La Interrupción
Voluntaria del Embarazo se cumple en el Valle gracias a una fuerte Red de
Mujeres. En lo que va corrido de 2013 ya van 25 IVE en Cali. Un 60 % de
solicitudes son por abuso sexual.
Dejar en la cabecera de la camilla una bolsa de dextrosa con restos
fetales flotando en un líquido sanguinolento. O decirle, ¿por qué llora, acaso
no era eso lo que quería?
Esas son formas de sanción social que personal
médico y/o paramédico (no todos) de algunas instituciones de salud (no todas)
aplica a algunas mujeres cuando solicitan un procedimiento de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, IVE, legalmente establecido por la Corte
Constitucional en Colombia.
Son modalidades de guerra sicológica sutiles, pero
crueles. Como escuchar en la sala de espera, delante de todos: “Que siga la
violada” o “¿Usted es la que viene para la interrupción del embarazo? pase al
consultorio”. O que las lleven a ecografía y les digan: “Ay, mírelo tan lindo”.
Comentarios que caen como una puñalada en el vientre cuando el feto es producto
de una violación que ha dejado a la víctima en estado de shock o de depresión
severa.
Estas y otras experiencias aún encuentran las integrantes de la Red de
Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cali, al hacer el
acompañamiento a congéneres que solicitan una IVE por cualquiera de las tres
causales aprobadas por la Corte.
Desde la promulgación de la sentencia C-355 de
2006, que ampara la IVE en tres circunstancias especiales, la Secretaría de
Salud Departamental ha identificado 214 casos en el Valle, el 75 % en Cali y el
25 % restante en 16 municipios.
En Cali, el Hospital Universitario del Valle, HUV,
atendió 38 casos en 2012, pero la tendencia va en aumento: en lo que va corrido
de 2013 ya van 25. Un 60 % de las solicitudes son por abuso sexual.
Organizaciones como Womens
Link Worldwide aclaran que la sentencia C-355 de 2006 sigue vigente a pesar del
fallo del Consejo de Estado del pasado 18 de marzo, que anula el Decreto 4444
de 2006 “por errores de forma, no de fondo”.
Médicos objetores de conciencia admiten que hay
personal que como seres humanos tienen creencias religiosas o posiciones éticas
por las que actúan con rechazo hacia quien toma esta opción. Y otros creen que
la mujer por sí misma se siente culpable y todo lo que sucede lo interpreta
como si fuese juzgada.
“No es una política institucional de la EPS o IPS, pero hay actitudes
individuales del personal paramédico que demuestran que todavía falta mucha
sensibilización, entrenamiento y educación al respecto”, dice una defensora de
derechos de género que pide reservar su identidad para evitar “la
estigmatización que nos cobija al igual que a las que ejercen su derecho a la
IVE”.
Un médico de una IPS, que reserva su identidad,
acepta que para él y sus colegas fue muy difícil aceptar realizar las IVE.
Sobre todo cuando la fecha de la violación referida por la paciente no
coincidía con el número de semanas del feto.
Sin embargo, Javier Fonseca, subdirector médico del
Departamento de Ginecología y Obstetricia del HUV, que atiende pacientes
remitidas por EPS del régimen subsidiado, argumenta que esa causa ya no es
discutible.
Puede ocurrir, dice, que una mujer violada no
estuvo en condiciones de denunciar de inmediato: “Y lo hace cuando se ve
embarazada y no se acuerda cuándo fue la violación porque quiere olvidarla. Así
que no podemos entrar en detalles, sino que debemos cumplir la norma porque
sería dilatar el procedimiento”.
Sobre la malformación fetal incompatible con la
vida, la Red de Mujeres exige que se cumpla con el único requisito del
certificado médico. Pero Fonseca explica que a veces les remiten solicitantes
de IVE por esta causal, pero la valoración arroja que el bebé, por ejemplo,
tiene un pie torcido, lo cual no aplica.
“Los médicos no siempre tenemos el concepto claro a nivel individual de
cuál es el riesgo de no sobrevivencia de un bebé. Y va a ser más claro si lo da
no solo el ginecólogo, sino el pediatra, el neonatólogo y otras
subespecialidades”, afirma.
