Editorial: La salud en Bogotá
Por: EDITORIAL |
La crisis de la salud en la capital
evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes en favor de la protección de
los ciudadanos, por encima de pulsos ideológicos.
Bogotá
lo ha tenido todo para ser ejemplo del modelo de salud que necesitan los
colombianos. No solo cuenta con las condiciones de salubridad más favorables
del país; también, con una amplia red de centros asistenciales públicos y
privados y una alta concentración de médicos y especialistas por número de
pobladores y unidad de área. Además, mientras en el resto del territorio es
mayor la cantidad de afiliados y usuarios pobres, que no cotizan al sistema de
salud, en la capital el 80 por ciento de los ciudadanos están en el régimen
contributivo, mientras el 20 por ciento, en el subsidiado.
No es
gratuito que Bogotá, apalancada en una institucionalidad sólida, tuviera los
mejores indicadores en áreas claves, como la nutrición, la mortalidad materna e
infantil y la vacunación, que elevaron los indicadores nacionales. Estas
características permitieron que resistiera la agudización de la crisis del
sector. Por eso, el escandaloso hacinamiento en sus servicios de urgencias, las
largas esperas para acceder a citas médicas, la mala calidad de los servicios y
una red hospitalaria pública al borde del colapso tienen que preocupar en serio
al país.
¿Dónde
está la raíz del mal? La ciudad afronta las consecuencias de las deudas del
sistema de salud con la red pública (que ya alcanzan los 350.000 millones de
pesos) y que tienen a 14 de sus 22 centros asistenciales al borde del cierre.
Pero esa no es la única causa. Tras la igualación de los planes de beneficios,
a mediados del año pasado, los afiliados al régimen subsidiado reciben los
mismos servicios que los del contributivo, aun cuando el dinero que el sistema
reconoce por ellos (o UPC) es menor que el que entrega por los segundos.
Entonces, algunas EPS privadas que administraban el régimen subsidiado no
soportaron el impacto de ofrecer más servicios por menos recursos y se fueron
en desbandada de la capital, lo que dejó a cientos de miles de ciudadanos
pobres sin entidad afiliadora.
Se
pensó que este problema podría resolverse consolidando la EPS mixta Capital
Salud, de la cual el Distrito tiene el 51 por ciento y la EPS privada Salud
Total, el 49 por ciento. No fue así, fundamentalmente por razones ideológicas,
que rechazan de plano el actual modelo de salud del país. Desde la propia
comisión de empalme, el gobierno de Gustavo Petro dejó clara su molestia con
esta empresa.
En
medio de los problemas asistenciales en la ciudad, que evidenciaron el tamaño
de la crisis en el resto del país, el secretario de Salud, Guillermo Alfonso
Jaramillo, volvió a exigir esta semana al Gobierno Nacional que se le entregue
al Distrito el manejo del régimen subsidiado, con el argumento de mejorar la
atención y oportunidad de los servicios que reciben cerca de 1,3 millones de
personas pobres.
El
Ministerio de Salud ha sido enfático en decir que esta clase de decisiones no
se pueden tomar a la ligera y deben discutirse en un marco legislativo. La
negativa desató un enfrentamiento entre la Nación y el Distrito, que amenazó
con retirarse de la EPS Salud Capital, de no acogerse su propuesta. Eso dejaría
a 641.000 usuarios de Bogotá y el Meta sin entidad afiliadora.
Mientras tanto, los pacientes sufren la desatención e incrementan sus quejas. Y
el país espera los resultados del largo trámite en el Congreso de una reforma
de la salud.
Queda
clara la urgente necesidad de adoptar medidas coyunturales de fondo para paliar
la crisis, y eso no será posible si la prioridad de las autoridades es la
imposición de puntos de vista y no la inmediata protección de los ciudadanos.
Si Bogotá colapsa, colapsa el sistema entero.