Editorial: Abusos que la reforma
debe evitar
Por: EDITORIAL | 8:43 p.m. | 17 de
Febrero del 2013
La imperiosa reforma de la salud debe
definir reglas claras para la relación del sistema con los subsistemas y
establecer sanciones específicas contra sus abusos.
Nadie duda de
que el sistema de salud necesita reformarse. La
iliquidez por la que atraviesan sus dos regímenes, el déficit de los
principales indicadores sanitarios, la pérdida de legitimidad de algunos
actores, la corrupción a todo nivel y el inconformismo creciente en la
población hacen del sector una prioridad en las agendas del Gobierno y del
Congreso.
Proyectos
de ley, de origen legislativo y gubernamental, de trámites ordinarios o
estatutarios, empiezan a tomar verdadera forma con el objeto de enfrentar la
crisis. Todo apunta a que su discusión será el debate social más importante de
la legislatura, próxima a reanudarse.
Eso
obliga a mirar seriamente algunos tópicos inherentes al sistema de salud, que
por el impacto que tienen sobre las finanzas, la organización y la calidad del
mismo deben dejarse de ver como aledaños y ser considerados dentro de las
reformas integrales que se plantean. Entre ellos están el Sistema General de
Riesgos Laborales (SGRL), el Seguro de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito
(Soat) y la medicina prepagada.
El
Sistema de Riesgos Laborales, creado para garantizar la prevención y la
atención de las enfermedades y los siniestros de los trabajadores, tiene como
rectores al Ministerio de Trabajo, a las administradoras de riesgos laborales
(ARL) -antiguas ARP- como responsables directas, y la vigilancia y control a
cargo de la Superintendencia Financiera. Si bien se ve distante del sistema de
salud, el nexo entre los dos es directo y estrecho.
Las
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo son atendidos por las
EPS y pagados por las ARL. Pero esto que debería ser un simple cruce de cuentas
está surcado por una maraña de trámites y requisitos en la que muchas veces las
EPS terminan cubriendo los gastos del siniestro o de la enfermedad.
Definir
los límites entre una enfermedad profesional y una de origen común no es fácil,
por lo que se requiere el concurso de médicos muy calificados en el tema.
Proceso que muchas veces se omite y simplemente el enfermo queda a cargo de la
EPS. Esto se agudiza con enfermedades de alto costo, como el cáncer
profesional, que casi siempre termina atendido con recursos del sistema de
salud.
Otra
anormalidad ocurre cuando un trabajador con una incapacidad causada por
lesiones o males obtenidos en el trabajo es despedido después de ser
indemnizado. Por lo general, la ARL le niega la atención médica y el paciente
tiene que afiliarse a una EPS del subsidiado para completar sus tratamientos.
Los casos son muchos.
Con
respecto a las pólizas de Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (Soat), es sabido que algunas clínicas y hospitales
estimulan económicamente a taxistas y conductores de ambulancias que les llevan
los heridos en estas circunstancias. Estas instituciones cobran las tarifas más
altas del mercado (tarifa Soat) y al consumirse el
monto que sufraga la póliza, inmediatamente trasladan los gastos a la EPS del
paciente y tratan de deshacerse de él. Se estima que las aseguradoras recaudan
por esta vía un billón de pesos, de los cuales buena parte se queda en sus
manos.
Por
último, es necesario revisar el cruce de cuentas de algunas empresas de
medicina prepagada que, utilizando la misma estrategia, descargan en las EPS de
sus afiliados los costos de tratamientos y cirugías de alta complejidad o de
trámite prolongado.
La
imperiosa reforma debe definir reglas claras para la relación del sistema de
salud con estos subsistemas y establecer sanciones específicas contra sus
abusos, que, además de favorecer indebidamente a terceros, consecuentemente
atentan contra la calidad de los servicios que reciben todos los colombianos.