Interés particular Vs. público
Febrero 10 de 2010

La crisis desatada recientemente con los decretos de emergencia social revela un rasgo muy preocupante de la manera como, especialmente pero no exclusivamente, el Gobierno agencia el aparato estatal. Se trata, en el caso de la salud como en otros casos, de promover reformas que responden a intereses particulares, ya sea del mismo Gobierno, de los gremios o de grupos particulares, mientras que se diluye o incluso se va en contravía del interés colectivo y general de la ciudadanía.

Después de más de siete años en los que se ha debido hacer un seguimiento y evaluación del complejo sistema de salud, resulta que hay un enorme faltante en las finanzas del sistema que se argumenta como justificación para la declaratoria de emergencia. Los principales interesados en que se resuelva la situación parecen ser el Gobierno y las EPS. La solución, hecha a su medida, consiste en decretar nuevos impuestos, en refinanciar el sistema y reordenar las obligaciones y procedimientos que se derivan de las EPS. Los decretos iniciales fueron redactados a la carrera, introducen procedimientos burocráticos que pueden resultar siendo muy costosos y, sobre todo, entrabar la prestación y calidad del servicio. Para la opinión pública fue evidente el rechazo a las medidas por parte de la Academia de Medicina, de los distintos colegios y gremios de médicos y odontólogos. Este rechazo tiene justificación si se piensa en los criterios médicos que deben orientar un procedimiento en salud, aunque no se debe descartar también que estos profesionales actúen con motivaciones económicas, cuando sus ingresos han sido duramente golpeados por las modalidades de pago de las EPS. De todas maneras, por su prestigio y su carácter organizado, el Presidente tuvo que escucharlos, después de decretada la emergencia, y producto de una transacción declaró su “total respeto a la autonomía médica”. Por otro lado, amenazó con “suspender” a las EPS que nieguen servicios, cuando son las entidades más beneficiadas con las reformas de emergencia.

Lo que no aparece tan claro en toda la discusión es la motivación y el interés por un buen sistema de salud, en cobertura y calidad, costeado por las personas más pudientes en un sistema contributivo y subsidiado en el caso de los más pobres. Toda reforma al sistema debería estar enfocada hacia esta finalidad, sobre la base de una amplia reflexión y discusión en la que los intereses particulares se deben doblegar al interés público. Es extraño que hoy en día los sectores más pobres se encuentren relativamente satisfechos con el sistema subsidiado, mientras que quienes cotizan a partir de sus salarios se refieran repetidamente a la ineficiencia de las EPS, comenzando por lo que queda del Seguro Social, obligándose en mucho casos a poner tutelas. Estamos frente a un gran abuso con los usuarios, muchos de ellos en situación de enfermedad, y esto es lo que se debe resolver, sin cobros adicionales, menos aún pensando en las cesantías de los empleados, enderezando un mal servicio del que nadie se hace responsable.

Parece muy sintomático que en la actual coyuntura, los temas centrales del devenir nacional no sean abordados ni por los políticos ni por las plataformas partidistas, llamados a interpretar y apoyar los intereses ciudadanos dentro del Estado. La política y los políticos también se han particularizado en sus intereses, fascinados por el patrimonio estatal. Los problemas de fondo se diagnostican cada vez menos, se diluye el interés general, mientras que la ciudadanía sólo aguanta.