En esta era del conocimiento, la educación superior de alta calidad, que es
la que permite a las personas tener posiciones de responsabilidad y mayores
ingresos, y a los países desarrollarse social y económicamente, es altamente
costosa, no importa que la paguen el Estado o las familias. Sólo que si la paga
el Estado es un factor de equidad social, que genera más equidad, porque
permite que en sociedades muy desiguales, personas muy capaces, sin ingresos
suficientes, puedan recibir una buena educación, con una ganancia absoluta para
la sociedad. Si la pagan las familias, o éstas tienen los recursos, que son las menos dados los altos índices de concentración del
ingreso, o se endeudan. Así que en ausencia de la educación estatal subsidiada,
el acceso a la educación de calidad depende de la capacidad de endeudamiento de
las familias, que es muy limitada.
El panorama más crítico es que la educación estatal también se vuelva
demasiado costosa para los estudiantes, como sucede en Estados Unidos, donde,
por ejemplo, la matrícula de
En resumen, abrir el mercado educativo al sector financiero aunque se atenúe
con un sistema de crédito de alguna manera subsidiado, y hay muchas maneras de
hacerlo con reembolsos, menores tasas de interés, pagos diferidos,
condonaciones parciales, es reducir la educación superior a quien pueda
pagarla, convirtiéndola en la evidencia intelectual de la concentración del
ingreso. Por el contrario, mantener una educación estatal de calidad con
fuertes subsidios para educar a los mejores estudiantes, es un acto claro y
formidable de equidad, y una política pública socialmente eficiente que concibe
la educación como un bien público no como un servicio público.
Es por ello que un mecanismo de desregulación de la educación superior
privada, como lo propone el proyecto gubernamental de reforma de