La entidad indaga si el contralor Adolfo Weybar
Sinisterra y dos funcionarias pidieron dinero a
cambio de bajar sanciones y archivar procesos.
La Fiscalía Seccional abrió la semana pasada una
indagación preliminar en la que vincula al contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, y a dos de sus
funcionarias de confianza, Gloria Alarcón, director de Responsabilidad Fiscal,
y Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales, como sospechosos de
exigir el pago de dinero a cambio de disminuir hallazgos y embolatar
expedientes de procesos sancionatorios.
La denuncia fue puesta el jueves pasado en la
Unidad de Reacción Inmediata del centro de Cali por Maira Alejandra Sepúlveda,
quien hasta el pasado 18 de enero se desempeñó como supernumeraria en la propia
Contraloría del Valle.
La exfuncionaria,
acompañada por el abogado penalista Élmer Montaña,
quien la asesora, le contó a la investigadora de la Fiscalía, Teresa Solís, los
hechos de los que supuestamente fue testigo y otros de los que tuvo
conocimiento por terceras personas.
En su relato, Sepúlveda cuenta como siendo
profesional universitaria del ente de control, se le comisionó el 9 de octubre
de 2012 para atender la denuncia ciudadana con radicado CACCI 10830, la cual informaba sobre un presunto cobro de dineros a
través de varios cheques que fueron hurtados al Hospital Piloto de Jamundí, HPJ.
Sepúlveda hizó la visita
al centro asistencial y el 26 de octubre del año pasado rindió un informe a
Luis Murillo, asesor de Participación Ciudadana de la Contraloría, en el cual
relacionó dos hallazgos. El primero de tipo fiscal en cabeza de Rodolfo
Argüelles, gerente del HPJ, “por la sustracción de $164.720.000 soportados en
nueve cheques del Banco Popular y cinco cheques del Banco de Occidente”. El
segundo de tipo disciplinario, por la pérdida de dichos títulos valores.
Agrega la denunciante que el 20 de diciembre de
2012, cuando quiso verificar en qué estado se encontraba el proceso fiscal
contra el HPJ y su gerente, si se había implementado un Plan de Mejoramiento,
que es el proceso normal que debe iniciar toda entidad estatal cuando es
notificada de hallazgos por parte del ente de control, se llevó una
desagradable sorpresa.
En conversación con el gerente Argüelles este le
informó que no había tenido que implementar un Plan de Mejoramiento y le
explicó que dos funcionarias de la Contraloría le habían exigido $40 millones
para “cerrarle el hallazgo fiscal y no llevarlo al proceso verbal
disciplinario”. Sepúlveda también narró a la Fiscalía que no creyó en la
versión del gerente del HPJ y que por eso le pidió pruebas.
Argüelles procedió a identificar a las dos
funcionarias de la Contraloría “con sus nombres y dio una detallada descripción
física”, agregando que “fue Gloria la que recibió el dinero en tres contados”.
Como si esto no fuera suficiente, Argüelles le
explicó a la denunciante que las dos funcionarias de la Contraloría le “habían
pedido la suma de $152 millones para que en la auditoría de 2013 estuviera
tranquilo ya que ellas se encargarían de que no tuviera problema alguno”.
Aunque a Sepúlveda no le consta que lo dicho por el
gerente del HPJ haya sucedido, consideró que su deber era alertar directamente
al Contralor del Valle sobre los presuntos hechos irregulares y, además,
indagar por qué el proceso de responsabilidad fiscal, o sea, el juicio para
establecer quién responde por el dinero perdido en el hospital, no había
arrancado formalmente aunque ella había consignado los hallazgos hacía dos
meses.
“Por lealtad y gratitud fui a informarle al
Contralor Departamental la situación que ponía en peligro la imagen y
credibilidad de la institución”, dice la denuncia y señala que el 26 de
diciembre Sepúlveda tuvo una entrevista con Adolfo Weybar
Sinisterra, el contralor del Valle, en la que de manera
verbal lo puso al tanto de los hechos descritos por el gerente del Hospital
Piloto de Jamundí.
Según la denunciante, el Contralor no quiso darle
crédito a la versión y pidió que la soportara con pruebas. Ella aportó el
Informe de Visita Fiscal DC-85-2012 que consta de 183 páginas y, además,
ofreció traer al gerente del HPJ para que rindiera el testimonio.
