IPS de fachada, el nuevo desfalco a la salud en Colombia

Según las autoridades SaludCoop, CafeSalud y Cruz Blanca son las EPS con mayor implicación en este multimillonario desfalco al sistema de salud.

La EPS SaludCoop fue intervenida el 12 de mayo del 2011 por la Superintendencia de Salud de Colombia.

Hace dos semanas empezaron las pesquisas de autoridades para esclarecer la situación de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS, registradas como centros de atención, pero que en realidad pueden ser entidades de ‘papel’, por medio de las cuáles se habría defraudado al sistema de salud y al Estado.

Se trata de un capítulo más en el escándalo de irregularidades en el sistema nacional de salud, dentro del cual se intervino a la EPS SaludCoop y hay, por lo menos, quince más investigadas.

Aparte de encontrar que las direcciones en donde decían funcionar dichas IPS eran casas viejas y hasta talleres de motos, en vez de centros de salud, hospitales o clínicas, las autoridades siguen la pista de un posible robo de bases de datos de instituciones, que personas inescrupulosas habrían hecho para utilizar esos datos en los recobros de servicios de salud de supuestos pacientes, que nunca recibían la atención descrita.

La investigación es muy compleja. La Costa Caribe es el centro de estos nuevos acápites del escándalo del desfalco a la salud que, según el presidente Juan Manuel Santos por ahora es de $30.000 millones, pero que podría tratarse de billones.

“La mayoría de las IPS de fachada están en la Costa Caribe”, confirmó una autoridad. Pero el trabajo de identificarlas no es sencillo. Cuando un paciente necesita ser atendido en una IPS por un servicio de salud no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, generalmente interpone una tutela para recibirlo. El costo de la atención luego es recobrado por esa IPS, a través de la EPS de la que depende, al Fosyga, donde aprueban o no el pago.

Para este caso, los investigadores tienen que analizar cada recobro que esas EPS envían y verificar la existencia de la IPS buscando su registro. Ahí es cuando se halla si la IPS existe de verdad o sólo en el papel. Pero no basta con un video que muestre que se trata en realidad de una casa abandonada, las autoridades tienen que ir a Catastro y pedir certificados para completar el proceso.

Las autoridades constataron que sólo bastaba con tener la documentación reglamentada (membretes, sellos) para que recobros fueran aprobados en el Fosyga. Es decir, que no se hacía una correcta verificación de la existencia de la IPS. En Barranquilla, principalmente, pero también en Cartagena y Bogotá se buscan las IPS fachadas.

El caso requiere de un trabajo tan minucioso que dentro de la investigación que desató el escándalo, denunciado por el Gobierno, para el tema de las IPS fue designado un fiscal especializado. Con ese esquema las autoridades buscan revisar no cada recobro -dada la cantidad- sino una muestra representativa que sirva para judicializar y conseguir la expedición de órdenes de captura.

Robo de datos

Otro elemento que preocupa a las autoridades es la evidencia de compra de bases de datos a instituciones del país –de cualquier tipo- para usarlas y crear falsos pacientes y recobros y obtener una ganancia real de entre un 8 y 6% de comisión del dinero que recibía la EPS por el recobro aprobado en el Fosyga.

“Se comprobó la compra de una base de datos por $250 millones”, reveló una fuente, que agregó que son “bases de datos de todo tipo, que tienen miles de personas”.

En este caso la actividad ilegal consiste en seleccionar al azar a personas de regiones apartadas y ‘cuadrarles’ un recobro falso a sus nombres, procedimiento que era aprobado en el Fosyga. En estos hechos todo apunta a la ya capturada Claudia Patricia Rojas, quien era la coordinadora de Cobros y Reclamaciones del Ministerio de Protección Social.

Las autoridades estiman que Rojas, junto con los también capturados Luis Ruiz, Édgar Medina Millán, John Carlos Lamus y Héctor Durán, coordinaba con las EPS los recobros “de más” que se presentaban y que luego eran aprobados.

“¿Quién va al Fosyga a preguntar si hay un recobro a su nombre? Nadie”, explica la fuente. Esa es la razón principal por la que las autoridades temen que, por ejemplo, bases de datos de integrantes de la Fuerza Pública hayan sido robadas y usadas de forma inescrupulosa e ilegal en este desfalco “sistemático” del sistema de salud.

Los muertos

Las autoridades también hicieron un ejercicio de cruce de datos para verificar quiénes de los supuestos pacientes de los recobros están muertos y cuándo fallecieron. Se han encontrado datos de once que aparecían como beneficiarios de salud que eran recobrados.

“Pero no de hace un año o de quienes fallecieron poco después de recibir el servicio de salud, sino de fallecimientos de 5 ó 6 años atrás” Se estudia esa otra modalidad de defraudación.