Intereses de congresistas amenazan reforma de la
salud
abr.
13 de 2013
Por:
Francisco Rossi, Director de la Fundación Ifarma
El proyecto de ley radicado en el Congreso de la
República, si bien reconoce problemas estructurales en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, no deja claro las medidas para combatir muchos de
los males del sector. Por eso, el temor es que todo cambie de forma, pero no de
fondo.
El
presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó en compañía del
ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley
210 para reformar el sistema de seguridad social en salud. Es la segunda vez
que el propio mandatario presenta un proyecto ante el Congreso, después de la
ley de víctimas y restitución de tierras.
Significa
que es una iniciativa importante para el Ejecutivo, lo que suena bien. Pero
este acto simbólico también puede ser muestra de una estrategia política.
Podría verse como que Santos, pensando en la reelección, convertiría a la salud
en un terreno de negociaciones, en una moneda de cambio entre intereses
políticos y económicos.
La
propuesta es, sin ninguna duda, la respuesta del Gobierno al descontento social
con un sistema que se ha convertido en una olla a presión durante los últimos
cuatro o cinco años, aunque ya desde 1994 había movimientos sociales de rechazo
al modelo de la Ley 100 por sus fundamentos conceptuales e ideológicos.
Pero
fue a partir de la emergencia social del año 2009 cuando se desató una enérgica
protesta que aún se mantiene y que se fundamenta en la insatisfacción y el
rechazo de los ciudadanos a las prácticas diarias del sistema, con un notable
componente académico y una fuerte influencia del sector judicial (incluida la
Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional). Hoy, tirios y troyanos
coinciden en que la mayor dimensión de su crisis es la de la legitimidad.
No
todo es malo
Se
le debe reconocer al ministro que la propuesta presenta diferencias con
respecto a las anteriores reformas (Ley 1122 y Ley 1438). Por ejemplo, las
declaratorias de emergencia social fueron respuestas que podrían calificarse
como arrogantes y poco democráticas, que tenían como meta una defensa sectaria
del modelo. El proyecto pretende superar, y así lo establece la exposición de
motivos, los fracasos de los veinte años de la Ley 100. Eso es nuevo y valioso.
Los
problemas que se deben resolver son: la fragmentación del financiamiento (fondo
único); el deterioro de la oportunidad y calidad de los servicios (modificación
de los roles de los actores y corrección de incentivos); la corrupción,
especialmente en el crecimiento exponencial del gasto en procedimientos y
servicios no POS (plan de beneficios con lista negativa); y la incapacidad de
incorporar la atención primaria y las redes integradas de servicios.
No
obstante, se reconoce la existencia de unos logros: cobertura casi universal,
unificación del contributivo y el subsidiado, mejor acceso a servicios y
protección financiera.
Más
plural
La
propuesta concede, como ya lo había hecho el ministro, que en muchas regiones
(y en especial en zonas rurales y de población dispersa) las ganancias con el
modelo de aseguramiento y competencia habían sido muy pobres y que pretender un
único esquema en un país tan diverso no había sido una buena decisión. La territorialización y la regionalización forman parte de los
instrumentos para enfrentar esta debilidad.
Además,
registra varias tareas pendientes en salud pública. Pero, al respecto,
considera que este déficit será abordado en el Plan Decenal, por lo cual no
ocupa un espacio importante.
La
iniciativa se presenta simultáneamente con uno de ley estatutaria, destinado a
reconocer (ratificar) a la salud como derecho fundamental y a definir sus
contenidos y límites. Este elemento es también una respuesta al movimiento
social por la salud, que ya había presentado el proyecto de ley estatutaria 105
ante la Comisión Primera del Senado.
El
texto, por desgracia, deja más preguntas que tranquilidades. Muchos aspectos
cruciales, especialmente referidos a los nuevos roles de los viejos actores, no
son suficientemente claros. El hecho de que se trate de una iniciativa
eminentemente política puede explicar este rasgo, que pareciera extraño en un
ministro de origen académico.
Esperanzas
a medias
Las
ambigüedades han llevado a que algunos críticos consideren que se pueda tratar
de un cambio de nombres para regresar a más de lo mismo. Por eso, por ejemplo,
se esperaría que todos los congresistas que tengan participaciones en EPS, IPS
o gremios, que hayan recibido apoyo financiero para sus campañas por actores
interesados y que tengan deudas morales por su responsabilidad en descalabros
institucionales o algún otro conflicto de interés dieran un paso al costado y
se abstuvieran de deliberar y de votar. Las sesiones deberían ser abiertas y de
frente al país.
Finalmente,
es necesario examinar cómo el proyecto enfrenta el gasto desbordado en
servicios no POS. Su exposición de motivos atribuye gran peso a la “desactualización” del POS como factor explicativo. Pero, en
otras presentaciones, el ministro ha sugerido que fue más la consecuencia de un
fenómeno de “alineación perversa de incentivos” –una manera sutil de llamar a
la corrupción–. De cualquier modo, propone el fin de
los recobros y el cambio a una lista negativa de exclusiones “razonables”.
Aun
sin claridad sobre su significado, la propuesta parece un punto de partida
bastante más justo que las amenazas de emergencia social o los fallidos
intentos de actualización a cargo de la extinta Comisión de Regulación en Salud
(CRES). Ella angustia mucho a los médicos –compañeros de fórmula del presidente
para la foto–, que siempre vieron en el POS una
amenaza a la autonomía médica, y a la gran industria farmacéutica, que ha hecho
de la autonomía médica su negocio más rentable en Colombia y en el mundo.
El
proyecto incluye medidas sobre cuyo futuro se puede ser escéptico, como el
retorno al Ministerio de la política de precios de medicamentos, con un
carácter público de la información de precios y vigilancia de las tecnologías
en salud. Estas propuestas, sin duda, comprenden pronunciamientos categóricos
del Ejecutivo en temas que fueron objeto de controversia en los últimos años.
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