Los directores de las clínicas se reunieron con el secretario de Salud
departamental, Héctor Fabio Useche, quien les dijo
que cualquier modificación tendría que pasar por el Gobierno Nacional.
Esto
, si se tiene en cuenta que la emisión de la Estampilla fue
autorizada a partir de la Ley 669 de julio 30 del 2001. El cobro es del 3 por
mil sobre el patrimonio bruto.
Pero los directores de las clínicas que se sienten afectados argumentaron que
el porcentaje del gravamen fue fijado por la
asamblea del Valle.
La directora del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle, Doris García, dijo que se sentarán con abogados
administrativos y expertos en el área de salud a elaborar una propuesta. La
presentará a consideración del Gobierno departamental para que modifique la
ordenanza del 27 de diciembre del 2006 por medio de la cual se autorizó
la emisión de la Estampilla.
Useche dijo que era preciso cobrarla porque era la
garantía que tenían los usuarios de que las entidades prestadoras de
salud cumplían con todos sus requerimientos para ofrecer sus servicios.
El Gobierno departamental espera la propuesta. Lo que buscan las clínicas e
instituciones afectadas es que ese 3 por mil se baje, porque dependiendo de los
equipos y de lo grande que sea la entidad el gravamen se eleva, porque se cobra
sobre
todo el patrimonio bruto.
Hay un plan 'B' que maneja el Gobierno y sería a través de un convenio,
devolver a las clínicas algunos de los recursos
que tributen.
Las clínicas dicen que están dispuestas a tributar pero, no tan alto.
Fernando Bedoya, gerente de la Clínica Palmira y
representante de las clínicas del Valle ante la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas, dijo que en el país nunca se había visto un tributo tan
alto.
En el caso de la Clínica Palmira, la Estampilla les sale por 20 millones de
pesos pero, al Instituto para niños Ciegos y
sordos del Valle le toca responder por 70 millones porque cuenta con equipos
muy sofisticados. Este cobro se realiza una vez cada cuatro años.