Unificación de los POS contributivo y subsidiado comenzará por Barranquilla

El Gobierno aseguró que el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, para el cual hay financiados 24,5 millones de cupos, será igualado al POS contributivo (pago) y que este no será achicado.

La afirmación la hizo al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, al explicar los alcances de las medidas adoptadas al amparo de la Emergencia Social, y dijo que la homologación de los dos POS comenzará en breve con un plan piloto en Barranquilla.

En la capital del Atlántico hay 554.000 personas de los niveles 1,2 y 3 del Sisbén, de los cuales, 200.000 son menores de 18 años que, por mandato de la Corte Constitucional, ya reciben el paquete de beneficios del POS contributivo.

Por lo tanto, todavía hay 335.000 afiliados al régimen subsidiado, que una vez finalizada la prueba piloto quedarán recibiendo el POS contributivo, que tiene más servicios que el POS de la salud gratuita.

De los 24,5 millones de cupos de la salud subsidiada a nivel nacional, aún falta que 13,5 millones de afiliados mayores de 18 años puedan obtener los beneficios del POS contributivo, cuyo costo adicional se estima entre 1,5 y 1,7 billones de pesos.

Según el Ministro, los gobernadores del Huila, Cundinamarca y la presidenta de la Federación de Departamentos le expresaron al gobierno nacional su disposición para utilizar 1,2 billones de pesos provienentes del Sistema General de Participaciones (SGP) más otros 300.000 millones de rentas cedidas para unificar los dos POS.

Con ello, de acuerdo con Palacio, se está caminando hacia el cumplimiento de la sentencia 760 de la Corte Constitucional sobre la afiliación de todos los colombianos a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado y a la igualación por lo alto de los dos paquetes de beneficios de salud.

Hasta antes del jueves pasado, cuando se expidieron los últimos decretos de la emergencia social, los colombianos pobres tenían la opción de afiliarse a una EPS del régimen subsidiado. Actualmente hay cerca de tres millones de personas que no pertenecen a ningún régimen, de las cuales un grupo aún sin cuantificar tiene capacidad de pago y serán afiliados a la salud paga.

El resto, y gracias a las nuevas medidas, será vinculado obligatoriamente al régimen subsidiado, lo cual se formalizará cuando acudan a los centros hospitalarios a demandar servicios de salud, como está sucendiendo hace ya varios meses en Bogotá. Este punto será reglamentado esta misma semana.

Con lo anterior no solo se avanzará hacia la universalización del aseguramiento (todos los colombianos afiliados a una EPS, sino que se romperá uno de los mayores cuellos de botella para la atención de los pobres: que el derecho a los servicios de salud no se limitará al municipio donde se afilie, sino que podrá ejercerlo en cualquier punto del país.

En otras palabras, si se afilia en Garzón (Huila), pero por cuestiones de familia, trabajo u otras causas los miembros del hogar se van a vivir a Ciénaga (Magdalena), en esta población serán atendidos en cuestiones de salud.

Uno de los aspectos polémicos de las medidas de la emergencia social tiene que ver con la cofinanciación, por parte del afiliado, de servicios (medicamentos, dispositivos médicos, procedimientos, etc.) que no están en el POS.

Una especie de consejo de administración de lo No POS examinará la capacidad de pago de las personas que accedan a estos beneficios para que, en caso de poder hacerlo, ayuden a financiar dichos beneficios. Para ello, se echará mano de toda la información recopilada a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) a la seguridad social y de cruces con bases de datos, como las de la Dian y el sistema financiero. Este punto será objeto de reglamentación.

Si el afiliado tiene capacidad de pago pero no liquidez, las nueva normatividad permite que para estos efectos pueda recurrir a las cesantías (cuyo retiro hoy está limitado a los pagos para compra de vivienda y educación) y a lo ahorrado en fondos de pensiones voluntarias.

De otro lado, como habrá guías o estándares de atención para lo que esté incluido en el POS, los médicos tendrán que ceñirse a ellas.

Si el estado de salud del paciente le indica que debe salirse de ese marco y formular algo que no está en el paquete de beneficios, el profesional debe justificar esta decisión que, a su vez, será estudiada por un comité del ramo que examinará si tiene o no respaldo científico.

Si carece de este apoyo, el médico o cualquier otro profesional del sector podrá ser sancionado hasta con 50 salarios mínimos mensuales (algo más de 25 millones de pesos). Falta reglamentar este aspecto.