Enfermos presentaron 42 demandas ante la Corte Constitucional

Unas 200 personas, entre ellas pacientes con enfermedades de alto costo, marcharon ayer por el centro de Bogotá.

Organizaciones de pacientes de alto costo esperan que se deroguen los decretos. También acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Unas 200 personas, entre pacientes de las denominadas enfermedades de alto costo, líderes de asociaciones y ciudadanos, se plantaron ayer frente a las instalaciones de la Corte Constitucional donde fueron radicadas 42 demandas contra los decretos de Emergencia Social por considerarlos inconstitucionales.

Básicamente lo que pretenden es que la Corte derogue los decretos y que se presente un proyecto de Ley que modifique la Ley 100.

Hasta allí llegó Yipsel Bello, presidenta de la fundación María José, pequeños y grandes héroes, que lucha por el bienestar de los niños con cáncer.

"Si la salud en Colombia ya estaba mal, en condiciones inhumanas, ahora va a quedar peor", dice ella, quien tuvo que ver cómo su hija, de dos años, se murió de un cáncer que fue diagnosticado de manera tardía (por negligencia médica).

Desde entonces (2004), se convirtió en una escudera de los niños que padecen este mal y por eso no podía dejar de protestar frente a los polémicos decretos.

"El 70 por ciento de los niños con cáncer muere, sobre todo por un mal diagnóstico, y con los nuevos decretos esta cifra va a aumentar", se lamenta Yipsel al explicar que actualmente para acceder a tratamientos y medicamentos hay que acudir a la herramienta de la tutela.

Y con la nueva reglamentación la situación se complicaría no sólo porque los médicos estarían impedidos para autorizar algunas medicinas y terapias de alto costo, sino porque todo iría a comité técnico-científico para su aprobación. "Esa tramitología pondría en grave peligro a nuestros niños", dice Yipsel.

Además, cuenta que de ponerse en marcha los decretos, los padres de niños con cáncer que viven en lugares apartados y que necesitan desplazarse hacia ciudades como Bogotá, se quedarían sin los beneficios de acompañamiento (transporte y alojamiento) que actualmente se les brinda.

Ella también cree que es injusto eliminar las terapias alternativas que, en el caso de estos niños, son un complemento en su tratamiento y representan un importante nivel de mejoría, sobre todo en el aspecto emocional.

Dennis Silva, de la fundación Colombia Saludable y uno de los voceros de las organizaciones que lideraron la protesta, dijo que las 42 demandas de inconstitucionalidad fueron respaldadas por 35 mil firmas de ciudadanos.

Silva, quien lamenta que el presidente Álvaro Uribe no haya dialogado con las organizaciones de pacientes, aseguró que la demanda será interpuesta, la próxima semana, la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

'Los decretos son inconstitucionales desde todo punto de vista. Cada vez será más difícil que los colombianos accedan a la salud en sus tres condiciones básicas: calidad, oportunidad y dignidad', afirma Silva y añade que todos los colombianos se verán perjudicados, especialmente aquellos de escasos recursos que padecen enfermedades de alto costo como cáncer y VIH, entre otras. 'Confiamos en la imparcialidad de la Corte', puntualizó Silva.

En la entrada de la Catedral Primada de Colombia aguardaba Oswaldo Rada, un administrador de empresas de 43 años y enfermo de VIH desde hace 17, y a quien ese mal le produjo un daño neurólogico que ahora le impide caminar. Por eso no pudo sumarse al grupo de manifestantes que se congregó en la Plaza de Bolívar para partir de allí hasta la Corte Constitucional.

Sin embargo, dijo que no podía quedarse quieto "mientras el Estado está condenando a la gente a morirse o a buscar, de cualquier forma, cómo pagar su atención médica".

Jorge Ernesto García, odontólogo bogotano de 43 años y quien en el 2004 recibió un trasplante de riñón, dijo que las personas transplantadas, como él, temen agravarse o morir por todos los trámites que tendrían que surtir para lograr la continuidad de su tratamiento.

"Necesitamos un tratamiento muy costoso para que nuestro injerto funcione bien; si hay alguna demora tendríamos que volver a diálisis, y muchos podríamos morir".

Martha Palacios, quien padece una de las enfermedades consideradas como raras o huérfanas (neuroendocrino), dice que no entiende por qué en su EPS le cambiaron el concepto a su diagnóstico médico.

De considerar su enfermedad como un evento catastrófico, hace poco se enteró de que su cáncer ya es catalogado como una enfermedad general. 'Ya empezaron a aplicar los decretos y nadie me da razón', dice ella, quien no tiene con qué pagar los especialistas que debe consultar cada semana para supervisar su salud.

REDACCION VIDA DE HOY