Jaime
Arias, presidente de Acemi, dice que los proyectos de
ley que cursan en el Congreso introducen reformas radicales al sistema de
salud, pero no resuelven los problemas financieros, ni de corrupción.
La controversia sobre el nuevo sistema de salud que intenta construir el Gobierno Nacional no para. La Ley Estatutaria pasó su
primera prueba y será examinada esta semana en las plenarias del Congreso. La
Ley ordinaria, donde está el grueso de la reforma a la salud, aún no empieza a
estudiarse en el legislativo, pero la ponencia presentada, ya genera polémica.
Jaime Arias Ramírez,
presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que reúne a las grandes EPS del país, dice que el
cambio del sistema será total y radical, pero en materia institucional.
En entrevista con El País, el
directivo asegura que el nuevo sistema de salud que plantea el Estado es muy
ambicioso en términos del derecho a la salud y acceso a servicios y
tecnologías, pero que en nada mejorará la situación actual porque no toca los
problemas de los pacientes, la calidad del servicio, la oportunidad, ni la
integralidad.
En últimas, dice, los
afectados serán de nuevo los usuarios del servicio en todo el territorio nacional
y asegura que las EPS no tienen garantías para transformarse.
La Ley Estatutaria que ya
pasó en primer debate no hace ningún daño, pero no mejorará de ninguna manera
el sistema, simplemente queda ratificado lo que ya existe y es que la salud es
un derecho. Pero hay un cambio importante que puede tener repercusiones hacia
el futuro y es que se amplía mucho el plan de beneficios.
Si el país tiene con qué pagarlo en los próximos
años, pues sería una buena noticia. Si el país no tiene con qué pagarlo, será
una frustración.
A esto se añade que la Ley Estatutaria, garantiza la autonomía total de los
profesionales, entonces lo que el médico diga finalmente es lo que se tiene que
hacer, se eliminan todas las trabas.
No habría peros si el país
está dispuesto a pagar unas sumas muy altas del presupuesto nacional para la
salud, digamos destinar el 10 % del PIB para el sector. Obviamente un plan
amplio de beneficios cuesta y es una pregunta que uno se hace ¿estamos los
colombianos en condiciones de pagar todo eso? Si lo estamos, muy bueno.
El cambio será total y
radical en cuanto a la institucionalidad, ahora creo que no mejorará para nada
la situación porque no toca los problemas de los pacientes, la calidad del
servicio, la oportunidad, la integralidad. No resuelve los problemas
financieros, no resuelve los problemas de corrupción que hay en algunos núcleos
del sector.
Lo que busca la reforma, como
lo dice el senador Robledo, es acabar con las EPS con la presencia del sector
privado en el aseguramiento y eso lo van a lograr, seguramente, como está
planteado hasta ahora.
La ley ordinaria plantea una
reforma básicamente política para reacomodar los poderes internos del sistema.
Busca eliminar las EPS completamente y centrar toda la responsabilidad del
financiamiento y aseguramiento en el Gobierno. Eso es lo que vemos de fondo,
más que arreglar los problemas a la gente o resolver los problemas de
financiamiento y los de corrupción. Lo que se hace al eliminar las EPS es que
habrá nuevas fuerzas dentro del sistema centradas en el Estado y un poco en los
prestadores de los servicios.
El propio Ministro de Salud
reconoció que van como 8 ó 10 cambios en las funciones que hacían las EPS y que
ahora no harán. No manejarán recursos, ni harán recaudos y remató el Ministro
con la eliminación de la integración vertical en todos los niveles. Eso para el
sistema es gravísimo, porque en el primer nivel de servicios la integración
vertical (que se da cuando una empresa crea su propia red de servicios y allí
atiende a sus usuarios) no solamente es buena, sino absolutamente necesaria.
Sin eso, no se puede hacer gestión de riesgo en salud.
No hay ningún estudio que nos
diga que la integración vertical es buena o mala, por lo menos lo que nos
parece imprescindible como parte del código genético es la integración en el
primer nivel.
El punto no es la propiedad,
ni los rendimientos financieros, es el modelo de aseguramiento. La EPS es la
representante de los pacientes, la que debe hacer seguimiento desde la puerta
de entrada de estos.
La decisión de continuar en
el sistema de salud la tomará cada empresa en particular en razón a que son
organizaciones muy distintas, unas pertenecen a cajas de compensación, otras
son privadas o fundaciones, etc.
Pero el punto ya no es el
negocio, pues el negocio desde hace 4 ó 5 años se quebró por los recobros. El
punto ahora es si eso es útil para la gente, si eso mejorará el servicio,
garantizará calidad y continuidad. El negocio es tan malo que ya ni lo están
considerando.
En las condiciones
estipuladas en la ponencia del proyecto que reforma el sistema, resulta casi
imposible transformarse en gestor si lo que se busca es un agente serio que
responda por la gestión del riesgo en salud y vigile el gasto público.
He venido diciendo que el
Estado no es capaz, que ese instituto que van a crear no es capaz de manejar lo
que hoy operan 70 EPS en el país, unas buenas, unas regulares y otras malas.
Ese es el punto, estamos regresando drásticamente hacia el pasado y es un salto
muy peligroso que creo que va a terminar siendo malo para la gente.
El Ministro de Salud dice que Salud Mía no será un
gran Caprecom y que operará con una administración
visible a los ojos de los ciudadanos...
Para nosotros eso es un gran monstruo. Tendrá que revisar y auditar 300
millones de facturas, pagarle a 15.000 IPS en el país. Estamos ante un elefante
blanco centralizado en Bogotá, manejado con criterio burocrático, eso es volver
a un gran Caprecom. El propio Ministro dijo que
organizar Salud Mía podría costar un billón de pesos.
El problema es que vamos
hacia un sistema sin mayores controles de gasto. Hoy en día el Plan Obligatorio
de Salud, POS, está muy controlado en su gasto y eso le ha permitido sobrevivir
al sistema.
Lo que plantean las nuevas
leyes de salud es que habrá un plan de beneficios amplísimo, los prestadores no
tendrán control y no habrá incentivos para la compra de servicios. Desde el
punto de vista financiero eso puede llevar a colapsar el sistema y por ende
repercutir en el servicio para las personas.
Ahora nos preocupa que el
sistema además de que será amplio, no tendrá balances de poder, pesos y contra
pesos, pues al eliminarse las EPS se acaba el gran contrapeso que tenían otros
actores del sistema, los cuales ahora actuarán solos.
Se acaba el actor que hacía
el control al gasto, que era muy antipático, pero es un actor que permite que
Colombia con US$380 per cápita atienda al 95 % de los
colombianos y le entregue todo lo que necesite. Todo terminará afectando
finalmente a los afiliados.
Personalmente el tema de las
EPS no me preocupa, es secundario, lo más importante es lo que pasará con el
sistema de salud para los colombianos. Las EPS unas se volverán empresas de
medicina prepagada, las pocas que tienen un hospital o centro de servicios,
pues seguirán como prestadores del servicio, otras desaparecerán. Pero en el
fondo lo que debe preocupar es que para los colombianos lo que viene será muy
malo.
Las EPS seguirán hasta donde
las dejen seguir porque tenemos una obligación con la comunidad. Pero si las
condiciones que se dan no son serias y las reglas de juego no están claras, no
podrían continuar. Inquietan son las poblaciones, los afiliados. La idea que
tienen de quitarnos los afiliados que durante años se han construido, 21
millones en el régimen contributivo, para entregárselo a Salud Mía, no tiene
sentido.