salud pública que no se resuelve con penalización. Los adictos no deben ser considerados como delincuentes. (Lea también: ¿Qué le hacen estas sustancias a su cuerpo?).

¿Esto no termina impactando a los más jóvenes, que son los que consumen esas drogas?

La reducción del impacto en el consumo se produce con educación y el desarrollo de programas serios de salud pública. La propuesta va en el camino de reducir el riesgo, sobre todo en la población de adictos que no quiere o no puede dejar de consumir. Aquí debemos entender que la prohibición absoluta no funciona. La despenalización de la dosis mínima está fundada en el respeto de la autonomía personal y en el abandono de la visión de un Estado paternalista, es decir, del Estado que le dice al individuo qué debe hacer con su cuerpo y cuál es la manera correcta para hacerlo. Esta no es la visión de la Constitución de 1991, fundada en el respeto por las decisiones individuales y la libertad. Como lo dicen los expertos, se necesitan estrictas medidas de vigilancia en la atención de salud y en programas de educación fuertes. En este punto me atrevería a decir que el derecho a la educación implica una adecuada información sobre los terribles efectos del consumo y sobre la cadena de violencia asociada a la producción. La función del Estado es facilitar la información acerca de los riesgos, enfermedades y problemas asociados al consumo. Es así como pueden tomarse decisiones informadas. (Lea acá: No habría un mayor estímulo al consumo: ONU).

El Procurador General de la Nación dice que llevará el debate a un referendo...

No todos los problemas pueden ser objeto de consulta popular. Los temas relacionados con el contenido conceptual de derechos fundamentales son ámbitos intangibles que no pueden someterse a referendo. Ese es el caso de la despenalización de la dosis mínima, que se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía. En esos ámbitos privados de las personas no puede entrar el derecho penal, y mucho menos se resuelven con consultas populares. Un referendo que tratara de penalizar la dosis mínima sería inconstitucional, en el mismo sentido en que sería inconstitucional un referendo para introducir, por ejemplo, la esclavitud o las torturas. Va en contra de la Constitución porque dejan vacíos los derechos que la Carta protege.

¿En Colombia hay carteles de esas drogas?

La experiencia muestra que las redes de narcotráfico tradicional mutan a la producción de drogas sintéticas. Lamentablemente en ese tránsito trasladan también sus estructuras delincuenciales y criminales. Tenemos que mantener un constante monitoreo del surgimiento de carteles de drogas sintéticas.

¿Se está abriendo la puerta a la legalización o a beneficios para el microtráfico?

No. La legalización es una cuestión distinta. De entrada le respondo que no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas ilícitas ni del tráfico de estupefacientes. La propuesta no supone que dejará de perseguirse a quien las venda o las produzca. Por el contrario, permite desmantelar realmente las redes criminales de narcotraficantes.

¿Esta propuesta evidencia que se está perdiendo la lucha contra el narcotráfico?

Lo que yo veo es que estas propuestas enfocan de una manera más razonable esa lucha. Permiten evidenciar que la producción de drogas ilícitas tiene múltiples beneficiarios y que estos, precisamente, no son los consumidores. La lucha contra las drogas no puede ser la lucha contra el drogodependiente, sino contra las organizaciones al margen de la ley, contra sus carteles y microcarteles.

SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor de EL TIEMPO