Con
el anuncio de que los afiliados del sistema de salud ya no tendrán que
supeditar sus tratamientos a un rígido listado de procedimientos y
medicamentos, Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social,
presentó oficialmente algunos puntos claves de la que constituye la propuesta
en ciernes del Gobierno para reformar el sistema de salud.
El tema reviste tanta
importancia para los colombianos que, aun sin conocerse el articulado que
llegará al Legislativo, el debate ya comenzó.
No es para menos.
Además de la eliminación del POS y su fusión con el no POS para estructurar un
plan de servicios integral con exclusiones explícitas, se planteó la creación
de una entidad única de afiliación, recaudo y pago, que, al encargarse de toda
la gestión financiera, dejará en entredicho a las EPS tal y como hoy las
conocemos. De concretarse lo anunciado, estas dejarían de ser las grandes
manejadoras de los recursos de la salud para convertirse en meras
intermediarias, a cargo de la contratación de servicios y la auditoría de las
cuentas.
La propuesta es, a
todas luces, audaz. Ha sido bien recibida, en particular entre quienes a diario
constatan las falencias del actual estado de cosas.
Pero esto no obsta
para señalar ciertos riesgos que acarrea. Concentrar tantas y tan amplias
funciones y dejar en sus manos recursos cercanos a los 30 billones de pesos
anuales y la afiliación de 41 millones de colombianos convierte a tal entidad
en un monopolio estatal, con todo lo que eso implica. Un asunto que, dadas
experiencias pasadas, despierta particular inquietud es el manejo del régimen
subsidiado por gobernadores y alcaldes. Es claro que una de las causas
evidentes del fracaso del sistema de salud, particularmente en este régimen,
que cobija a los más pobres, fue la asimetría marcada entre las exigencias de
la Ley 100 y las falencias de la Ley 60 o de descentralización.
La falta de una
institucionalidad que garantizara el engranaje de ambas normas y la
transparencia en los procesos fue un caldo de cultivo para la corrupción, la
politiquería y la captura que de estos recursos de la salud hicieron actores
armados.
Hoy nadie tiene claro
cuánto se perdió ni en manos de quién quedó. Lo que sí se sabe es que el
experimento fue fatídico, antecedente que deberá considerarse y evitar a toda
costa que se reedite. Lo que no quiere decir, sin embargo, que la
descentralización no sea necesaria, o que no haya municipios capaces de asumir
responsablemente dicha tarea, como es el caso de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
El reto es que sus logros encuentren la manera de reproducirse a lo largo y
ancho del territorio nacional.
Las redes integradas
de servicios, los giros directos y la posibilidad de que el sistema estimule la
afiliación a la medicina prepagada para recibir mejores servicios por fuera del
sistema de salud son iniciativas que vale la pena destacar. Es positivo también
lo que se dispone en materia de acceso y aseguramiento. Dicho lo anterior, hay
que llamar la atención sobre la necesidad de incorporar políticas y acciones
contundentes en salud pública, que le permitan a esta enfocarse en sus
verdaderos determinantes y fundarse en una clara estrategia de atención
primaria, que el país reclama hace décadas.
En términos
generales, la propuesta saca al Gobierno del marasmo en el que se encontraba en
dicha materia. Queda hacer votos por que, a diferencia de anteriores procesos,
estructurados sobre intenciones similares, estemos ante la base de una
discusión amplia, que permita al Ejecutivo y al Legislativo mostrar su real
voluntad política de reformar el sistema, con los afiliados como objetivo
supremo.