Aún
así, el galeno comprende que el espíritu de la ley es no ponerle trabas a la
paciente, porque ir de concepto en concepto dilata el proceso y el protocolo
exige que no se demore más de cinco días.
No obstante, agrega que si en un control prenatal
hallan un caso de malformación genética, ellos mismos le explican a la mujer
los riesgos y las posibilidades de vida y de calidad de vida del bebé y las
opciones como la IVE.
Algunas se acogen a este derecho y son
intervenidas. Y otro buen número prefiere continuar con su embarazo. “La semana
pasada pasó con una pareja; se les explicó que el bebé tiene serios problemas,
pero optaron por seguir hasta el final a pesar de los riesgos o
inconvenientes”, dice.
El punto de mayor divergencia es aplicar la causal
“cuando la salud y vida de la mujer está en riesgo”, que los médicos entienden
como salud física. Así la OMS defina que salud no es ausencia de enfermedad
sino un estado de bienestar biosicosocial (mental,
emocional y físico).
Los casos más dramáticos son de menores de edad.
Como el de la quinceañera que al verse embarazada entró en depresión e intentos
suicidas.
Al ser rechazada, tomó una mezcla de medicamentos.
De milagro no se murió, pero fue necesario ese intento de suicidio para que
recibiera el procedimiento.
En noviembre llegó desde Pasto una joven de 17 años
con 14 semanas de gestación. Pese a tener la denuncia de que fue violada a la salida
de una fiesta, los médicos de un hospital de esa ciudad se declararon objetores
de conciencia.
Ella se lanzó a un carro y tomó pastillas, fue hospitalizada y remitida
a una IPS de Cali que también la rechazó porque su estado depresivo no era
asimilado al “concepto salud y/o vida en riesgo”. Fue necesaria la intervención
de las secretarías de Salud Municipal y Departamental y hasta del Ministerio,
para que su embarazo fuera interrumpido.
O el de una embarazada en situación de calle,
consumidora de drogas psicoactivas, que no fue
atendida pese a tener diagnóstico de VIH, pero los médicos alegaban que esa
condición clínica no era válida.
Con todas esas dificultades, en el Valle la
sentencia se cumple gracias al trabajo de una red de mujeres que está lista
para defender este derecho. “La IVE es una opción de vida porque nos redujo el
índice de muerte por abortos no adecuados de 15 en 2011 a 1 en 2012”, dice
Martha Castaño, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de
Salud del Valle.
Agrega que “las mujeres no quieren abortar porque
sí, esa es una situación extrema, pero cuando es necesario el Estado la protege
para que se haga en condiciones dignas y seguras, haciendo ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos que ampara la Constitución”.
La talanquera verdaderamente embarazosa que
encuentra la Red de Mujeres es la deliberación sobre qué se entiende como salud
entre el gremio médico y lo que dictan las sentencias de la Corte
Constitucional, la OMS y hasta la Relatoría de la ONU.
Según las defensoras de derechos de género, “los
médicos alegan que esa es la interpretación nuestra y nos muestran los listados
de las enfermedades que ponen en riesgo físico a la mujer, pero no aceptan los
de riesgo mental o emocional cuando la interpretación es de la Corte que
determina que salud es un concepto integral”, dice una de ellas.
Médicos objetores de conciencia argumentan que es
un concepto muy ambiguo y que así, pueden solicitar IVE “porque antes del
embarazo no me dolía la cabeza y ahora sí, entonces no deseo continuar”.
La Red de Mujeres aclara que ni la Corte ni las
entidades defensoras de derechos de género obligan a nadie a abortar, pero que
sí es un derecho optar por la IVE si así lo deciden en especial, mujeres de
población vulnerable, sin escolaridad ni nivel de vida y víctimas de abuso
sexual, por asalto (violación) o por engaño (promesas, regalos o drogas en
bebidas, por ejemplo), sino de amenazas, intimidaciones, desplazamiento, etc.