Unificación de los POS
contributivo y subsidiado comenzará por Barranquilla
El
Gobierno aseguró que el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, para
el cual hay financiados 24,5 millones de cupos, será igualado al POS
contributivo (pago) y que este no será achicado.
La
afirmación la hizo al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, al
explicar los alcances de las medidas adoptadas al amparo de la Emergencia
Social, y dijo que la homologación de los dos POS comenzará en breve con un
plan piloto en Barranquilla.
En
la capital del Atlántico hay 554.000 personas de los niveles 1,2 y 3 del
Sisbén, de los cuales, 200.000 son menores de 18 años que, por mandato de la
Corte Constitucional, ya reciben el paquete de beneficios del POS contributivo.
Por
lo tanto, todavía hay 335.000 afiliados al régimen subsidiado, que una vez
finalizada la prueba piloto quedarán recibiendo el POS contributivo, que tiene
más servicios que el POS de la salud gratuita.
De
los 24,5 millones de cupos de la salud subsidiada a nivel nacional, aún falta
que 13,5 millones de afiliados mayores de 18 años puedan obtener los beneficios
del POS contributivo, cuyo costo adicional se estima entre 1,5 y 1,7 billones
de pesos.
Según
el Ministro, los gobernadores del Huila, Cundinamarca y la presidenta de la Federación de
Departamentos le expresaron al gobierno nacional su disposición para utilizar
1,2 billones de pesos provienentes del Sistema
General de Participaciones (SGP) más otros 300.000 millones de rentas cedidas
para unificar los dos POS.
Con
ello, de acuerdo con Palacio, se está caminando hacia el cumplimiento de la
sentencia 760 de la Corte Constitucional sobre la afiliación de todos los
colombianos a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y a la
igualación por lo alto de los dos paquetes de beneficios de salud.
Hasta
antes del jueves pasado, cuando se expidieron los últimos decretos de la
emergencia social, los colombianos pobres tenían la opción de afiliarse a una
EPS del régimen subsidiado. Actualmente hay cerca de tres millones de personas
que no pertenecen a ningún régimen, de las cuales un grupo aún sin cuantificar
tiene capacidad de pago y serán afiliados a la salud paga.
El
resto, y gracias a las nuevas medidas, será vinculado obligatoriamente al
régimen subsidiado, lo cual se formalizará cuando acudan a los centros
hospitalarios a demandar servicios de salud, como está sucendiendo
hace ya varios meses en Bogotá. Este punto será reglamentado esta misma semana.
Con
lo anterior no solo se avanzará hacia la universalización del aseguramiento
(todos los colombianos afiliados a una EPS, sino que se romperá uno de los
mayores cuellos de botella para la atención de los pobres: que el derecho a los
servicios de salud no se limitará al municipio donde se afilie, sino que podrá
ejercerlo en cualquier punto del país.
En
otras palabras, si se afilia en Garzón (Huila), pero
por cuestiones de familia, trabajo u otras causas los miembros del hogar se van
a vivir a Ciénaga (Magdalena), en esta población serán atendidos en cuestiones
de salud.
Uno
de los aspectos polémicos de las medidas de la emergencia social tiene que ver
con la cofinanciación, por parte del afiliado, de
servicios (medicamentos, dispositivos médicos, procedimientos, etc.) que no
están en el POS.
Una
especie de consejo de administración de lo No POS examinará la capacidad de
pago de las personas que accedan a estos beneficios para que, en caso de poder
hacerlo, ayuden a financiar dichos beneficios. Para ello, se echará mano de
toda la información recopilada a través de la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes (Pila) a la seguridad social y de cruces con bases de datos, como
las de la Dian y el sistema financiero. Este punto
será objeto de reglamentación.
Si
el afiliado tiene capacidad de pago pero no liquidez, las nueva normatividad
permite que para estos efectos pueda recurrir a las cesantías (cuyo retiro hoy
está limitado a los pagos para compra de vivienda y educación) y a lo ahorrado
en fondos de pensiones voluntarias.
De
otro lado, como habrá guías o estándares de atención para lo que esté incluido
en el POS, los médicos tendrán que ceñirse a ellas.
Si
el estado de salud del paciente le indica que debe salirse de ese marco y
formular algo que no está en el paquete de beneficios, el profesional debe
justificar esta decisión que, a su vez, será estudiada por un comité del ramo
que examinará si tiene o no respaldo científico.
Si
carece de este apoyo, el médico o cualquier otro profesional del sector podrá ser sancionado hasta con 50 salarios mínimos mensuales
(algo más de 25 millones de pesos). Falta reglamentar este aspecto.