Gastos del Hospital Psiquiátrico necesitan ‘camisa de fuerza’

Que hace dos días los empleados del Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle, Hdpv, salieran a la Calle Quinta vestidos con sus batas blancas, y lanzaran arengas contra la corrupción paralizando el tráfico, parece una cosa de locos.

Pero las razones para el reclamo generalizado, que incluyó reproches subidos de tono de los líderes de la protesta en la cara de Álvaro Martínez Payán, el controvertido gerente del centro asistencial, no son inventos de mentes perturbadas.

Sus reclamos son el resultado de los malos manejos que se viven dentro de la institución y han sido incluidos en un informe de la Contraloría del Valle, el cual deberá ser respondido por las directivas del Hospital el próximo martes.

La auditoría, que tomó evidencias de manera aleatoria en los documentos que soportan la gestión, desnuda la gravedad de lo ocurrido durante los últimos dos años en la administración del ‘San Isidro’, como se conoce popularmente al Hdpv.

“Para una institución de tanta importancia regional, es bastante nocivo haber pasado los años 2008 y 2009 sin un instrumento legítimo que dirija y oriente su gestión”, reza en el primer capítulo del informe, cuando hace referencia a la ausencia del plan estratégico, documento esencial para dirigir y controlar al Hospital.

Según la Contraloría la falta de esa carta de navegación y que el máximo órgano de dirección, la Junta Directiva, no preste suficiente atención al devenir del Hospital, son las razones que han permitido situaciones anómalas.

Más allá del desgreño administrativo, las autoridades manejan la hipótesis de que varios políticos podrían estar tras algunos dineros del presupuesto del Psiquiátrico que están embolatados.

Ese sería el caso de Cohosval, una cooperativa que estaría inmersa en un presunto “detrimento patrimonial por valor de $2.811 millones debido a la compra de medicamentos con sobrecosto en el contrato de servicios 376-2009 firmado con la Secretaría de Salud del Valle”.

Para efectos de corroborar la situación, puesta en evidencia por la misma Secretaría en mayo del 2010 cuando realizó una auditoría al contrato, la Contraloría evaluó la gestión comercial de Cohosval, “logrando determinar que esa cooperativa presuntamente no respeta los valores pactados”, destaca el informe, que advierte a la Secretaría de Salud para que revise la totalidad de los contratos de compra de medicinas.

Este caso es significativo porque la Contraloría comprobó que José Fernando Hinestrosa, delegado de la Gobernación del Valle ante
la junta directiva del Hdpv, se ha desempeñado simultáneamente como asesor jurídico de Cohosval. Ha sido juez y parte en la compra y venta de los medicamentos del Psiquiátrico durante los últimos dos años.

Una fuente de Anthoc, que pidió la reserva de su identidad, le aseguró a este diario que Hinestrosa sería el enlace clave del senador Juan Carlos Martínez en dicha entidad. Aunque esa información no fue posible corroborarla, sí llama la atención que el subgerente administrativo y financiero del Hdpv, José Eliécer Armero Riascos, quien aparece firmando algunos contratos, sí se encuentre en el listado de los visitantes de Martínez en La Picota.

Esto explicaría, según los investigadores, por qué “el personal contratado por prestación de servicios aumentó en 45 cargos sin ninguna justificación desde 2008 y hasta junio del 2010. Los contratos vencieron y a la fecha la entidad no tiene recursos para nuevas contrataciones”.

Las investigaciones de carácter disciplinario y penal por estas anomalías apenas empiezan. Pero el daño al Hdpv ya está hecho, su consulta externa se encuentra en riesgo de cerrar y toda la entidad podría colapsar en el 2011 por falta de recursos.