Editorial: Duros reversazos

El rol de garante que debe asumir la Superintendencia de Salud es fundamental, indispensable.

    La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de revertir la orden que obligaba a la EPS Saludcoop a restituir 627.000 millones de pesos a la liquidez de la aseguradora fue tan sorpresiva y polémica como la medida misma, proferida hace un año por el organismo de control.

    No es para menos. La sanción anunciada en febrero del 2010 por la Supersalud causó tal impacto, que incluso desvió la atención de un problema que ocupaba a todo el país: la polémica generada por los decretos que reformaban la salud, expedidos bajo la Emergencia Social.

    En medio de la percepción de que estos favorecían a las EPS, la decisión de la Supersalud logró mandar el mensaje contrario: de ser necesario, habría mano dura contra las aseguradoras, inclusive contra la más grande de todas, Saludcoop.

    La sanción era tan contundente, que el rechazo del gremio de las EPS, que calificó la decisión como un "cúmulo de inexactitudes carentes de todo piso legal", se tomó como un "pataleo de ahogado". El tiempo le dio la razón, y a un precio muy alto para la credibilidad del organismo, que es el máximo ente de vigilancia y control del sistema de salud. La semana pasada concluyó un proceso mediante el cual, al parecer, se demostró que la medida tomada por el entonces jefe de la entidad, Mario Mejía, presentaba violaciones del debido proceso y fallas conceptuales graves, con vicios de antijuridicidad. En otras palabras, la decisión habría sido ilegal.

    Eso llevó al actual superintendente, Conrado Gómez, a revertirla, a partir de la recomendación hecha por un comité de conciliación, que luego fue avalada por la Procuraduría Sexta Judicial y Administrativa. El acuerdo, incluido un compromiso de Saludcoop de no demandar al Estado por más de 600.000 millones de pesos, tiene pendiente el concepto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

    La decisión de Gómez, que coincidió con el cambio de gobierno, ha generado un abanico de suspicacias, que van desde el favorecimiento a esta EPS, pasando por la debilidad de la institución y el cumplimiento de compromisos políticos. A eso se sumó el reversazo que la actual Supersalud tuvo que dar días después, al suspender, por vicios de fondo y débiles bases legales, 1.118 procesos administrativos sancionatorios contra municipios y algunos departamentos, que habían sido iniciados por la administración anterior y que costaron 8.000 millones de pesos. Se sabe que por problemas similares se echaron para atrás sanciones contra otras EPS.

    El asunto es tan serio que, a causa de estas fallas, Gómez ha tenido que solicitar investigaciones penales, administrativas y disciplinarias contra los funcionarios que, aparentemente, cometieron las irregularidades.

    En este punto cabe exigir mayor claridad sobre lo que ocurrió y preguntar qué papel ha estado cumpliendo la Superintendencia como responsable de la vigilancia del sector y si semejante caos es producto de debilidades técnicas o de presiones externas, para favorecer intereses distantes de su papel natural.

    La entidad no puede permitirse este tipo de inconsistencias, justo ahora que el país busca soluciones a los problemas estructurales de la salud. En ese proceso, su rol de garante es fundamental, indispensable.

    La Ley 1438, que reformó el sistema de salud, le dio herramientas para fortalecer su estructura, su accionar y su presencia en todo el país. El haber principal de esa tarea son la autonomía, la independencia y la transparencia con la que debe abordar todo proceso, incluso el de mirarse hacia adentro y, por el bien de todos, revisar actuaciones del pasado reciente.

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