Gobierno debe fortalecer IES con potencial de
excelencia
Apr.
13 de 2013
Por:
Ignacio Mantilla Prada,
Rector de la Universidad Nacional de Colombia
Modernizar y financiar las universidades que tienen
potencial de sobresalir mundialmente debe ser una de las apuestas del Gobierno.
El país necesita instituciones de excelencia. La política de repartir un escaso
presupuesto adicional en igual proporción pone en riesgo la influencia
académica y el respeto internacional de las mejores universidades.
Desde
los años sesenta, cuando un pequeño grupo de universidades norteamericanas
consiguió cuantiosos recursos y becas para patrocinar sus investigaciones
–especialmente en el campo de las ciencias físicas y naturales–,
la financiación de proyectos cruciales fue posible gracias a fondos que se
incorporaron a los presupuestos de funcionamiento de las nuevas “universidades
de investigación”, categoría que trascendió las habituales de “privadas” y
“estatales o públicas”.
Con
el tiempo, la competencia por obtener dineros adicionales incorporó la
estrategia de la cooperación, no solo entre instituciones, sino también entre
científicos de diferentes disciplinas.
Simultáneamente,
el crecimiento demográfico y económico provocó un cambio significativo en su
estructura. Así, por ejemplo, los campus históricos se transformaron en
sistemas de múltiples sedes que abarcan áreas geográficas extensas o remotas.
El
argumento principal para promover la creación de nuevas sedes y campus fue la
necesidad de atender a más estudiantes y de llevar la formación de calidad a
otras regiones. El medio para lograrlo fue la financiación estatal, que
optimizaba así los recursos sin tener que fundar nuevos centros académicos.
En
el país, la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo de esta transformación,
con la consolidación de siete sedes y su apuesta por la investigación.
Mejorar
la categoría
Aquellas
instituciones de educación superior (IES) que optaron por este camino
recibieron un impulso dinámico gracias a fondos externos que se sumaron a sus
presupuestos (o que, al menos, así fueron contabilizados).
Lo
que a menudo se pasó por alto fueron los costos adicionales ocultos que
acarreaban los proyectos y los investigadores, derivados de las nuevas sumas
presupuestales que debían disponerse para mantener, por ejemplo, las
instalaciones de alta calidad que se necesitaban o para pagar salarios mayores
a profesores más calificados y motivados a aumentar su propia productividad
académica.
Las
universidades tampoco han escapado al entorno social globalizado, en donde lo
normal es lo impredecible. La academia actual debe responder con prontitud y de
manera acertada, soportando presiones políticas, sociales y económicas. Y
surgen ahora nuevas categorías de centros que se destacan por su alta calidad,
como las “universidades de excelencia”.
Estas
no solo son responsables del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino
también de la cultura, la formación general, el conocimiento y la capacidad de
comprender lo que sucede en el país y en el mundo. Especialmente en la última
década, tener IES de esta categoría se ha convertido en un propósito y en una
preocupación cada vez más grande para algunos países y sus Gobiernos.
De
todo lo que se les pueda defender o criticar, hay algo que todos aceptan: la
calidad de excelencia con que desempeñan sus funciones debe considerarse
normativa para otras instituciones.
Colombia
necesita y merece universidades de excelencia, apreciadas así por la sociedad,
pero muy especialmente por el Gobierno: aquellas que hacen relevantes
contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación; las que
enseñan con los programas de estudios y los métodos pedagógicos más
innovadores, en las condiciones más propicias; y las que hacen de la
investigación un componente integral de la enseñanza en pregrado.
Urgen
universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados, que formen
profesionales excepcionalmente calificados: destacados por su éxito en ámbitos
altamente competitivos durante su formación y después de su graduación;
sumamente demandados en el mercado laboral; que llevan a cabo pesquisas de
vanguardia; publican en las principales revistas científicas; y contribuyen con
innovaciones técnicas a través de patentes y licencias.
Modernizar
las existentes
El
papel del Estado en fomentar el crecimiento de la educación de excelencia es un
factor crítico. Es poco probable que una institución pueda alcanzar rápidamente
esa categoría sin un entorno político favorable y apoyo público, debido, sobre
todo, a los altos costos involucrados en la creación de capacidades e
instalaciones avanzadas.
El
Gobierno debe considerar la posibilidad de mejorar aquellas que posean el
potencial de sobresalir. Pero, para eso, tiene que entender que el país
necesita universidades de excelencia.
Tiene
que estar decidido a modernizarlas, financiando su transformación y
garantizando su sostenimiento, con la conciencia de que la abundancia de
recursos es un elemento que caracteriza a la mayoría de las academias de ese
nivel.
¿Cómo
se financiará la transformación? ¿Qué proporción del gasto debería hacer parte
del presupuesto público? ¿Qué sistemas de control, indicadores de resultados y
mecanismos de rendición de cuentas se utilizarán? Estos son algunos de los
interrogantes.
Un
caso ejemplar que merece destacarse es el esfuerzo que ha hecho Alemania,
recientemente imitado por Francia, para reforzar sus mejores universidades y
así llevarlas al grado de excelencia.
Mediante
una clasificación efectuada en el año 2006, llamada “iniciativa de excelencia”
(Exzellenzinitiative), se dio un primer
impulso financiero por cinco años a nueve de ellas (de las cerca de cien
existentes) equivalente a 1.900 millones de euros.
En
el año 2012, se extendió por cinco años más el aporte federal, ahora de 2.700
millones de euros, para fortalecer una decena de ellas consideradas “de
excelencia” y consolidar así la formación de futuros científicos y la
investigación.
En
Colombia, por el contrario, se pretende repartir un escaso presupuesto
adicional en igual proporción entre todas las universidades públicas o, peor
aún –recurriendo a un extraño modelo “solidario”–, en proporción inversa a sus
presupuestos, lo que no protege a las de mayor potencial y mejores resultados.
Esta
política conducirá, indefectiblemente, a una nivelación con criterios políticos
que no estimula su excelencia, desalienta a las mejores y pone en riesgo su
influencia académica y el respeto internacional.
La
medida es contraria a las recomendaciones hechas en el reciente informe del
Banco Mundial y la OCDE, financiado por el mismo Gobierno nacional. Este
sostiene:
“Colombia
debe tratar de conseguir que su sistema de educación superior pueda competir
con los mejores del mundo, y debe estar dispuesto a adoptar medidas y realizar
reformas valientes para lograrlo. [...] Debe aumentar la inversión en la
educación de posgrado, la investigación y el desarrollo”.
La
atención urgente de estas recomendaciones y la decisión política de crear
universidades de excelencia en el país no dan más espera.
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