Con
una acción popular buscan frenar giros de EPS a Fedemunicipios
Una acción popular, instaurada en Medellín, busca frenar
la puesta en marcha del servicio de ambulancias aéreas por parte de la
Federación Colombiana de Municipios (FCM).
El recurso fue presentado el mes pasado ante el Juzgado
Administrativo Quinto del Circuito de la capital antioqueña por el odontólogo
Carlos Mario Ramírez, ex jefe del departamento de régimen subsidiado de la caja
de compensación familiar Comfama.
Ramírez pidió al juez tomar medidas con el fin de evitar
que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) le transfieran plata a la FCM para
echar a andar el proyecto de ambulancias aéreas y telemedicina -contemplado en
el Plan Nacional de Desarrollo-, pues el sistema podría "colapsar".
Así mismo, le solicitó revisar la concesión suscrita en
el 2008 para dicho fin entre la FCM y la firma aérea Sarpa.
El recurso judicial coincide en el tiempo con una carta
enviada a las EPS por el presidente de la Federación, Gilberto Toro, en la que
les solicita el desembolso de 350.000 millones de pesos para la iniciativa en
cuestión.
La abultada transferencia fue autorizada por el artículo
6 de la Ley 1151 del 2007, que le dio vida al Plan de Desarrollo.
"Que transfieran los recursos y nosotros
garantizamos que todos los colombianos, por esa vía, logren acceso universal y
real a la salud", dijo Toro.
En su momento, la Procuraduría, Acemi
(gremio de las EPS) y los ministerios de Hacienda y de la Protección Social se
opusieron a ese artículo, que algunos tildaron de 'mico'.
De hecho, estalló un escándalo cuando EL TIEMPO reveló,
en febrero del año pasado, que la FCM -basada en esa norma- le había adjudicado
a Sarpa una licitación por 4 billones de pesos, a 15
años, con el fin de crear una flota de aviones ambulancia para regiones
apartadas.
Y aunque el artículo se demandó ante la Corte
Constitucional, el alto tribunal lo declaró exequible en una sentencia
proferida el año pasado (C-714).
Toro explicó que recurrió al envío de las comunicaciones,
porque el Ministerio de la Protección Social "no ha resuelto este
tema". "No íbamos a seguir esperando la voluntad del Ministro (Diego
Palacio)", añadió Toro, que anunció demandas si los pagos no se realizan.
Frente a la oposición de los ministerios, Toro dijo:
"Para mí era más importante la opinión del presidente de la República. Y
nos dijo en siete ocasiones que siguiéramos para adelante".
No obstante, las EPS se oponen al giro de esos dineros, y
que este año ascenderían a 350 mil millones de pesos, según confirmó Juan Pablo
Currea, presidente de la junta directiva de Acemi.
"No encontramos que seamos obligadas a realizar
dichos pagos. La Corte no nos ha obligado a pagar", dijo Currea, al señalar que "es una suma muy alta".
"No estamos de acuerdo en que haya un monopolio del
servicio (de telemedicina y de ambulancias aéreas) y a esos precios",
añadió Currea.
"Si quieren ser un prestador más, que lo sean. Pero
que nosotros (las EPS) podamos contratar libremente el prestador, como lo
hacemos actualmente", afirmó.
Currea
citó el caso de la EPS Sánitas. "Tendría que
girarle a Fedemunicipios la suma de 10 mil millones
de pesos al año y actualmente, en ambulancias aéreas, gasta en promedio 250
millones de pesos al año", sostuvo Currea.
Los 350 mil millones de pesos saldrían de los dineros que
el Gobierno les reconoce a cada EPS por persona afiliada al sistema de salud
(en promedio 40 mil pesos por persona).
A este lío con las EPS, se suma el que mantiene Fedemunicipios con la Alcaldía Mayor de Bogotá por un pago
porcentual de las multas de tránsito y que en estos momentos estudia el Tribunal
Superior de Cundinamarca, tras una apelación del
Distrito. Si ese tribunal falla favor de la Federación, la Alcaldía tendría que
cancelarle casi 80 mil millones de pesos.
La FCM reclama, basada en algunas normas, que Bogotá le
pague el 10 por ciento de todas las multas que impone, mientras el Distrito
señala que solo le debe transferir el 10 por ciento de las que ayuda a recaudar
esa agremiación, a través del Simit.