Fiscalía abre expediente por
trampas de EPS para restringir servicios
Superintendencia
de Industria y Comercio impone millonaria multa a 14 EPS.
"Se
acuerda que Acemi enviará el formato del año
anterior, que las EPS lo revisarán e intentarán enviar información para valorar
en cada procedimiento cuánto pueden costar los elementos no POS y proponer
topes de cobertura."
Este
es un aparte del correo electrónico enviado en marzo del 2007 por Marcela
Camacho, directora médica de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina
Integral (Acemi), a sus afiliados y prueba en el
expediente que llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio a imponer
una millonaria multa a 14 EPS que se pusieron de acuerdo para "restringir
los servicios de salud y afectar la transparencia en el sector".
Las
empresas promotoras de salud sancionadas no solo tendrán que pagar una multa
superior a los mil millones de pesos, sino que ahora responderán penalmente por
los delitos que cometieron con esos pactos. La Fiscalía pidió a la
Superintendencia copia del proceso para establecer las conductas delictivas que
se podrían tipificar y cuya principal prueba son cientos de correos
electrónicos y copias de actas de reuniones en las que se planeó la estrategia.
En
el expediente está la declaración de un jefe financiero de una EPS según la
cual en la autorización de procedimientos médicos la empresa seguía "en
forma complementaria los lineamientos establecidos por Acemi",
testimonio que ratificó la tesis de que la agremiación era la que articulaba
toda la operación.
En
marzo del 2007, Lucía Torres, funcionaria de Acemi,
pidió a las EPS enviar urgentemente la lista de pacientes que entre el 2000 y
el 2007 recibieron trasplantes y los costos, incluyendo medicamentos. "Acemi realizaba un análisis y reenviaba la información a
las EPS, que lograban datos detallados de sus competidores", dice el
proceso.
En
el expediente que evalúa la Fiscalía hay una lista con una extensa relación de
procedimientos médicos. Allí, cada EPS decía si debían ser autorizados o no. Al
final, según los votos con una X, se decía si había consenso sobre la
prestación del servicio.