En medio
de la expectativa por la decisión que tomará la Corte Constitucional sobre las
pensiones millonarias que reciben exmagistrados y excongresistas, se conoce un
alarmante informe acerca del impacto fiscal que tienen sobre el sistema
pensional las decisiones de jueces, tribunales y altas cortes referente a la liquidación de mesadas a cargo del Estado.
En uno
de los documentos que revisa la Corte para el caso -este jueves realizará la
audiencia clave sobre este polémico tema- y que tiene corte al 2011, el
Ministerio de Hacienda advierte que varias decisiones judiciales han extendido
injustificadamente la vigencia de regímenes de transición -que permitían a
algunos servidores públicos pensionarse en condiciones más ventajosas- o han
aplicado esos beneficios a quienes no tenían derecho.
"Esas decisiones afectan el objetivo de mejorar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, pues pueden tener un costo de entre 11,7 y 20,1 billones
de pesos para (pensiones) de la Rama Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República", dice el
informe.
Y agrega que algunos fallos, especialmente del Consejo de Estado,
podrían dar pie a extender los beneficios al resto de servidores públicos del
Estado, lo que podría incrementar la obligación pensional en un monto estimado
entre 31,3 y 37 billones de pesos. Esa plata es adicional a lo que ya costarían
las pensiones.
El fallo que debe emitir la Corte, ponencia a cargo del magistrado Jorge Pretelt, se refiere específicamente a las mesadas que
exceden los 25 salarios mínimos (casi 15 millones de pesos), pero se espera que
ese tribunal dé pautas acerca de la manera como deben ser liquidadas esas
jubilaciones.
Esto, porque existen decisiones contradictorias en casos similares entre la
Sala Laboral de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y a veces entre los
mismos tribunales en diferentes épocas.
El asunto es más grave en materia de tutelas, pues en varias ocasiones los
jueces han ordenado pagos que van más allá de lo que dicen las normas, como ha
ocurrido en varias demandas contra el Fondo de Previsión del Congreso, que se
ha visto obligado a pagar por mandato judicial.
El saliente presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, le dijo
a EL TIEMPO que las decisiones de la Rama Judicial en materia pensional se
ciñen a derecho y que las demandas pensionales son
resultado de que otras ramas del poder han inclumplido
obligaciones.
Frente a la posición de los que señalan que las llamadas megapensiones
son muy pocas (cerca de 1.200 en todo el país) y que por lo tanto no impactan la
sostenibilidad del sistema, en el expediente hay un informe de la Contraloría
que indica que cualquier decisión que las ponga en cintura ahorrará
miles de millones.
Las pensiones a cargo del Fondo del Congreso le valdrán al país 2,48 billones
de pesos. Este cálculo incluye el tiempo que reciben mesada los pensionados y
luego sus sucesores. Pero las reservas, o sea, los aportes hechos por quienes
obtienen las jugosas pensiones, apenas llegan a los 363.000 millones de pesos.
Es decir, la Nación, con plata del resto de colombianos afiliados al régimen de
prima media, deberá poner más de 2 billones para las mesadas, especialmente
para las que valen 15 millones o más.
Qué
evalúa la Corte
1.
Demanda a ley de 1992
Dos
abogados demandaron el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que regula las
pensiones de los congresistas. Les permite jubilarse a los 55 años, con el 75
por ciento del mejor salario del último año. Se extiende a otros altos
funcionarios.
2.
¿Qué está vigente?
Ese
artículo ha dado pie a demandas que han permitido que se desconozca una reforma
constitucional del 2005 que les ponía tope a las pensiones: 25 salarios mínimos
(unos 15 millones). Hoy, se pagan mesadas de 20 millones o más.
3.
¿Cómo se pensiona el resto?
La
inmensa mayoría de colombianos que cotizan para pensión se atiene a la Ley 100:
su mesada arranca en el 60 por ciento del promedio de los últimos 10 años
cotizados. Ocho de cada diez reciben menos de dos salarios mínimos.
4.
¿Qué puede pasar?
Muchos
sectores en el país esperan que la Corte Constitucional deje clara la vigencia
de la reforma del 2005 y que cierre puertas por las que algunos excongresistas
han reclamado y logrado que sus pagos incluyan viáticos y tiquetes.
REDACCIÓN
JUSTICIA