En junio pasado, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que
garantizaba a los colombianos el acceso gratuito a la vasectomía y la ligadura
de trompas. La intención de los legisladores era la promoción tanto de la paternidad
y maternidad responsables como del derecho a poder decidir el número de hijos
por concebir.
Sin embargo, el Gobierno acaba de objetar la iniciativa por vicios
constitucionales y de inconveniencia. En especial porque, según datos del
Ministerio de Hacienda, la norma implicaría un sobrecosto
al Estado por 399.000 millones de pesos.
Aunque atractivos por los tiempos de crisis que actualmente atravesamos, los
argumentos fiscales merecen una revisión más detallada. Las vasectomías y las
ligaduras son mecanismos quirúrgicos de control de natalidad que generan otros
ahorros por vía del menor número de niños en un hogar. El Gobierno parece
ignorar la amplia documentación económica que establece fuertes vínculos entre
el desarrollo económico y las tendencias demográficas.
Estos lazos se complementan con las relaciones entre las políticas de
control natal y la lucha contra la miseria. Un número desbordado de hijos
reduce enormemente las probabilidades de que un hogar supere la línea de
pobreza. Más aún, la llegada de un embarazo no deseado golpea las frágiles
finanzas de una familia de escasos recursos de manera más severa y contundente
que a grupos familiares más pudientes. ¿Por qué, entonces, el Ejecutivo objeta
una ley que abre la posibilidad a hombres y mujeres pobres de acceder a un
procedimiento para evitar la concepción de hijos adicionales? Lo que la norma
provee es la opción –no la obligación– de practicarse gratuitamente las
vasectomías y las ligaduras después de ser debidamente informado de sus consecuencias
futuras. Esto mitigará en gran parte el impacto fiscal que argumenta el
Ministerio de Hacienda para sustentar la objeción. Que un pequeño porcentaje de
hombres supere los mitos y los temores que esta intervención genera sería un
importante paso adelante en la promoción de la paternidad responsable en el
país.
Además, esta decisión oficial va en contravía de los avances en
planificación y salud sexual y reproductiva que han hecho de Colombia un
ejemplo en el ámbito internacional. El Congreso debe aprobar nuevamente esta
iniciativa y garantizarles a los colombianos el derecho de decidir libremente
el tamaño de sus familias.
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