En teoría, la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, TLC, no afecta la educación superior pública, porque esté sector no
hace parte de la negociación. Y en teoría, tampoco afecta la educación superior
privada, por la reserva que se hizo sobre ella, dado que en Colombia es una
actividad sin ánimo de lucro según lo dispone la Ley 30 de 1992. Así está
firmado el TLC, pendiente de aprobación, un día de estos, por el Congreso
Norteamericano. De otro lado, en teoría, la eventual aprobación de la ley que
reforma la educación superior, que debatirá el Congreso de Colombia en esta
legislatura, no afecta la educación superior pública porque mantiene su
carácter de bien público, su autonomía y le entrega recursos adicionales. Y en
teoría, según el discurso gubernamental, crea una sana competencia y amplía la
cobertura de las actuales Instituciones de Educación Superior, IES, sin ánimo
de lucro, al autorizar la creación de IES privadas con ánimo de lucro. Pero del
mundo impecable de la teoría a la cruda práctica hay un abismo.
En la realidad todo el sector de la educación superior se sometería a un
Tsunami de vastas proporciones. Lo primero que habría que decir es que nadie
entiende que los negociadores del TLC se hubieran empeñado, con el visto bueno
del gobierno de entonces, en mantener en un tratado internacional la reserva
del carácter de la educación superior privada sin ánimo de lucro, para que el
actual gobierno, levante esa reserva en la legislación interna. Lo segundo es que
no se trata sólo de Estados Unidos, porque la aplicación de la norma de la
nación más favorecida, establecida por la Organización Mundial de Comercio,
OMC, de la cual Colombia es signataria, permitiría que cualquier otro país
miembro pudiera ofrecer sus programas de educación superior en Colombia en las
mismas condiciones legales de Estados Unidos. Así que lo que habría en Colombia
no es una sana competencia sino una lucha sin cuartel entre IES sin ánimo de
lucro y empresas comerciales educativas de toda índole y de toda procedencia.
Y una de las consecuencias de esa lucha por el mercado educativo, que mueve
montañas de dinero, sería el desmantelamiento de los profesores de las
universidades públicas, de altas calificaciones académicas, que son su verdadero
patrimonio, arduamente acumulado, formado a costo del erario, que seguramente
van a ser tentados con jugosas ofertas por la IES comerciales que vendrían. Y
dadas las condiciones de remuneración que se establezcan, lo mismo podría
suceder con los buenos profesores de las universidades privadas de calidad. Así
que un intento de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la
educación superior en Colombia, que podría estar bien intencionado sino fuera
tan obvio el sometimiento de la legislación nacional a las presiones
comerciales externas, terminaría poniendo en peligro el bien público de la
educación superior, que no son los edificios universitarios sino el saber
acumulado por los profesores y las comunidades científicas. Nadie sabe lo que pasará.
Lo que sí es cierto, es que la eventual aprobación del proyecto de ley sobre
educación superior como está escrito, obligaría de inmediato a una reforma del
régimen salarial de los profesores de las universidades públicas, reglamentado
en el Decreto 1279 de 2002, que si hoy tiene, por sus bajos salarios de
enganche y sus sistemas de ascenso, a las universidades públicas con
dificultades para contratar docentes de calidad, ¿qué será cuando el tsunami
llegue?