El Ministerio de Salud está en mora de promover acciones que
cambien los preocupantes hábitos alimentarios de los colombianos. Para este
fin, ya cuenta con una ley.
La mitad de
los colombianos están sobrepesados u obesos, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin,
2010). Este porcentaje, que ha ido aumentando con los años y que es más alto
entre las mujeres, constituye una verdadera preocupación desde el punto de
vista de la salud pública.
El
sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los factores de riesgo determinantes
en las génesis de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y musculoesqueléticas. De hecho, los gastos en los que
incurren los sistemas de salud de los países desarrollados para atender a esta
población son 25 por ciento más altos que los destinados a personas con peso
normal.
Es
un indicador directamente relacionado con la desnutrición. La propia Ensin muestra que siete de cada diez colombianos no
consumen ningún tipo de verduras ni hortalizas de manera regular, y que apenas
uno de cada tres incluye frutas en su dieta.
En
contraste, siete de cada diez prefieren alimentos procesados –los embutidos,
por ejemplo–, con altos contenidos de sodio (otro
factor de riesgo), como fuente principal de proteínas. Así mismo, los productos
de paquete, las comidas rápidas y las gaseosas están incluidos en el menú
diario de un gran número de familias colombianas. De ahí nace un panorama
inquietante, puesto en evidencia esta semana por la revista digital
Kienyke.com.
El
contraste es relevante: mientras la mitad de los adultos tienen sobrepeso, uno
de cada seis niños menores de 5 años y una de cada seis mujeres en embarazo
están anémicos, particularmente en las áreas rurales. No es, infortunadamente,
el único indicador hacia la baja en materia nutricional. Para la muestra están
los déficits de algunas vitaminas y de zinc en la sangre, lo cual expone
seriamente la salud de los menores de edad.
Lo
paradójico del asunto es que el Congreso aprobó en el 2009 la Ley 1395, con el
objetivo de generar acciones específicas para reducir la obesidad y el
sobrepeso en Colombia, y mejorar los índices nutricionales. Sin embargo,
inexplicablemente, sigue sin reglamentarse.
Por
tal razón, se han quedado entre el tintero medidas como la inclusión del
tratamiento de la obesidad en el plan de salud y la necesaria intervención de
las tiendas en los colegios, para que los niños remplacen las comidas rápidas
por frutas, verduras y otros alimentos saludables.
La
misma suerte han corrido las pretensiones de realizar campañas para promover la
actividad física, la instrucción para la elaboración de dietas balanceadas y la
promoción en las empresas de pausas activas.
El
Ministerio de Salud, en compañía de algunos profesionales y sociedades
científicas, había puesto en marcha un proceso para llevar a la práctica los
postulados de la norma. Sin embargo, dichos esfuerzos se diluyeron debido a la
crisis del sector y la falta de interacción entre instituciones determinantes
en esta tarea, como los ministerios de Educación y de Trabajo y los fabricantes
de alimentos.
El
Ministerio de Salud está en mora de implementar, en un marco de promoción y
prevención, prontas y efectivas acciones para cambiar la preocupante tendencia
que está llevando a Colombia a convertirse en un país de desnutridos y obesos,
a pesar de que los factores que alimentan tal condición son modificables.
No
considerar este asunto con la seriedad que amerita, en pleno debate de reforma
de la salud, puede desembocar en costos económicos y sociales elevados y jamás
recuperables.