“El Contralor me manifestó que no trajera a nadie,
ya que no quería iniciar una investigación interna que lo podría afectar pues
era de conocimiento de todos los trabajadores de la entidad que a Gloria
Alarcón la había traído él mismo desde Bogotá, pues son compañeros de carrera
administrativa y trabajaban en la Contraloría Nacional”, dice la denuncia.
Según el testimonio que Sepúlveda rindió ante la Fiscalía,
el Contralor habría aceptado retirar a Nancy Acosta, pero “a su amiga Gloria
Alarcón no la iba a perjudicar”.
Sepúlveda narra que inmediatamente pidió un
traslado. “No era sano para mí, ni para mis compañeros, que siguiera trabajando
en el proceso auditor, pues lo ocurrido me generaba total desmotivación, ya que
con qué actitud seguiría cumpliendo con mis funciones, teniendo la desconfianza
en que los hallazgos que hiciera en adelante, pudieran ser utilizados para lo
mismo, cobrarle al sujeto de control una cuota para cerrarlos”, señala en la
segunda página del testimonio.
Dice la denunciante que el Contralor le pidió que
no dijera nada y le aseguró que iba a darle trámite a sus hallazgos a través de
otra área de la dependencia, que en enero cuando se reintegraran de la pausa de
fin de año, hablaban.
El 9 de enero de 2013 se volvió a reunir Sepúlveda
con el Contralor, pero esta vez las cosas tomaron otro rumbo.
El jefe de la entidad de control le dijo que si
tenía pruebas de lo que le había contado, las llevara a las autoridades
competentes y que no le “diera a conocer por oficio la situación a él, porque
creía en las funcionarias”.
Afirma la denunciante que recibió extrañada la
respuesta y preguntó “¿por qué debo informar a otras instituciones afuera y no
al Contralor Departamental, con copia a las entidades competentes, siendo este
mi conducto regular?”.
También se pregunta “¿por qué solo un día después
de que ella le informó sobre el presunto acto de corrupción de las dos
funcionarias de la Contraloría, el 27 de diciembre, fue que se inició el
proceso por los hallazgos en el Hospital Piloto de Jamundí,
siendo que esos hechos ella los reportó desde el 9 de noviembre de 2012?”.
La denunciante también cuestionó la razón para que
desde la Contraloría no se hubiera dado traslado del hallazgo disciplinario a
la Procuraduría, que es la encargada de investigar la conducta de los
funcionarios públicos.
El Contralor se enfureció, dice el testimonio. “Me
trató de loca, golpeó la mesa y a gritos me dijo que me largara de su oficina,
el 18 de enero, sin motivación justa, me declaró insubsistente (despido)”,
aseguró Sepúlveda ante la Fiscalía.
En la oficina de Control Interno de la Contraloría
iniciaron una indagación para determinar si las dos funcionarias mencionadas
por la denunciante son responsables. Tiene un año como plazo máximo para el
fallo de primera instancia.
Luego de conocer la denuncia, El País habló con el
Contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, quien negó su participación en un hecho
irregular e imploró “Dios quiera que no haya un cartel dentro de la entidad”.
Sin embargo, Sinisterra
no fue capaz de explicar por qué se demoró la Contraloría del Valle dos meses
entre que la auditora reportó los dos hallazgos y se comenzó el juicio fiscal.
“Eso no es normal y me preocupa, pero lo tendrá que
explicar Luis Murillo, asesor de Participación Ciudadana, quien está en
vacaciones”, respondió el Contralor.
Al preguntarle por qué se negó a recibir la
denuncia de la exfuncionaria y por qué no la puso en
conocimiento de la demás autoridades, Procuraduría y Fiscalía, Sinisterra dijo que “le pedí pruebas y una denuncia por
escrito, porque si yo le diera crédito y arrancara investigaciones por los
chismes de pasillo que me llegan, sería muy irresponsable”.
El Contralor afirma que para evitar lo que en el
argot técnico se conoce como “subjetividades positivas o negativas de los
investigadores, que es cuando se vuelven amigos o enemigos de los sujetos de
control, creamos una bolsa común de auditores, así ellos casi nunca repiten en
una misma entidad los procesos de control”.
Sobre el proceso de responsabilidad fiscal en el
Hospital Piloto de Jamundí, Sinisterra
explicó que “allí vamos a tener unos resultados pronto, pues me comprometí
personalmente con ese asunto para evitar las suspicacias por esta denuncia”.
Al insistir sobre su deber como funcionario público
de poner en conocimiento de las demás autoridades la posible comisión de un
delito, como lo afirma la denunciante, el Contralor aseguró que “no era mi
obligación”.