El
lunes pasado, después de 17 años de vida vegetativa y 11 de lucha legal para
poner término a su tortura, falleció en Italia Eluana
Englaro. Había sido desconectada de los cables de
alimentación tres días antes y murió sin recuperar nunca la conciencia, tras un
accidente de tránsito cuando tenía 21 años. Tampoco llegó a conocer los
alcances del debate que suscitó la decisión de dejarla morir.
Eluana había manifestado a su padre, Giuseppe Englaro, su voluntad de
no prolongar la vida por medios mecánicos en caso de sufrir muerte cerebral. La
dolorosa hipótesis se hizo realidad con el accidente de 1992. Luego de esperar
seis años a que se recuperase, y ante el diagnóstico de que su postración resultaba
irreversible, Englaro solicitó a los tribunales que
permitieran aplicar la eutanasia a su hija. Empezó entonces una batalla que
primero fue jurídica, más tarde política y acabó convertida en espectáculo
patético de sectas enfrentadas: la que defendía mantener a Eluana
en una existencia artificial, y la que proponía acatar su voluntad y suspender
el encarnizamiento que la forzaba a vivir. A la cabeza de la primera se
pusieron la Iglesia católica y el gobierno de Silvio Berlusconi;
al frente de la segunda, la familia de la joven, buena parte del estamento
médico, los partidos democráticos y las organizaciones que defienden una muerte
digna.
El poder judicial, incluida la Corte Suprema, autorizó
la desconexión de las fuentes que mantenían con un remedo de vida a Eluana. Como reacción, la coalición gobernante intentó
aprobar una ley que la proscribía y ordenó que ningún hospital aplicara la
sentencia. El caso se convirtió en un choque de instituciones y una guerra más
entre el gobierno ultraconservador de Berlusconi y buena parte de la sociedad italiana. Lo mismo
ha ocurrido en otros campos. El de los inmigrantes, por ejemplo, a quienes el
gobierno trata como criminales y obliga a que los denuncien sus propios
médicos.
Para algunos, ha sido un juicio sobre Italia. El periodista Roberto Saviano, perseguido por la mafia debido a sus denuncias,
señaló en un artículo que Englaro merecía una
disculpa colectiva del país que irrespetó su dolor y quiso violentar la
libertad de su hija. "Quizá el error de Giuseppe
-escribió- haya sido la ingenuidad y la corrección de creer en las
posibilidades de justicia en Italia. Y, en cambio, debía emigrar, igual que
emigran todos los que quieren una vida mejor y distinta. Desde Italia ya no se
emigra sólo para encontrar trabajo, sino también para nacer y para morir. Y
para obtener justicia."
Sobra decir, sin embargo, que el debate sobre la eutanasia no es solo italiano.
El avance de una ética laica abre nuevos espacios a valores que prescinden de
inspiraciones teológicas y se basan en los derechos humanos. Uno de ellos es el
de disponer de la vida propia y exigir que se respete su voluntad libre y
claramente expresada. Colombia lo reconoce así. La sentencia C-239 de la Corte
Constitucional refrendó en 1997 la autonomía del ser humano para buscar una
muerte digna y despenalizó a quienes ayuden a cumplir el deseo del paciente en
caso de enfermedad terminal con intenso sufrimiento. Las autoridades católicas
se oponen a lo que consideran un asesinato, pero miles de ciudadanos, agrupados
en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, defienden este derecho.
Mientras tanto, en el Senado espera segundo debate un proyecto presentado por
el parlamentario Armando Benedetti. Allí se recoge y
reglamenta la libertad del individuo para determinar su suerte en situación de
doloroso e insuperable agobio.
Sería bueno, para evitar debates oportunistas como el que promovieron algunos
políticos italianos en torno al caso de Eluana Englaro, que el Congreso colombiano aprobara este proyecto,
que ha estado precedido por algunos más, que terminaron en fracaso.
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