Dos Frentes De Salud

Ningún sistema sanitario, por desarrollado que sea, puede funcionar si carece de referentes técnicos que determinen la investigación y el seguimiento de la salud pública, y, asimismo, que regulen y garanticen la calidad de sus productos de consumo. En Colombia existen tales referentes, pero, infortunadamente, no tienen la fortaleza que exigen las circunstancias actuales. Ese es el caso del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

El primero no tiene claridad suficiente sobre el papel que desempeña en un contexto de aseguramiento y descentralización de la salud, y el segundo, nacido tras la expedición de la Ley 100 como la máxima autoridad de vigilancia para medicamentos, alimentos y bebidas (entre otras tareas), se levanta sobre una estructura muy frágil. La crítica situación de la salud pública en Colombia exige que ambas entidades estén a la vanguardia en tecnología médica e informática, dispongan de un recurso humano altamente entrenado y calificado y se cimienten sobre procesos administrativos modernos. Sin importar qué rumbo tome el sistema de salud, los dos institutos deberían cumplir con estos mínimos requisitos, toda vez que la salud pública es un asunto de Estado y, como tal, debe trascender toda coyuntura.

Por eso, y a buena hora, el Ministerio de la Protección Social elaboró un proyecto de modernización de ambas instituciones, que contiene elementos que vale la pena resaltar. Uno de ellos propone que el INS centre su actuar en la generación de conocimiento en salud pública y llene este vacío, que hoy impide tener un concepto claro sobre lo que significa tener seguridad sanitaria. La idea, además, es darle la capacidad para innovar en la producción de insumos para enfrentar problemas colectivos, como vacunas, sueros, test y laboratorios de referencia. Lo que hoy ocurre es que el Instituto, que hace lo mejor que puede con las herramientas disponibles, se queda corto frente a estos temas, en los que fue líder en algún momento.

El Invima, por su parte, está en mora de convertirse en una auténtica agencia regulatoria, con la capacidad de garantizar que todos los medicamentos que consumen los colombianos sean de calidad. Hoy no pasa de ser una oficina dedicada a otorgar registros de comercialización, dada su marcada debilidad técnica. Este Instituto, que debería hallarse en todas las regiones, tendría que estar en la cúspide de la pirámide técnica que responda por los fármacos, los alimentos y las bebidas alcohólicas que se venden en el mercado colombiano.

El proyecto no es un embeleco del Gobierno que termina; de hecho, en él ha trabajado el Ministerio varios años. Es perentorio que Planeación Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda entiendan su importancia. Sobre el INS y el Invima debe consolidarse la institucionalidad de la que tanto carece la salud pública del país.

La propuesta del Ministerio está lejos de plantear un simple gasto; es necesario que se vea, por el contrario, como una inversión. Vale decir que, además de la ganancia que conlleva para la salud colectiva y el ahorro que representa la utilización más eficiente de los recursos, tendría efecto en otros planos, como el económico y el comercial. Los tratados de libre comercio exigen, por ejemplo, el aval de entidades sólidas y serias para los productos que se muevan.

Pese a todo lo dicho, quizás el mayor impacto vendría dado por la certeza de que, en materia de salud pública, el país iría por fin por buen camino.

Ojalá el nuevo gobierno no eche en saco roto esta iniciativa, que beneficiará a todos los colombianos.

Las reformas del Instituto Nacional de Salud y del Invima son tan necesarias para la salud pública como pertinentes para el próximo gobierno