“La Ley 550 para el HUV no es una catástrofe”,
secretario de Salud del Valle
En
entrevista con El País, Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle, dijo
que debe haber ajustes de personal y contundencia en cobros a las EPS morosas.
Con el anuncio de que el Hospital Universitario del Valle podría acogerse a la Ley 550 quedó más que claro que para
rescatar a esta casa de salud de la crisis, lo que se buscan son medidas
contundentes.
Sin embargo, el secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, asegura
que esto no es sinónimo de Apocalipsis. Todo lo contrario, precisa que el HUV
tiene que poner en orden sus cuentas y, mediante un mecanismo como la
intervención económica, pensar cómo y con qué va a pagar sus acreencias. Añade
que ha faltado fortaleza de la Supersalud con las EPS
que le deben al hospital y adelantó que sí habrá ajustes de personal.
Estamos adelantando con la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda un intercambio de información y de conceptos para ver qué hacer con el
HUV y con los demás hospitales de la región y con la Secretaría de Salud,
porque la crisis es de toda la red.
Para el Gobierno Nacional estaban dadas las condiciones para la intervención
de la Secretaría de Salud del Departamento, entonces nos han dado la opción de
que acordemos una serie de medidas.
De acuerdo con la Ley 1438 es claro que hay que buscar salidas como planes
de ajuste de saneamiento fiscal y financiero, supresión, fusión o liquidación
de entidades o intervención por parte de la Superintendencia. La 550 se ha
visto como una opción para el HUV por la cuantía de los pasivos, que son más de
$150.000 millones.
Fue el mismo director encargado, el doctor Jaime Rubiano,
quien solicitó el concepto sobre la pertinencia de aplicar esta ley. La DAF
dijo que podría ser, pero que tendría que decidirse quién sería el agente
interventor, que para ellos sería ideal la Dirección de Apoyo Fiscal.
A partir del anuncio se ha generado una avalancha de inquietudes de los
proveedores (de medicamentos, insumos, equipos, etc.). Pero mire que esta ley
lo que define rápidamente es cómo organizarnos para pagarles a todos los
deudores. Entonces tampoco es que sea el fantasma, lo más terrible, una
catástrofe.
Hay que verle las bondades, es un acuerdo de pago con los acreedores, con
fuentes ciertas y tiempos precisos. Hoy es muy complejo, casi imposible, decir
cuándo se puede pagar. Llamaría a los acreedores del HUV a que tengamos la
calma suficiente, porque esto está en estudio y queremos reunirnos con ellos.
Eso no va a suceder. Igual pasaría con el Departamento y con los entes
territoriales que han sido sometidos a la Ley 550. De ser así la Gobernación
hoy no podría funcionar. En Barranquilla se acogieron a esta norma y hoy
muestran unos resultados óptimos.
Los servicios de salud continuarán igual, lo que hay que establecer con cada
proveedor es un acuerdo de pago en un tiempo y definir las fuentes para pagar.
Tiene toda la razón, una empresa de salud es diferente a una de calzado o
textiles y obviamente en una Ley 550 también tiene que haber un plan de
mejoramiento continuo de los servicios de salud. Por orientación de la DAF
primero suscribiremos unos acuerdos de compromiso con todos los gerentes de los
hospitales y a renglón seguido unos planes de desempeño, que son muy delicados,
porque jurídicamente tienen un impacto en la medida en que no se cumplan, pues
dan motivo de sanción e incluso de intervención.
El plan de ajuste ya se está dando en el HUV, la Secretaría entregó un
documento para un plan de contingencia inmediato donde señalábamos las grandes
debilidades que hay en materia de facturación, auditoría
de cuentas, cartera, el sistema de información y el recurso humano, que está
sobredimensionado. Esto, de acuerdo con un estudio técnico, porque no se trata
de hacer una masacre laboral.
Ese tema de la vinculación de personal es estructural en todo el país. Si
alguien agenció la modalidad de cooperativas fue el mismo Gobierno.
Lo que se está trabajando desde el Ministerio es una opción de un contrato
que laboralice más la relación de la persona con la
institución, contratos de un año renovables, con primas y cesantías. Ya lo
están adelantando y sé que en pocos meses podemos tener ese modelo en los
hospitales. Esa sería una salida ideal, vincular la gente que se requiera por
un contrato laboral.
Claro, una cosa es tener esta opción mucho más constitucional, de mayor
generación de compromiso, y otra lo que hoy están haciendo, que son esas
cooperativas u organizaciones sindicales. Aún así, el gerente es el responsable
de definir el personal que requiere, porque está sobredimensionado en la
mayoría de los hospitales.
Las deudas de las EPS con el hospital están entre las razones de su asfixia
financiera y siempre que se habla de la crisis de la casa de salud dicen que
hay que salir a cobrarles. ¿Cómo hacer para que esto sea una realidad?
El Gobierno Nacional no ha tenido la suficiente fortaleza para exigirles el
cumplimiento de esas deudas. Se ha avanzado en que se generan unas mesas de
trabajo y acuerdos donde la EPS, la Procuraduría y la Supersalud,
junto con el representante del hospital, firman un acuerdo de pago y a veces se
cumple, otras veces no, entonces ahí está la deuda.
Le adeudan al hospital $70.000 millones, de los cuales $25.000 millones son
de Cóndor y Selvasalud, que están en proceso de
liquidación. Entonces hay que ir descontando de la lista unas deudas que son de
difícil cobro. Nos hemos comprometido a que con el apoyo de la Nación podamos
llamar a las EPS que le deben al HUV a que por favor colaboren en esta crisis
con recursos.
Si se aplicara la ley, el 50% de todo contrato que se haga de una EPS con un
prestador debería ser el anticipo y usted encuentra que eso no se da. Hay una
relación de mucho desbalance entre las EPS y los
prestadores y no hay sanciones por parte de los entes de control, la
Superintendencia de Salud, que estaba llamada a ser el árbitro que podría tomar
decisiones y aplicar sanciones, no lo ha hecho. Se formó un statu quo y, como
no pasa nada, esa situación continuará.
Hay que hacer un plan de ajuste y de desempeño fiscal durísimo en todas las
entidades, lo que pasa es que la situación de Buenaventura se sale de las
posibilidades. Se firmó en el 2006 un convenio de desempeño y cada año los
indicadores son peores. La ley dice que si durante tres años consecutivos los
resultados son negativos se vuelven susceptibles de liquidación.
Allí ha pasado de todo, mala administración, poca racionalidad en el gasto,
indolencia. El hecho es que hoy, si la Nación estudia este caso, la definición
sería liquidar.