Evaluación de la educación superior sin
los protagonistas
Feb. 10 de 2013
Por: Leidy
Castaño, Unimedios
Integrantes de universidades públicas del país consideran
que la evaluación del estado de la educación superior del país contratada por
el Gobierno nacional y elaborada y financiada por el Banco Mundial tiene un
potencial sesgo que no permite considerarlo un análisis completamente objetivo.
Diez capítulos recogen el análisis de
la educación superior de Colombia que hizo un equipo de revisión conformado por
expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y el Banco Mundial (BM). El Ministerio de Educación Nacional (MEN)
presentó el texto el pasado 24 de enero.
María Fernanda Campo, titular de esta cartera, afirmó que el Gobierno solicitó
la elaboración del estudio, entre otras razones, por el interés que el
presidente Juan Manuel Santos tiene en que el país ingrese a la OCDE.
Las críticas no se hicieron esperar por el potencial sesgo de un informe creado
a la medida del sistema que lo contrata (el Gobierno nacional). Estos
resultados podrían convertirse en parte de los requisitos que esta organización
le pide a los Estados para avalar su admisión.
Para el profesor Moisés Wasserman, miembro de la
junta directiva del Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (Iesalc), de la Unesco, y exrector de la Universidad Nacional de Colombia,
“el problema central es la lógica un poco circular de la evaluación: el BM hace
unas recomendaciones y posteriormente, al evaluar, califica positivamente el
hecho de que se hubieran seguido sus propias recomendaciones”.
Planteamientos
El documento “Evaluaciones de políticas nacionales de educación: la educación
superior en Colombia” señala varios puntos fuertes: “el considerable aumento de
la cobertura en los últimos diez años; un variado panorama institucional; la
sólida y coherente planificación nacional y formulación de políticas; una
institución de préstamos estudiantiles que es de las mejores del mundo; unos
sistemas de evaluación completos y avanzados; y un compromiso con la toma de
decisiones basada en datos”.
Según Carlos Hernando Forero, secretario general y director ejecutivo (e) de la
Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), el
estudio es válido y necesario por cuanto contribuye a conocer a fondo el
sector. “Desde luego, el informe de la OCDE presenta un ángulo, pero, por
fortuna, no es el único”.
Alexander Gómez, vicerrector de Investigación y Extensión de la UN, considera
que el documento contiene algunas contradicciones. En particular, las
afirmaciones del capítulo siete, en el que se aborda la investigación, se prestan
para ser malinterpretadas.
El texto plantea que la investigación
se concentra en unas pocas universidades, principalmente en la UN. Pero luego
dice que esta no puede ser considerada una verdadera “universidad de
investigación” y le recomienda al Estado que estimule la investigación en
instituciones distintas y de fuera de Bogotá.
A la luz de una primera lectura, esto suscita ciertas inquietudes, pues
desconoce la acreditación institucional de alta calidad que recibió del MEN por
diez años, periodo máximo otorgado a una institución de educación superior, así
como su presencia institucional en todo el país, con ocho sedes (en Bogotá,
Medellín, Manizales, Palmira, Amazonas, San Andrés, Arauca y Tumaco) y cerca de
50 mil estudiantes de pregrado y posgrado.
Luego de un análisis detallado del documento, Gómez reconoce que la UN es un
referente nacional de investigación y que, efectivamente, concentra esta labor.
Las cifras así lo demuestran (como lo afirma el informe).
De los 13.274 artículos científicos de autores colombianos (procedentes de seis
instituciones colombianas), la mayoría (4.679) tiene su origen en la
Institución.
En el Ranking Iberoamericano SIR 2011, que evalúa la actividad investigativa,
la UN ocupa, entre 1.369 instituciones iberoamericanas, el puesto 56, y se
ubica en el puesto 25 entre las 1.229 de Latinoamérica y el Caribe.
Las cifras de excelencia académica y expansión del conocimiento de la
Universidad, a diciembre de 2012, hablan por sí solas.
El 28% de la producción científica del país, según Scopus,
lo aporta la UN a través de su propia producción editorial y de artículos
indexados en revistas nacionales e internacionales. Además, del total del país,
el 31% de los programas doctorales, el 39% de los doctores graduados y el 34%
de los estudiantes de doctorado matriculados pertenecen a la Universidad.
No obstante, la UN ha conformado su sistema de investigación con un esfuerzo
propio de financiación, y no con los recursos que recibe del Estado: por su
producción y experiencia, accede a cuantiosos recursos proporcionados por
diferentes entidades y organizaciones no estatales.
Por eso, concluye Gómez: “El Gobierno debe identificar otras cuatro o cinco
universidades para financiar sus procesos de investigación. Pero debe seguir
apoyando a la UN para que se convierta en una verdadera universidad de
investigación según los referentes internacionales, pues su accionar siempre ha
mostrado resultados”.
En ese sentido, reclama para la Institución una inversión en “espacios físicos,
laboratorios y tecnología de punta”.
Sin la voz universitaria
Si bien el informe aclara que los evaluadores se reunieron con el personal
administrativo y académico del sector universitario del país, la UN y la
Universidad de Antioquia no se sienten representadas.
Para Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia: “Las fuentes
sobre las que la OCDE valora o evalúa la situación en Colombia no son claras.
Definitivamente no se tuvo en cuenta al conjunto de instituciones del Sistema
Universitario Estatal o de Ascún. Se habla de un
informe preliminar entregado por el Ministerio de Educación, así como de las
bases de datos que se tuvieron en cuenta y que fueron concedidas por entes del
Gobierno. Pero no se explica la metodología del análisis”.
El profesor Ignacio Mantilla Prada, rector de la UN, también expresó su
descontento con la manera como se recolectaron los datos del informe, que
consistió en recoger información de diferentes entes nacionales y regionales,
pero no directamente en las instituciones de educación superior.