Editorial: ¿Un problema estético?
Por: EDITORIAL | 7:27 p.m. | 01 de
Febrero del 2013
Las autoridades deben dar respuestas a
las mujeres que recurrieron a los implantes defectuosos de la marca PIP, más
allá de las razones que las motivaron.
Un año
después de que el escándalo generado por las prótesis mamarias de la marca
francesa Poly Implant Prothese
(PIP) alcanzó proporciones globales, pocos recuerdan el drama vivido por muchas
de las 500.000 mujeres, 15.000 de ellas colombianas, que terminaron
utilizándolas con fines estéticos o reconstructivos.
Tras
conocerse que 935 nacionales se sumaron a la demanda internacional interpuesta
por afectadas de Venezuela, Inglaterra, Nueva Zelanda y Francia ante el
Tribunal de Comercio de Toulon contra la firma TÜV Rheinland, que certificó en
Europa la calidad de estos implantes, han salido a la luz testimonios que dejan
sentado que no se puede caer en la ligereza de juzgar este lamentable episodio
como un problema meramente estético.
Algunas
de ellas recibieron tales prótesis durante procesos de reconstrucción mamaria
posterior a cánceres de seno; otras, para aumentar el tamaño de su busto o
mejorar su forma. Sin importar las razones, es claro que ni ellas ni los
cirujanos plásticos que las recomendaron sabían que este producto era
defectuoso. No había causa para creerlo, toda vez que cumplían con cada uno de
los requisitos.
Análisis
llevados a cabo a lo largo del año pasado demostraron que, por el contrario,
dichos implantes no sólo tenían un índice de rotura superior al de prótesis
similares, sino que el gel que contenían no cumplía, en muchos casos, con las
condiciones de calidad exigidas para estos productos.
Si
bien hasta ahora no se ha podido establecer una relación directa entre esa
silicona y el desarrollo de cáncer, como se dijo en un comienzo, se ha
denunciado que su contacto con los tejidos genera inflamaciones, irritaciones,
infecciones y dolor.
Vale
decir que en medio del pánico desatado hace un año entre sus usuarias, por las
informaciones alarmantes y confusas que circularon, muchas optaron por
retirarlas preventivamente; quienes no han tenido recursos para remplazarlas
están ante la disyuntiva de quitarlas y afrontar lo que para ellas representa
una deformación o una mutilación, o dejarlas y vivir con la angustia de quizás
tener en su cuerpo una bomba de tiempo.
En
enero del año pasado, el Ministerio del ramo expidió la resolución 258,
mediante la cual se estableció que el sistema de salud, a través de 24
hospitales públicos autorizados, cubriría el retiro, previa recomendación
médica, y la reconstrucción en el caso de aquellas que tuvieran PIP como parte
de procesos reconstructivos por cáncer mamario.
No
obstante, las mujeres que se han acogido a esta medida se quejan de la lentitud
y el desinterés con los que tales instituciones atienden sus solicitudes; no
las consideran una prioridad. Otras aseguran que el retiro dista mucho de ser
estético y que el acompañamiento posterior es incompleto o no existe.
Más
allá de los motivos por los cuales estas mujeres acudieron, o acuden, al uso de
implantes de silicona, debe quedar claro que a ellas les asiste, como a
cualquier ciudadano, el derecho a confiar en que los productos que usan o
consumen son de calidad, particularmente si, como en este caso, cuentan con el
aval de autoridades sanitarias y certificadoras.
Es
en eso, y no en las muy personales razones de las mujeres que usan prótesis de
silicona, en donde debe centrarse el debate. Las autoridades de salud, por su
parte, están en la obligación de brindar respuestas efectivas a las afectadas,
que con recursos como la demanda internacional no sólo buscan ser indemnizadas,
sino ser reconocidas y sentar un precedente global: que se sancione a quienes
por su negligencia acaban poniendo en riesgo la vida, la salud y la seguridad
de las personas.