Emergencia social,
al Congreso
Resumen de agencias
Comisión especial revisará legalidad e impacto de la declaratoria. Hay
polémica.
Los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar
Gómez, respectivamente, informaron que una comisión accidental de congresistas
será la encargada de estudiar la legalidad o no de los decretos expedidos por
el Gobierno en el marco de la Emergencia Social.
Un estudio del cual ya se anticipan demoras, toda vez que los miembros del
Congreso de la República se encuentran concentrados en su propia reelección o
brindando el respaldo político en las regiones a sus candidatos.
Mientras tanto, Cáceres y Gómez dijeron que ante la demora del Gobierno Nacional
al enviar el informe de las razones que llevaron a decretar la emergencia, no
convocarán para este viernes a las plenarias de Senado y Cámara.
A su turno el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que el Congreso es autónomo de definir el
mecanismo para estudiar los decretos, bien sea en la sesión conjunta o por
medio de una comisión especial.
La Comisión Accidental estará integrada por diez miembros de las comisiones
primeras, terceras y séptimas, que en un término de diez días deben rendir un
informe sobre las razones que hubo para declarar la emergencia y el impacto que
dejarán los decretos expedidos.
Sigue la polémica
Por más que el Ministerio de la Protección Social se ha esforzado por explicar
las medidas que contemplan la declaratoria de Emergencia en la Salud, cada vez
surgen más dudas y críticas al respecto.
El ex magistrado Alfredo Beltrán, de la Corte Constitucional, aseguró que las
medidas que tomó el Gobierno no tienen ningún beneficio y que en materia de
salud “al país se le va a entregar un cadáver”.
El ex magistrado explicó que esas decisiones apuntan a acabar con el régimen
subsidiado en salud.
En el mismo sentido se pronunció el ex magistrado Eduardo Cifuentes,
quien aseguró que los decretos de la declaratoria de emergencia “ponen en
peligro a los pacientes cuando se amarra a los médicos al momento de
diagnosticar, formular y tratar una enfermedad”.
El Gobierno, sin embargo, se comprometió a que la revisión que hará del POS no
significará una disminución de los servicios que reciben los afiliados a los
sistemas subsidiado o contributivo.
El Viceministro Técnico de la Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez,
aseguró que la reglamentación de los decretos de emergencia social “afectarán
para bien a los usuarios”.
La corte pide explicaciones
Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional le
notificó al Gobierno Nacional el inicio del estudio del Decreto 4975 de 2009,
con el cual se decretó la emergencia social.
Diez páginas hacen parte de la medida adoptada por el alto tribunal. En su
mayoría, las explicaciones que deberá entregar el Ejecutivo deberán hacerse
mediante cuadros comparativos en los que se presente de manera clara por qué es
viable la expedición de estos decretos.
La Corte también pide explicar en detalle cuál ha sido la evolución de los
recursos destinados al aseguramiento como consecuencia de la demanda de
servicios y medicamentos no previstos en el POS.
El presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, respaldó
al Gobierno y dijo que “de no tomarse estas medidas, en muy poco tiempo el
Sistema de Salud colapsaría y quedarían todos los afiliados sin la atención
debida por la carencia de recursos”.
En pocas palabras
"Que el Gobierno conceda seis meses de plazo para que entren a operar los
decretos de emergencia social, indica que no existe tal emergencia”. Alfredo
Beltrán, ex magistrado.
Dato clave
El informe se deberá entregar después del 14 de marzo, fecha en que ya han
pasado las elecciones de Congreso y el mismo entra a sesiones ordinarias.