La estructura organizativa y financiera del sector educativo es
insuficiente e inadecuada para resolver los problemas locales específicos de
cada lugar del país.
En el mes de septiembre un grupo de personas y entidades impulsaron la
realización de un gran encuentro educativo en la ciudad de Magangué,
con el fin de explorar las necesidades y oportunidades del municipio. Este
evento fue un ejemplo de lo que puede ser la participación efectiva de toda la
población en uno de sus sectores centrales. Asistieron más de 1.200 educadores,
encabezados por el alcalde Marcelo Torres. Allí se citaron también destacados
profesionales y académicos, muchos de ellos oriundos de esa ciudad que tendría
que volver a ser un bastión económico y cultural de toda la cuenca del
Magdalena.
A raíz de este evento, que convocó durante tres días a directivos y
maestros, tuve la oportunidad de regresar unos días después, como consultor del
Pnud, para trabajar con los consejos académicos de
los 20 colegios que atienden una población escolar de aproximadamente 34.000
niños y niñas en educación básica y media. La tarea es realmente difícil cuando
la restricción de recursos dificulta poner en marcha programas adecuados a la
situación local. Cada año terminan el bachillerato un poco más de mil jóvenes
que no tienen ninguna opción de continuidad educativa, ni de vinculación
laboral, pues allí no hay instituciones de educación superior, el Sena apenas
considera iniciar algunos programas, y las decisiones tomadas hace años por el
Ministerio de Educación sobre la media técnica dejaron sin esta opción a la
inmensa mayoría de los estudiantes del municipio.
Para que un joven que concluye su educación media pueda pensar en un futuro
profesional debe forzosamente desplazarse a otras ciudades a competir por
cupos, con todas las implicaciones económicas que ello representa para su
familia. Proviniendo de una ciudad menguada económicamente por el desastre
administrativo de los últimos lustros, esta opción es apenas para una minoría
(apenas el 2 por ciento). Los demás no tienen más remedio que engrosar las
filas del desempleo y sumarse a las multitudes de mototaxistas
que invaden todas las vías día y noche, en búsqueda de la subsistencia diaria.
En un contexto como este, el alcalde no tiene ninguna capacidad de maniobra
que le permita disponer de recursos para llevar educación postsecundaria,
montar programas de educación media técnica, contratar maestros de áreas tecnológicas
que permitan ofrecer formación para el trabajo, ampliar la educación para la
primera infancia o idear modelos novedosos de educación de adultos que ayuden a
capacitar a los miles de reinsertados de grupos ilegales que se instalaron allí
al amparo de las anteriores administraciones. Desde luego, tampoco puede hacer
inversiones en infraestructura y equipamiento, que resultan indispensables para
ofrecer una calidad mínima en los diversos niveles (el 43 por ciento está en
mal estado).
De la observación sobre este municipio, tomado como ejemplo, resulta muy
claro que la estructura organizativa y financiera del sector educativo es
insuficiente e inadecuada para resolver los problemas locales específicos de
cada lugar del país. También resulta claro que el compromiso de los alcaldes y
el acompañamiento de personas e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales es fundamental para avanzar en los procesos de garantía plena
del derecho a la educación, pues pueden ofrecer visiones e insumos técnicos que
no están disponibles en ciudades pequeñas.
Finalmente, resulta estimulante constatar que cuando los maestros, los
estudiantes y las familias se unen en torno a su futuro, a sus posibilidades de
progreso y a la confianza en sus gobernantes pueden constituir una fuerza
transformadora extraordinaria. Por eso es indispensable que el Gobierno
Nacional comience a pensar que no hay paz duradera que no pase por la educación
y el fortalecimiento local.