Editorial:
Salud, el reto social del 2013
Por: EDITORIAL | 7:24 p.m. | 07
de Enero del 2013
El sector de la salud requiere correctivos inaplazables. Pensar en un
sistema que fortalezca la calidad de vida y no centrado en un modelo
ineficiente y costoso de atención de la enfermedad.
La salud está tan llena de
pendientes urgentes que muchos consideran que la solución de sus problemas más
graves no puede pasar de este año, so pena de que el colapso del sistema acabe
convirtiéndolos en irremediables.
Hay
que tener en cuenta que tanto el Gobierno como el Congreso entran en la recta
final de sus periodos con el lastre de la crisis de un sector que conocían bien
desde el comienzo de su gestión.
El
reto no es fácil si se considera que este está levantado sobre una estructura
normativa, organizacional y administrativa tortuosa, sin reglas claras, en la
que juegan sinnúmero de actores, que pugnan por sus intereses propios,
altruistas o perversos. Algunos se las han arreglado para ponerle trabas al
correcto funcionamiento de un esquema que se debe, esencialmente, a la gente.
El
Gobierno, el Congreso y los actores interesados en enderezar el rumbo de la
salud deben partir de tal realidad y encontrar la forma más adecuada de
enfrentarla. Nadie habla de llegar a consensos, pero sí de lograr acuerdos en
torno a los puntos más críticos.
El
primero de ellos es el del flujo de recursos y las deudas acumuladas. La recién
aprobada ley de cuentas maestras liberó y apropió recursos cercanos a los 2,1
billones de pesos para sanear cartera y dar agilidad administrativa a la
presentación de cuentas, medidas que se sumaron a las transferencias por más de
350.000 millones de pesos hechas por el Ministerio de Salud a las entidades
territoriales, también para pagar deudas; a los 40.000 millones de pesos para
fortalecer la red de urgencias, y a la gestión de créditos para sanear Caprecom.
Sin
embargo, y pese a dichos esfuerzos y a una reforma tributaria que debe mostrar
sus beneficios para el sector, el problema sigue vivo. Es imprescindible que
haya una política precisa de saneamiento fiscal de los hospitales públicos, una
claridad absoluta de sus cuentas y una definición de los responsables de las
deudas.
Otro
punto inaplazable es el de que, a pesar de la unificación de los planes de
beneficios, persiste la asimetría entre la unidad de pago por capitación o UPC
(dinero que se reconoce a las EPS por cada afiliado al año) que reciben las EPS
del subsidiado y las del contributivo, no obstante los aumentos que de estas
primas acaba de hacer el Ministerio. Mientras no se equiparen, tal punto será
una fuente de ruido e inconformidad.
Los
multimillonarios recobros por servicios no POS que sigue recibiendo el sistema,
independientemente de la unificación de los planes y la eliminación de las
zonas grises, también hacen parte de las prioridades, ya que este factor juega
contra las finanzas del sector y amenaza su estabilidad.
La
insatisfacción de los usuarios por la mala calidad de los servicios y el
creciente número de acciones de tutela y los desbordados precios de los
medicamentos, como lo reconoce desde su experiencia como paciente el
vicepresidente Angelino Garzón, son tres desafíos insoslayables, así como el
ataque a la corrupción que carcome al sistema.
Pero
quizás el reto más importante que tienen el Congreso y el Gobierno es la
definición de lo que se quiere hacer con la salud en términos de derecho. Se
debe saber con exactitud qué necesita la población en dicha materia y hasta
dónde está dispuesto el país a cubrir tales necesidades y a través de qué
entes. Se vuelve inaplazable un debate amplio, sobre bases reales y sin
apasionamientos, sobre el futuro de las EPS.
Todo,
para pensar en un modelo de salud que fortalezca la calidad de vida de la gente
y ayude a remontar la pobreza, y no centrado en uno ineficiente y costoso de
atención de la enfermedad, del cual terminan lucrándose indebidamente unos
pocos. En esta tarea tiene que participar todo el país.