Interés particular Vs. público
Febrero 10 de 2010
La crisis desatada
recientemente con los decretos de emergencia social revela un rasgo muy
preocupante de la manera como, especialmente pero no exclusivamente, el
Gobierno agencia el aparato estatal. Se trata, en el caso de la salud como en
otros casos, de promover reformas que responden a intereses particulares, ya
sea del mismo Gobierno, de los gremios o de grupos particulares, mientras que
se diluye o incluso se va en contravía del interés colectivo y general de la
ciudadanía.
Después
de más de siete años en los que se ha debido hacer un seguimiento y evaluación
del complejo sistema de salud, resulta que hay un enorme faltante en las
finanzas del sistema que se argumenta como justificación para la declaratoria
de emergencia. Los principales interesados en que se resuelva la situación
parecen ser el Gobierno y las EPS. La solución, hecha a su medida, consiste en
decretar nuevos impuestos, en refinanciar el sistema y reordenar las
obligaciones y procedimientos que se derivan de las EPS. Los decretos iniciales
fueron redactados a la carrera, introducen procedimientos burocráticos que
pueden resultar siendo muy costosos y, sobre todo, entrabar la prestación y
calidad del servicio. Para la opinión pública fue evidente el rechazo a las
medidas por parte de la Academia de Medicina, de los distintos colegios y
gremios de médicos y odontólogos. Este rechazo tiene justificación si se piensa
en los criterios médicos que deben orientar un procedimiento en salud, aunque
no se debe descartar también que estos profesionales actúen con motivaciones
económicas, cuando sus ingresos han sido duramente golpeados por las
modalidades de pago de las EPS. De todas maneras, por su prestigio y su
carácter organizado, el Presidente tuvo que escucharlos, después de decretada
la emergencia, y producto de una transacción declaró su “total respeto a la
autonomía médica”. Por otro lado, amenazó con “suspender” a las EPS que nieguen
servicios, cuando son las entidades más beneficiadas con las reformas de
emergencia.
Lo
que no aparece tan claro en toda la discusión es la motivación y el interés por
un buen sistema de salud, en cobertura y calidad, costeado por las personas más
pudientes en un sistema contributivo y subsidiado en el caso de los más pobres.
Toda reforma al sistema debería estar enfocada hacia esta finalidad, sobre la
base de una amplia reflexión y discusión en la que los intereses particulares
se deben doblegar al interés público. Es extraño que hoy en día los sectores
más pobres se encuentren relativamente satisfechos con el sistema subsidiado,
mientras que quienes cotizan a partir de sus salarios se refieran repetidamente
a la ineficiencia de las EPS, comenzando por lo que queda del Seguro Social,
obligándose en mucho casos a poner tutelas. Estamos
frente a un gran abuso con los usuarios, muchos de ellos en situación de
enfermedad, y esto es lo que se debe resolver, sin cobros adicionales, menos
aún pensando en las cesantías de los empleados, enderezando un mal servicio del
que nadie se hace responsable.
Parece
muy sintomático que en la actual coyuntura, los temas centrales del devenir
nacional no sean abordados ni por los políticos ni por las plataformas
partidistas, llamados a interpretar y apoyar los intereses ciudadanos dentro
del Estado. La política y los políticos también se han particularizado en sus
intereses, fascinados por el patrimonio estatal. Los problemas de fondo se
diagnostican cada vez menos, se diluye el interés general, mientras que la
ciudadanía sólo aguanta.