Las reformas
iniciadas con la Ley 100 de 1993 han seguido un patrón de negocios lucrativos
que tienen hoy en jaque el derecho a la salud de la población. La primera
generación de los negocios de salud arrancó con la creación de las EPS, bajo un
régimen de gestión privada, pero también de debilidad manifiesta en la
capacidad de vigilancia y control estatal. Ello permitió a las EPS erigir un
complejo andamiaje de barreras de acceso al sistema –una verdadera muralla
china entre el paciente y la salud–, que amplió la
“cobertura” pero negó los servicios.
La segunda
generación de negocios se fincó en la integración vertical autorizada a las
EPS. El más sencillo análisis económico de esa figura permitía prever los
incentivos perversos dirigidos a promover el más enorme y todavía no
cuantificado desvío de recursos públicos hacia el patrimonio de particulares de
que se tenga conocimiento. Se trata de la utilización de las cotizaciones del
sistema para la construcción de infraestructura que entraba en los balances
privados de las EPS, hasta que la contralora Morelli
le puso ‘tatequieto’. Pero, ojo, la reforma puede
dejar ese enorme peculado impune.
La tercera
generación de negocios de la salud vino por cuenta de los recobros al Fosyga. Las barreras que intentaba derrumbar la tutela
fueron convertidas, bajo la vigilancia de una Superintendencia colonizada por
sus vigilados y presionada por sus adláteres en la
política, en otra oportunidad para esquilmar al Estado, que acabó pagando dos
veces por los servicios de salud del POS a que tienen derecho los usuarios.
Ahora llega la 4G de
los negocios de la salud. El nuevo Plan de Beneficios, denominado Mi Plan,
cubrirá los servicios esenciales para toda la población. Las exclusiones serán
taxativas, pero de posterior reglamentación. La reforma contempla esas
exclusiones bajo la denominación de “cobertura complementaria”, que podrán
ofrecer las EPS ahora denominadas gestores de servicios de salud (GSS), las
compañías de medicina prepagada y las compañías de seguros privados.
En la actualidad,
esta línea de negocios no ha podido crecer gracias a la acción protectora de la
tutela. Hoy representa apenas el 6 por ciento del gasto total en salud, que
este año alcanza los 46 billones de pesos. La reforma cambia esta situación al
permitir captar la llamada “plata de bolsillo” de la gente trabajadora y de
clase media para pagar esos servicios “complementarios” no cubiertos por el
sistema. ¡Ojo! Pueden ser servicios cruciales, pues Mi Plan no cubrirá la
atención o rehabilitación del paciente cuya finalidad no sea el diagnóstico o
la curación de la enfermedad. En gracia de discusión, ¿quién pagará la atención
de la discapacidad o los paliativos de las enfermedades incurables? Ya vendrán
los topes de días de hospitalización, límites para sesiones de quimioterapia,
la exclusión de cobertura de las prótesis, etc., etc.
Para estimular y
aclimatar este nuevo negocio, la reforma prevé autorizar que la cotización
obligatoria del usuario pueda destinarse como parte de pago del negocio de 4G.
En ese instante, la cotización se transforma en dinero particular, pierde su
carácter público y, con ello, la vigilancia, control y tutela estatal.
A cargo del 4G en
salud se reeditan la desigualdad social y la discriminación por ingresos. ¡No
hay tal plata de bolsillo! Se trata del carro, los ahorros para la educación de
los hijos, la casa, la quiebra, salvo para el muy escaso 1 por ciento que tiene
indignado al mundo entero. La reforma debe regresar al tablero. El Congreso
debe archivarla. Colombia se merece un sistema equitativo, democrático y sólido
en salud.
Clara López Obregón
Exalcaldesa (d) de Bogotá