En el editorial del pasado 30 de abril, ante las quejas de los usuarios y
los problemas del Sistema de Salud, El País cuestionó si está cumpliendo con su
función de velar por el bienestar de la población o se ha desfigurado por el
afán de hacer de la salud un negocio con un derecho fundamental.
La respuesta la dieron el Presidente de
Ese es uno de los rubros que desangran el presupuesto público destinado a
atender un derecho fundamental. La trampa consistía en cobrar comisiones para
autorizar pagos de tutelas que amparaban procedimientos negados antes, a pesar
de ser autorizados por el Plan Obligatorio de Salud, POS. Según el
Superintendente de Salud, una de cada cuatro reclamaciones es “irregular”. Y
cada una de las pagadas mediante ese mecanismo significa un sobrecosto
de entre el 50% y el 85% de su valor normal.
Pero ese es sólo uno de los múltiples rotos abiertos para quedarse con el
dinero de todos los colombianos. También están mecanismos macabros como el de
manipular la base de datos de las EPS, demorando el aviso de muertes de
pacientes para seguir cobrando las Unidades de Pago por Capitación, UPC, que
autoriza la ley. Es decir, para quedarse con los más de $500.000 pesos anuales
que paga el erario por cada ciudadano inscrito. O las manipulaciones en los
medicamentos que le cobran al Estado a precios escandalosos después de haber
logrado eliminar el control de precios. Sobrecostos,
valga la pena decirlo, que superan los dos billones de pesos.
Y mientras todo eso sucede, el país tiene una Superintendencia de Salud con
menos de 150 funcionarios para vigilar 40.000 empresas del sector. Meses atrás,
el gobierno del presidente Uribe decretó
Además de constituir múltiples y escandalosos delitos, los hechos
denunciados por el Gobierno,
Ahora, además de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un derecho
fundamental, de lo que se trata es de devolverles la confianza a los
colombianos en el sistema de salud. Y eso empieza con la sanción ejemplar a los
defraudadores y la creación de instrumentos eficaces para detener el saqueo a
los recursos públicos.